La Justicia investiga las ayudas públicas que recibieron los clubes deportivos de Euskadi

La equipación de la Real Sociedad en 2006 lucía la marca Guipúzcoa en un lugar semioculto del dorso de la camiseta. Un distintivo prácticamente inapreciable para el espectador, pero muy visible para las arcas del club txuriurdin, que recibieron nada menos que seis millones de euros de dinero público por este patrocinio. Esta ayuda, concedida a finales de diciembre de 2005 por la Diputación de Guipúzcoa para evitar que fuera echada para atrás, integra una amplia lista de subvenciones, no exentas de polémica en algunos casos, que los clubes deportivos de élite vascos han recibido de las instituciones.

Durante años, ha habido barra libre en ayudas públicas a los clubes deportivos de élite en Euskadi, pero ahora este dispendio institucional está en entredicho a raíz de las recientes actuaciones de la Justicia y del Tribunal de Cuentas del Estado, que cuestionan la legalidad de algunas subvenciones. Sus intervenciones señalan, además, a líderes institucionales del PNV.

El organismo fiscalizador español acaba de abrir un expediente contra la Diputación de Vizcaya por la indebida concesión en 2013 de una ayuda de 5,3 millones al Bilbao Basket para que se reintegre la parte que considera irregular, 1,6 millones inyectados de forma directa a las arcas del club de ‘los hombres de negro’. El montante restante se otorgó vía condonación de deudas pendientes con la Hacienda foral, si bien el Tribunal de Cuentas no entra a valorar este indulto. Esta actuación administrativa se suma a la vía judicial abierta tras la querella presentada por el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola contra el actual diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano (PNV), por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad, al haber perdonado multas, que no deudas, fiscales por valor de 6,4 millones al club donostiarra en 2009.

Una ayuda que salvó al Bilbao Basket

La Diputación de Vizcaya, que ha rebajado ahora de 1,6 millones de euros a 0,8 millones la cantidad bajo investigación, encubrió bajo un contrato de promoción de la marca Vizcaya una cuantiosa ayuda que salvó de la quema al Bilbao Basket, a punto de desaparecer ahogado por impagos a los jugadores y al personal del equipo. La ayuda pública que consumó el rescate al club deportivo liderado entonces por Gorka Arrinda como accionista mayoritario ha sido considerada ahora ilegal por el Tribunal de Cuentas, que ha activado la maquinaria para lograr que se reingrese la parte ilícita. Su actuación se dirige no contra la institución en sí, la diputación vizcaína, sino a escala personal, contra los gestores que avalaron esta ayuda por su irregular praxis (la actuación de este organismo pone el foco en los responsables políticos que adoptan medidas que causan perjuicio a las arcas públicas).

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Darío Ojeda

En todo caso, de momento se desconoce contra quién o quiénes se dirige la reclamación para reintegrar el dinero, por cuestiones derivadas de la protección de datos. Será en el juicio contable que se llevará a cabo dentro del procedimiento cuando se conozca la identidad de los cargos públicos que deberán afrontar la devolución de los 1,6 millones de euros. Lo normal es que el pago recaiga sobre las personas que componían entonces el Consejo de Gobierno foral. Hay precedentes que apuntan a esta dirección. Entre ellos, este organismo condenó en mayo de este año a Alfonso Alonso y Javier Maroto, como responsables directos, y al resto de ediles del Gobierno municipal de Vitoria en 2007 al pago de cerca de 400.000 euros por alquilar unas oficinas a un precio muy superior al del mercado.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas del Estado sí ha exonerado de cualquier “responsabilidad contable” al entonces diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), que fue recolocado por su partido en la presidencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tras las elecciones forales de 2015, a modo de premio tras su largo mandato al frente del Ejecutivo vizcaíno. Y ha eximido públicamente a Bilbao de cualquier culpa a través de un comunicado de prensa, algo inusual en este organismo, que ha apuntado a dos altos cargos del entonces Gobierno foral, aunque sin revelar su identidad. No obstante, resulta paradójico que la actuación que va a culminar con la condena a la devolución de parte del dinero dado al Bilbao Basket fuera impulsada por el organismo que ahora preside Bilbao. El entonces responsable del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, activó la alarma al detectar numerosas anomalías en la auditoría realizada al convenio de patrocinio que dio salida a los 5,3 millones de euros.

A esta actuación contra el Bilbao Basket se suma la vía judicial abierta por la condonación a la Real Sociedad de multas fiscales por valor de 6,5 millones en 2009 durante el mandato de Markel Olano al frente de la Diputación de Guipúzcoa. La causa, dirigida contra el actual diputado general del territorio y los entonces diputados de Deportes (Iñaki Galdós) y Hacienda (Pello González), entre otros, se encuentra en una fase inicial. Badiola, quien fuera presidente del club entre enero y diciembre de 2008, ya ha abonado la fianza de 20.000 euros (en un principio eran 80.000, aunque la cifra se rebajó tras el recurso presentado por el afectado) que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, la magistrada Silvia Villanueva, le había exigido como paso previo a continuar con el proceso.

Ante esta querella, Olano ha negado que se condonara ninguna deuda y ha defendido que todas las decisiones adoptadas contaron con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Diputación. Incluso ha llegado a apelar al sentimiento txuriurdin para justificar su actuación. Así, se ha vanagloriado públicamente de que “todas” las decisiones adoptadas en 2009 evitaron la desaparición de la Real Sociedad, que por entonces se encontraba en Segunda División y en pleno proceso concursal.

Badiola también presentó una querella, admitida igualmente a trámite, contra los administradores concursales de la Real Sociedad en el concurso de acreedores por unas supuestas irregularidades contables que cifra por encima de los 20 millones de euros. Esta denuncia, en su fase inicial de instrucción, está ligada con los papeles de Panamá, que pusieron al descubierto la existencia de sociedades radicadas en paraísos fiscales para evadir impuestos con el supuesto aval de la Diputación de Guipúzcoa. Las principales estrellas de la Real del subcampeonato de Liga, el serbio Darko Kovacevic, el turco Nihat Kahveci o el ruso Valery Karpin, solo declaraban ganar cantidades cercanas a los 100.000 euros.

El Gobierno Vasco y el nuevo San Mamés

Con independencia de este proceso, la Diputación de Guipúzcoa ha socorrido en innumerables ocasiones a la Real Sociedad con dinero público. En 2009, año sobre el que descansan los procesos judiciales, el Ejecutivo foral concedió más de 50 millones de euros a la entidad donostiarra mediante subvenciones directas, condonaciones de multas o exenciones de impuestos, según constató el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el informe que fiscalizó las cuentas públicas de Guipúzcoa de ese año. Los regalos de los sucesivos gestores institucionales del PNV incluyen 9 millones en 2003 para sufragar las obras de las instalaciones deportivas de Zubieta, que también recibieron el tirón de orejas del organismo fiscalizador vasco, o 1,2 millones en 2010 para promocionar el euskera en la equipación oficial.

En 2009, la diputación concedió más de 50 millones de euros a la Real mediante subvenciones directas, condonaciones de multas o exenciones de impuestos

Ahora, el gabinete de Olano ha comprometido cuatro millones de euros para la reforma de Anoeta, operación a la que el anterior Gobierno de EH Bildu en Guipúzcoa (2011-2015) se negó a contribuir. Este proyecto acaba de recibir un fuerte impulso económico desde el Gobierno Vasco, que la semana pasada autorizó la concesión de 10 millones. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha inyectado músculo financiero a la remodelación integral del estadio donostiarra en plena polémica sobre las ayudas al deporte vasco de élite. El Gobierno de Vitoria ya aportó 50 millones para la construcción del nuevo San Mamés, que recibió otros 50 millones de la diputación vizcaína y 11 de las arcas del Ayuntamiento de Bilbao. Igualmente, el Ejecutivo vasco financió con 15 millones la mitad de la ampliación de la casa del Baskonia, el Fernando Buesa Arena, junto a la Diputación de Álava, propietaria del recinto.

La reforma de Anoeta acumula un importante retraso con respecto a los planes iniciales tras un largo y tortuoso periplo de gestación. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la modificación del Plan General de Urbanismo que posibilitaba esta operación, y el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), dependiente del Gobierno vasco, dejó sin efecto algunas cláusulas del pliego de condiciones recogidas en el concurso para la gestión del proyecto. Tras estas demoras, ya está en marcha la primera fase, correspondiente a la gestión integrada del proyecto y construcción para la remodelación del estadio, con su licitación este mes de noviembre.

La reforma, que conllevará la eliminación de las pistas de atletismo y la ampliación del aforo en unas 10.000 personas, ha aumentado su coste hasta los 50 millones previstos en la actualidad. El Ayuntamiento de San Sebastián, propietario del estadio, no va a aportar ningún euro al proyecto, aunque los gestores institucionales del PNV ya han pedido a Kutxabank que haga efectivo el compromiso que adquirió de aportar 10 millones. A expensas de que la fundación bancaria vasca dé salida a esta partida, la Real Sociedad aportará 36 millones de euros.