La Fiscalía pide a Ruz que investigue a Rosell por el contrato de Neymar

La Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investigue al presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción relacionado con el contrato del futbolista brasileño Neymar Da Silva.

El Ministerio Público solicita al instructor que admita a trámite la querella interpuesta por un socio del Barcelona y portavoz de un grupo opositor a Rosell, en la que se sostiene que el club fichó a Neymar por 57,1 millones de euros, de los cuales 40 habrían ido a parar a la sociedad Neymar&Neymar (N&N), propiedad del padre del jugador, y 17,1 millones se habrían abonado en concepto de derechos federativos. A esta cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos, equipo en el que jugaba anteriormente Neymar, y otros 9 por la celebración de dos partidos amistosos.

El fiscal recuerda que el delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción supone "la gestión desleal de un patrimonio cometido por el administrador cuando perjudica patrimonialmente a la sociedad, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance". Es decir -añade-“no se exige un ánimo de tener la cosa como propia bastando el dolo del perjuicio que ocasiona".

Antes de decidir sobre esta admisión a trámite, el juez, a petición de la Fiscalía, ordenó que por parte del club se aportara el contrato o contratos que la entidad firmó con el futbolista o sus representantes legales así como "los justificantes de las cantidades" que se desembolsaron por este traspaso.

También se reclamó al club azulgrana que aportara "la parte concreta del informe o memoria económica" relativa a los años 2011, 2012 y 2013 que la Junta Directiva del Barça presentó a la Asamblea General Ordinaria, y en los que se da cuenta de los dos contratos que se firmaron con el futbolista.

En su escrito, el fiscal pide al juez que reclame a la FIFA la documentación sobre el fichaje de Neymar, incluida la relativa a las transferencias económicas, además de requerir el contrato que firmó con la sociedad N&N por el que cedía “los derechos económicos futuros” una vez adquiriera la condición de “free agent”. Por otro lado, solicita una comisión rogatoria a Brasil para solicitar de su anterior equipo el contrato de traspaso del jugador, así como toda la documentación remitida a dicho club por el Barça y relacionada con dicho contrato.

Asimismo, pide que se cite para que declaren como peritos las personas de Deloitte que elaboraron los informes de auditoría de cuentas anuales del FC Barcelona terminados en junio de 2012 y 2013, para que declare sobre tales informes, debiendo acompañar los papeles de trabajo en base a los que se elaboraron los mismos.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, examinada la documentación hasta ahora aportada “se deduce que existe una verosimilitud de los hechos relatados, y que tales hechos tal y como se relatan podrían ser constitutivos de delito”.

De la documentación aportada resulta que el 15 de noviembre de 2011, el Barça, Neymar y la sociedad N&N firmaron en Sao Paulo (Brasil) un contrato, por el que el club manifestaba su intención de contratar al jugador a partir de 2014, cuando terminaban los derechos federativos con el Santos FC.

En dicho contrato, según el fiscal, se pactó abonar a N&N diez millones de euros en virtud de un contrato de préstamo, sin intereses, y a amortizar cuando se formalizara el contrato laboral. El precio de la adquisición por el Barça a N&N de los derechos federativos y económicos Neymar se estipuló en 40 millones de euros, en los cuales se incluían los diez del préstamo anterior, y se establecía una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de 40.

El 3 de junio, pactan resolver el anterior contrato una vez que el jugador estaba incorporado en el club español, el FC Barcelona reconoce que ha incumplido el contrato de 2011 y que tiene que abonar la cláusula de penalización. Asimismo, resulta también que la cantidad abonada como préstamo en 2011 constituía más bien una garantía de futuro contrato.

A esto añade que en las cuentas anuales de 2013 no se hace referencia al gasto que supondrá para el club la cláusula de penalización de 40 millones ni tampoco consta la cantidad concreta que efectivamente se ha abonado al Santos por la adquisición de los derechos federativos del jugador antes de que el mismo terminara su contrato con el club brasileño.

Por eso, para el fiscal hay indicios de un delito de apropiación indebida “pues los contratos que se han ido firmando entre las partes en ocasiones no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en alguno de ellos, de contratos simulados o alterando la finalidad del concepto en que se paga una cantidad, todo lo cual motiva que al menes haya que investigar en el marco del proceso si los hechos de la querella son ciertos o no”.