La justicia impide la huelga del fútbol al aceptar las medidas cautelares que pedían los 'rebeldes'

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid decidió este miércoles que "debe permanecer inalterado el calendario oficial de la Liga en Primera y Segunda Divisiones para la próxima Jornada" por lo que la patronal no podrá llevar a cabo el paro previsto para este fin de semana.

La magistrada Purificación Pujol comunicó esta mañana a las partes su decisión de aceptar la medida cautelar requerida por los clubes rebeldes (Athletic, Real Sociedad, Zaragoza, Espanyol, Sevilla y Villarreal), que solicitaban suspender la eficacia del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la LFP para no celebrar la jornada del 3 de abril.

Iba a haber fútbol de todas maneras

Aunque de todas formas iba a haber fútbol este fin de semana. Y es que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, se reunió este martes por la tarde con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán, para solicitarle que los clubes reconsideren su decisión de la no celebración de la jornada del fin de semana del 3 de abril, según estaba aprobado por la Asamblea general extraordinaria de la  Liga de Fútbol Profesional (LFP) de fecha 11 de febrero de 2011. Y la reunión obtuvo sus frutos.

En este sentido, si el Juzgado no hubiera admitido la medida cautelar solicitada por algunos clubes, el presidente de la LFP se había comprometido con Lissavetzky a convocar hoy, con carácter de urgencia, una Asamblea general extraordinaria para reconsiderar la decisión adoptada.

Al filo de las diez de mañana la juez Purificación Pujol pronunció el veredicto donde aceptó las medidas cautelares solicitadas en la demanda interpuesta por los citados seis clubes. Los rebeldes estaban en contra del acuerdo de la LFP de hacer un paro en la jornada del próximo fin de semana. Los clubes en cuestión solicitaron que las decisiones de la Asamblea, entre ellas la del cierre patronal cara a la próxima jornada de Liga, sean declaradas nulas.  

La juez escuchó este martes a las dos partes durante cuarenta y cinco minutos. Juan de Dios Crespo fue el abogado elegido por el denominado 'G-6', mientras que por parte de la LFP fueron Jorge Sánchez y Miguel García los que representaron a la patronal. Los denunciantes presentaron como prueba recortes de periódicos, no admitidos por la jueza, y una carta enviada en el pasado mes de diciembre por José Luis Astiazarán a Luis Rubiales, presidente de AFE, indicándole que no había posibilidad alguna de suspender la jornada en la que el sindicato de futbolistas pedían que no se jugara, ante lo apretado del calendario.

Enorme peso de la postura del Gobierno

La sensación que se respiraba el martes en el juzgado tras escuchar a las dos partes (el juicio fue público) es que la carga política que puede llevar tras de sí la decisión, puede inclinar la balanza del lado de los demandantes. Lo antipopular que es el fin del fútbol en abierto y, de manera más inmediata, la no celebración de la jornada del próximo fin de semana, puedrían haber sido factores decisivos a la hora de la toma de la decisión definitiva. El factor político y la decisión del Gobierno de no secundar ninguna de las peticiones realizadas desde la LFP, llevaba a pensar en un fallo contrario a sus intereses. 

En cualquier caso, en caso de que el veredicto hubiera sido contrario a sus intereses, la  LFP habría puesto en marcha el mecanismo necesario para que la jornada se disputase sin problema alguno. Si la juez hubiera ratificado la decisión de la Asamblea de la LFP del 11 de febrero, no se descartaba que a partir de ese momento se convocase diferentes reuniones para intentar llegar a un acuerdo, aunque bastaría un gesto de Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, para que la LFP depusiera su actitud del cierre patronal. 

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