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“Una cosa es que las universidades no den una formación suficientemente buena y que haya que actualizar sus planes de estudios y otra es convertirlas en puras pantomimas de las que no saldrán profesionales solventes”. Lo que afirma sobre el proceso de Bolonia Santiago Muñoz Machado, el conocido abogado y catedrático de derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, es una opinión muy extendida en los ambientes académicos. Es cierto que los representantes de las instituciones suelen realizar declaraciones positivas respecto de la eficacia y de las ventajas del recién puesto en marcha proceso de Bolonia, pero el sentir universitario no es nada favorable. Y si rectores y decanos suelen pensar que las quejas no son más que simples pataletas de profesores que se verán obligados a trabajar más, lo cierto es que la resistencia a la implantación es mucho más amplia de lo que parece, aun cuando se muestre públicamente, como dice Juan Carlos Mejuto, profesor de química en la Universidad de Lugo, y ex decano de la facultad de Ciencias, bajo el manto de la “cristiana resignación”.

Y eso que muchos profesores estuvieron de acuerdo con la idea de partida, viendo con muy buenos ojos que se equiparasen la nomenclatura, la duración y la validez de las carreras que se cursaban en el sistema universitario europeo. El problema es que la realidad ha sido muy diferente de la esperada, empezando porque la reforma, que nos lleva hacia carreras más caras, no hace más que prolongar la estancia de los universitarios en las facultades. Como señala Mejuto, “antes un alumno cursaba cinco años a una media de 900 euros por año. Ahora estudia 4 años para el grado a razón de 900 euros anuales, más otros dos de master a una media de 1.800. Y todo eso reduciéndose la oferta de becas y aumentando la de créditos reembolsables. La Xunta de Galicia ha ofertado sólo 50 becas para cursar estudios de master cuando tradicionalmente salían entre 150 y 200 becas anuales para ese ciclo”.

Y tampoco los cambios están generando, como argumentaban los promotores de la reforma, una enseñanza de mejor calidad. Como asegura Mejuto, la intención de Bolonia, “que es romper con el modelo educativo alemán para ir hacia el anglosajón, no asegura ninguna mejora”. Porque ese paso, “además de estar afirmando que los últimos 40 años del sistema universitario español son un completo fracaso” no garantiza que tengamos enseñanzas más prácticas. Más al contrario, nos lleva hacia efectos indeseados. Así, al exigir mayor presencialidad (“se exige la asistencia al 70% de las clases para aprobar”)  hará muy difícil que se puedan compatibilizar los estudios universitarios con un trabajo, “lo que cercenará la posibilidad de reciclaje de quienes cuentan con un empleo. Lo lógico sería buscar herramientas como la  teledocencia a través de plataformas, la existencia de varios turnos para hacer prácticas o las matrículas a tiempo parcial, en lugar del aumento de la presencialidad”.  Son apuestas como esta las que hacen afirmar a muchos críticos con Bolonia que existe una intención expresa de restringir el acceso a la formación universitaria, reservándola para quienes tienen mayor poder adquisitivo.

Pero no es el único aspecto pedagógico de la reforma de Bolonia que ha suscitado una fuerte oposición. El resumen más significativo de las críticas se contienen en el manifiesto Saquemos los estudios de Derecho del proceso de Bolonia, que fue suscrito por relevantes figuras jurídicas, como Eduardo García de Enterría, Luís Díez-Picazo, Aurelio Menéndez, Francisco Laporta, Enrique Gimbernat, Francesc De Carreras, Tomás-Ramón Fernández o Manuel Atienza, donde se advertía que Bolonia crearía “un jurista menor, liviano y acrítico, con tendencia al pragmatismo de vía estrecha y a la docilidad, incapaz de elevarse por encima de las pequeñas y eventuales regulaciones del día para proyectar una verdadera mirada profesional al mundo del derecho”.

Según Muñoz Machado, uno de los firmantes, acabar con el modelo germano sería nefasto: “un país como el nuestro tiene que mantenerse en la tradición universitaria centroeuropea, que es a la que pertenecemos y que ha demostrado repetidamente su valía”. En ese sentido, no entiende el catedrático de Derecho Administrativo el desprestigio que está recayendo sobre la lección magistral: “Yo voy a clase a explicar la materia a los alumnos, no a que ellos me la enseñen a mí”. Se refiere Muñoz Machado a que el modelo anglosajón, por el que se está apostando, prefiere las clases mucho más participativas, con frecuentes debates, siendo los alumnos quienes lleven la voz principal. “Y eso está muy bien para algunas universidades americanas (no para todas, hay muchas muy malas que aplican ese método)  pero para nosotros es un cambio de paradigma fundamental del que desconocemos por completo sus resultados”. Y las señales no son precisamente positivas: “cuando hemos pedido a los estudiantes que se lean cosas y que vengan a las clases informados, provocas una estampida en la clase. Es un tipo de esfuerzo que cuesta una barbaridad a nuestros estudiantes. No estoy en absoluto seguro de que los alumnos  vayan a adaptarse bien  a este nuevo método”.

Si abandonamos las discusiones sobre el modelo pedagógico para entrar en la valía de los nuevos títulos, tampoco decrecen las críticas. Como asegura Juan Carlos Bermejo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de La fábrica de la ignorancia. La universidad del “como si” (Ed. Akal), la equiparación de título que Bolonia promete es del todo relativa. “Al igual que en Europa tenemos una moneda común y eso no supone que todos contemos con el mismo nivel de vida,  que tengamos un título válido en Europa no quiere decir que su peso real a la hora de buscar un trabajo sea el mismo. Un título de inglés en Oxford no vale igual que uno obtenido en Santiago de Compostela”.

Y ni siquiera en cuanto a los contenidos de las carreras parece que se hayan podido alcanzar resultados positivos. Según Mejuto, se ha seguido el camino contrario al que dicta el sentido común. Antes, cada país europeo tenía un catálogo de titulaciones diferentes,  de forma que era muy difícil establecer equivalencias entre sus títulos: en un país se cursaba ingeniería de telecomunicaciones, en otro ingeniería eléctrica, en otro ingeniería electrónica y así sucesivamente, cada una de ellas además con contenidos distintos. Pero para solucionar esta dispersión, que era el objetivo de Bolonia, “en lugar de sentarse a nivel ministerial para establecer un catálogo de titulaciones a nivel europeo con contenidos similares, han dejado que sean las universidades las que implanten sus propias titulaciones. Al final, una expide un título de ingeniero agrícola, otro de ingeniero agrario, otro de ingeniero agrónomo y otra de ingeniero del medio rural: eso oscurece más que clarifica”. Lo sensato hubiera sido, según Mejuto, que “la UE hubiese establecido unos contenidos mínimos. De este modo, si alguien quisiera estudiar química en cualquier país europeo, habría de aprender una serie de enseñazas mínimas normativamente fijadas, lo que luego haría que el título realmente fuese válido en el ámbito comunitario”.

Según Bermejo, Bolonia tenía dos objetivos prioritarios, reducir el número de universidades y el de estudiantes. Un deseo lógico, en tanto “los centros universitarios  son cada vez menos importantes en la investigación. Hoy las mayores empresas desarrollan sus propios programas de I+D, siendo privada el 80%  de la investigación de EEUU, Japón y Alemania. Además, como hoy se busca formar trabajadores adaptados a un puesto de trabajo y hay mucho menos interés por la formación integral, las universidades interesan muy poco”. Sin embargo, y a pesar de esa intención expresa, en España no se va a conseguir que se reduzca el número ni de universidades ni de alumnos. Las primeras se mantendrán, asegura Bermejo, porque “como dependen de las autonomías, la cosa se complica enormemente”. Y en cuanto a los segundos, seguiremos con la inflación de estudiantes. “En Alemania, 2 de cada 3 chicos estudian Formación Profesional, lo cual es importante, teniendo en cuenta que alguien que sale preparado de la FP obtiene un empleo bien remunerado. En España 2 de cada 3 son universitarios con pocas posibilidades de conseguir buenos trabajos”.

Pero si la situación es tan negativa como la descrita, bien podríamos preguntarnos por qué no ha habido una resistencia institucional mucho mayor a la implantación de Bolonia; por qué las numerosas quejas no han conseguido que solidificara una acción de amplio alcance. Y una posible respuesta puede residir en esa sensación resignada que desprende el ámbito académico, en ese sentimiento de enfrentarse a un proceso que no tiene marcha atrás. Como explica Muñoz Machado respecto del manifiesto que suscribieron, si bien los firmantes continúan pensando lo mismo, “ninguno tiene muchas ganas de pelear. Creímos que teníamos el deber moral con nuestro país, con nuestras universidades y estudiantes de decir lo que dijimos, pero no somos nosotros los responsables de las reformas administrativas ni de las universitarias. Hicimos una reflexión necesaria, pero ya no estamos para ir a las barricadas”.