La liebre mecánica: de las comisiones por carreras de galgos de Alfonso XIII al AVE

Noventa años antes de que Unidas Podemos pidiera una comisión parlamentaria para esclarecer los negocios y supuestas comisiones del rey emérito, Juan Carlos I, los partidos Izquierda Republicana y el PSOE consiguieron crear en 1931 una comisión que dictaminara las posibles irregularidades de su abuelo, el rey Alfonso XIII. Las sospechas sobre los negocios de los borbones vienen bastante de lejos.

El contexto de aquella 'Comisión dictaminadora del caudal privado de don Alfonso' era esencialmente político: el monarca se había exiliado voluntariamente tras las elecciones municipales de ese año y se había proclamado la II República. Tras las cortes constituyentes era hora de saldar cuentas con el Rey. Mientras, Alfonso XIII no se había ido al exilio de Roma de vacío, con él viajó una gran fortuna que hábilmente había multiplicado por tres desde que accediera al trono.

Concretamente, recibió con la mayoría de edad y la coronación un capital de unos 8 millones de pesetas que provenía de la herencia que custodiaba la regente María Cristina. Cuando se exilió en 1931, superaba los 21 millones de pesetas, sin incluir las propiedades inmobiliarias que dejó atrás como eran el Palacio de la Magdalena en Santander y el de Miramar en San Sebastián. Poseía ambos a título individual ya que éstos no formaban parte del Patrimonio Real. La cuantía desmiente las crónicas que durante años insistieron en la pobreza del exilio durante el cual, la casa real habría pasado calamidades: según el historiador José María Zavala los 21 millones habría equivalido a 8.000 millones de pesetas de hoy, es decir, más de 48 millones de euros.

Además, contrariamente a lo que se pensó durante años, su fortuna no se perdió. Estuvo a buen resguardo en bancos de Suiza, Francia y EEUU durante el exilio. Cuando don Juan de Borbón, en el exilio de Estoril recibió la herencia, ya con Franco como Jefe de Estado tras la Guerra Civil, esta ascendía a 50 millones de pesetas de 1948. La cuantía la recogió, por ejemplo, un documento secreto de la CIA de EEUU desclasificado recientemente. La realidad es que en el exterior se seguía de cerca al círculo monárquico. Don Juan, el padre del Rey que no fue Rey precisamente por Franco, tampoco necesitó de la ayuda de amigos para sufragar sus gastos como se apuntó durante años. Parte de la fortuna que comenzó a amasar Alfonso XIII, llegaría hasta su nieto Juan Carlos I y, como se desveló hace unos años, ni siquiera tributó por ella.

"Se concluía la honradez del monarca pero Prieto y Azaña lo ocultaron y condenaron in absentia en el Congreso al rey por enriquecimiento ilegítimo"

Desde que el Antiguo Régimen languideciera herido de muerte con el parlamentarismo, especialmente a partir del cataclismo de la Gran Guerra, la lupa sobre las cuentas de las monarquías se agudizó. En España el periodo lo representa sin duda Alfonso XIII, bisabuelo del rey Felipe VI, quién además desarrolló una febril actividad inversora, tal y como apunta el historiador y columnista Guillermo Gortazar en 'Alfonso XIII, hombre de negocios' (Alianza). Prácticamente participó con capital en todos los sectores: transportes, automovilístico, turismo, farmacéutico, químico, petrolífero, bancario... Y en la mayoría tuvo éxito, especialmente con las compañías Hispano-Suiza y Metro.

Enriquecimiento ilegítimo

Según las cuentas recuperadas por Gortázar en el Archivo Histórico Nacional en el dictamen se concluía "la absoluta honradez del monarca. Indalecio Prieto y Manuel Azaña, conociéndolo, lo ocultaron e hicieron condenar y expropiaron in absentia en el Congreso a don Alfonso por enriquecimiento ilegítimo". Es cierto que el dictamen de aquella comisión nunca se publicó y que entre las extensas y complejas cuentas del Patrimonio Real y el que era privado del Rey, no se encontró discordancia alguna.

Sin embargo, el hecho de que las cuentas cuadraran no evitó que ciertos escándalos salpicaran la actividad económica del monarca, cuya citada afición por la expansión de negocios en la innovación industrial, el ocio y el entretenimiento o los activos financieros le ligaron a operaciones turbias que se denunciaron ya durante su reinado. En concreto, a delitos de estafa, malversación, juego prohibido, asociación ilícita, falsedad y prevaricación. Su auténtica bestia negra fue el exitoso novelista, Vicente Blasco Ibáñez, que entonces era un 'best seller' y cuya novela 'Los cuatro jinetes del apocalipsis' se leyó en todo el mundo.

El escritor Vicente Blasco Ibáñez fue quien arrojó las mayores acusaciones de tomar parte en negocios dudosos aprovechando el trono

Blasco Ibáñez escribió un panfleto en París en donde se había exiliado precisamente tras el golpe de estado de Primo de Rivera en el que denunciaba las actividades del monarca como constituyentes de un delito de enriquecimiento. Algunas de ellas las recogieron ya entonces políticos como Indalecio Prieto del PSOE que se convertirían en populares con el progresivo descrédito de la institución y que reverberarían hasta la resolución del congreso republicano en 1931. El historiador José María Zavala que ha dedicado varias de sus obras a los Borbones resume algunas de las operaciones que se consideraron sospechosas en 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Espasa). La realidad es que tal y como han recalcado Zavala y Gortázar, las acusaciones del escritor valenciano entonces se hacían sin pruebas, pero ¿ocurrió algo con los años que pudiera sacarnos de dudas sobre su fortuna?

De todas las inversiones del rey Alfonso XIII, las del Metro de Madrid tuvieron especial importancia, disponía de un 10%, la mayor participación de su cartera y una de las principales de la sociedad que también se encargaría de construir el estadio Metropolitano, el escenario de uno de los escándalos con los que le asociaron. Básicamente porque aunque el Comité de la II República no hallara pruebas que constituyeran consecuencias jurídicas, existía de hecho ya una instrucción judicial contra una de las empresas en las que era destacado accionista: 'Liebre Mecánica'. Un charco en tanto la operación era en sí misma ilícita. Como en otros negocios, el Rey se embarcó con destacados miembros de la nobleza, la "camarilla regia" como define Gortázar y entre los que estaba el duque de Alba y el conde de Romanones.

Una de las sociedades en las que participaba escondió que obtenían beneficio de las apuestas en las carreras de galgos, que eran ilegales

En 1929 se creó el Club Deportivo Galguero Español. Se trataba de importar el exitoso modelo de las carreras de galgos que se habían popularizado en Inglaterra y EEEU con la aparición de un nuevo intento, la "liebre mecánica", un artilugio que servía para guiar a los perros con un señuelo en forma de liebre que rodeaba el recinto y que los canes perseguían consiguiendo una carrera ordenada entre ellos. El problema estaba en que en España (inmersa en la dictadura de Primo de Rivera, que el Rey había apoyado) las apuestas de carreras eran ilegales. Según Zavala el juez instructor, Mariano Luján, ya durante la Segunda República, no albergaba ninguna duda sobre la responsabilidad de los principales acusados, el rey Alfonso XIII y el duque de Alba, en los delitos de estafa, malversación, juego prohibido, asociación ilícita, falsedad y prevaricación.

Estafa societaria

El engaño residía en que con el paraguas del Club Deportivo Galguero Español, los accionistas con Alfonso XIII a la cabeza se aseguraban que las carreras de galgos que promovían no tenían ánimo de lucro ya que todo se destinaba teóricamente a la preservación de la raza del galgo español, lo que no incumpliría la ley. Sin embargo, cuando el Rey y el duque de Alba intentaron convencer al general Miguel Primo de Rivera, jefe del Gobierno de la dictadura para que les concediera el permiso estatal de carreras y apuestas, éste se negó ante lo que consideraba un asunto en extremo delicado.

La operación tuvo que esperar en el cajón hasta la caída de Primo de Rivera y su sustitución por el general Dámaso Berenguer, que por otra parte había sido apartado del servicio anteriormente por su responsabilidad en los sucesos del Desastre de Annual y reintegrado por la dictadura de nuevo en el Ejército hasta llegar a presidir el Consejo de Ministros. Por sendas órdenes de Fomento y la Dirección General de Seguridad —al frente de la cual estaba el general Emilio Mola— se otorgó en 1930 la concesión de carrerras y apuestas al Club del Rey. Con la concesión se pudo perpetrar el engaño.

Desvirtuando las órdenes de concesión, montaron un lucrativo negocio en torno a las apuestas, la venta de entradas, las bebidas, la cafetería...

Según José María Zavala, el Club Deportivo Galguero cedió subrepticiamente a las sociedades 'Liebre Mecánica' y 'Stadium Metropolitano' mediante dos contratos de 1930 y 1931 el producto "integro de las carreras y apuestas" cuyos socios eran los mismos, de forma que se pudieron apoderar de un valor equivalente a 3,9 millones de euros que siguiendo la legalidad tendrían que haber sido destinados al estudio y cuidado de la raza del galgo español. Ambas sociedades, desvirtuando las órdenes de concesión, montaron un lucrativo negocio en torno a las apuestas, la venta de entradas, las bebidas, la cafetería y todo lo que rodeaba a las carreras que se realizaban en el estadio Metropolitano, que había sido construido a su vez por la empresa metro -en la que participaba también el Rey- y en donde jugó durante muchos años además el Atlético de Madrid.

Instrucción judicial

El engaño se descubriría dos años más tarde, en 1932, cuando Alfonso XIII había tomado ya el camino del exilio y cuando en el Congreso de los Diputados republicano se había aprobado con aplastante mayoría la incautación de los bienes del Rey, a pesar de que la Comisión no había encontrado pruebas que pudieran esgrimirse en un juicio. El Ministerio de Gobernación canceló todos los permisos para que siguiera la actividad de 'Liebre Mecánica' y 'Stadium Metropolitano' y Mariano Luján, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid elevó al Tribunal Supremo un rotundo informe en el que se consideraba responsables al Rey y al duque de Alba del esquema societario.

Nunca se pudo juzgar y las sospechas sobre el Rey y el resto de socios así como las diligencias del juez de instrucción se enterraron. De cualquier forma a Alfonso XIII se le había juzgado ya políticamente en cuanto sus negocios aunque sin pruebas. Azaña precedió con un encendido discurso a la votación en el Congreso de los Diputados que acabó condenando al exrey Alfonso XIII y por el que se le expropiaron sus propiedades, aunque la mayoría, acciones y dinero habían viajado con él y deambularon por Suiza, Estados Unidos y Francia hasta recalar en Estroril, Portugal.