Vuelve el canon digital al estilo Sinde

Tras una tortuosa cadena de fiascos protagonizada por el canon digital, el Gobierno prepara el borrador de un nuevo modelo que vuelve (de nuevo) al impulsado por la conocida Ley Sinde. El proyecto -que está negociando el Ministerio de Cultura con las entidades de gestión de derechos de autor según ha adelantado 'El País'- contempla que la compensación por copia privada se sufrague a través del precio de los soportes de grabación, equipos y dispositivos como los móviles, ordenadores, memorias USB o CDs y DVDs.

En el fondo, y tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que tumbó el modelo impulsado por el PP por cargar la compensación a los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo de Rajoy solo podía o bien eliminar la copia privada o volver al canon digital. Por ello, y a pesar que desde el Gobierno se insista en que esto no supone el regreso del modelo del canon digital, en realidad el borrador que está encima de la mesa no difiere en exceso del impulsado por el Gobierno de Zapatero, que estuvo en vigor entre 2009 y 2011, aunque introduce una excepción que resuelve la sentencia 'Padawan' de 2010 a la que se acogió el PP para tumbar la 'Ley Sinde'.

De este modo, la compensación saldrá de los soportes y dispositivos de grabación, pero lo más importante son las exenciones que resuelven todos los problemas legales de los anteriores modelos. En concreto, las administraciones públicas y aquellas personas físicas y jurídicas que demuestren que sus copias tienen un carácter profesional podrán quedar exentos y, aquellos que no estén dentro de la exención, podrían solicitar el reembolso del dinero si demuestran este supuesto a través de las entidades de gestión (este caso sirve, por ejemplo, para pequeños autores que se autoeditan). También se podrán acoger sujetos autorizados como salas de fiestas y la copia licenciada, es decir los contratos de licencia que afectan por ejemplo a las plataformas de 'streaming' de música, cine o series.

Fuentes del Ministerio de Cultura confirman a este periódico que hay un "principio de acuerdo con las entidades", aunque desde el sector aseguran que las conversaciones y las propuestas existen pero no un acuerdo cerrado. "Desde mi punto de vista no es tanto el modelo sino cuál va a ser el espíritu del asunto, pero no hay solución todavía ni un pacto. Solo propuestas", añaden desde varias de las entidades de gestión de derechos de autor implicadas en la negociación. Lo cierto es que sobre la mesa hay un documento de trabajo, que bebe de los modelos europeos y se tiene que negociar con el resto de ministerios, en especial con Industria y Economía. "Nuestro interés es que se apruebe rápido", añaden desde el Ministerio pero sin dar fechas, aunque parece probable que el nuevo canon entre en vigor a principios de 2017 y se desarrolle posteriormente el real decreto que lo regule.

El nuevo modelo resolvería el principal problema que tumbó tanto a la Ley Sinde como a la del PP: su carácter indiscriminado

El nuevo modelo que se prevé salga de estas conversaciones resolvería el principal problema que tumbó tanto a la Ley Sinde como a la del PP: su carácter indiscriminado. Lo que queda por resolver también es cómo adaptar la copia privada a un universo tecnológico cambiante en el que hoy se habla más de almacenamiento en la nube, 'streaming' o smartphones que de CD, DVD y 'tostadoras'.

En este sentido, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, aseguraba la semana pasada en una entrevista en 'La Razón' que el nuevo modelo de canon digital tras el fallo del Tribunal Supremo no debe ir "a remolque de una sentencia". "No vamos a tomar el modelo anterior como referencia, pero la base es el patrón que existía, con los matices que haya que hacer adaptándolo a una realidad que cambia constantemente; por ahí va a ir la solución".

Además, también queda pendiente saber cómo se resuelve la deuda que tiene el Gobierno con las entidades de gestión desde que en noviembre Europa tumbó su modelo. Según las entidades, son unos 500 millones de euros que han dejado de percibir en los últimos cuatros años a causa del modelo de copia privada con cargo a los PGE impulsado por el Gobierno de Rajoy. Este estableció una partida de cinco millones de euros anuales para sufragar la compensación por copia privada, una cantidad muy inferior a los 115 millones de euros que se recaudaba con la anterior legislación. Sin embargo, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, se mostró reacio en su última comparecencia ante la comisión de Cultura del Congreso. "La sentencia del Tribunal Supremo no fija responsabilidad patrimonial y, se lo digo con confianza, no es bueno alentar a llegar a esta posibilidad donde, a juicio del Gobierno, no existe tal responsabilidad. Miremos hacia cómo resolver esto y para ello ya estamos trabajando en ello", aseguró.