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El Tribunal de Cuentas describe al Reina Sofía como un museo fuera de control
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"No cumple la Ley de sus propios Estatutos"

El Tribunal de Cuentas describe al Reina Sofía como un museo fuera de control

El Tribunal de Cuentas ha entrado a analizar la gestión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en 2013 y las conclusiones sobre lo

Foto: José María Lassalle, Manuel Borja-Villel, Soledad Lorenzo, JOsé Ignacio Wert y Guillermo de la Dehesa, en la firma de la cesión de las obras de la coleccionista al museo. (EFE)
José María Lassalle, Manuel Borja-Villel, Soledad Lorenzo, JOsé Ignacio Wert y Guillermo de la Dehesa, en la firma de la cesión de las obras de la coleccionista al museo. (EFE)

El Tribunal de Cuentas ha entrado a analizar la gestión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en 2013 y las conclusiones demoledoras sobre lo que no vemos desvelan una institución a la deriva. El organismo señala que ha encontrado carencias graves de información y de transparencia para hacer su trabajo, y a pesar de ello informan de una ausencia total de directrices generales de actuación. Y, lo más grave de todo, el actual equipo de dirección ni siquiera cumple “mínimamente” con los preceptos de la Ley y de los Estatutos del MNCARS relativos a los “principios de organización”.

Si la fiscalización del Museo Nacional del Prado acusó a aquel de “debilidad en la gestión del patrimonio”, en el museo dirigido por Manuel Borja-Villel desde 2008 visto por el Tribunal de Cuentas es una casa sin reglas. De hecho, no han podido determinar siquiera cuántos empleados trabajan en el museo, ni siquiera tiene un organigrama funcional, quizás por eso señalan que la cuenta bancaria para el pago de nóminas estaba “sin saldo al cierre de 2013”. Este periódico tuvo acceso a las cuentas de los cuatro primeros meses de 2014 y denunció el descontrol sobre sus recursos.

El capítulo de las conclusiones dedicado al análisis del cumplimiento de la legalidad es el más grave del amplio informe. En él se detalla el incumplimiento de los principios de organización, estructura orgánica, plantilla y propuesta de régimen retributivo y organigrama funcional, “entre otras herramientas de gestión previstas en la normativa del museo”. Este es el motivo que señala el Tribunal de Cuentas para indicar que en el MNCARS no se cumple con su propia ley. Pero el informe no acaba ahí, por partes:

“No han existido unos principios de dirección ni unas directrices generales de actuación formalmente aprobadas”. Es decir, no existe un control ni una coordinación en el centro de referencia de arte contemporáneo español. La inexistencia de unas directrices de actuación “condiciona negativamente la capacidad y calidad de la gestión de las actividades del museo”. Esta afirmación ha provocado situaciones dramáticas que cuestionan la dirección del museo: “La ausencia de estas directrices afectó a las actividades de adquisición de obras; al otorgamiento, renovación y levantamiento de depósitos temporales a favor de terceros; y a los préstamos temporales de obras de arte, concedidos por terceros al museo o de éste a otras instituciones”.

“La elevación del precio de las entradas para la visita conjunta a la colección permanente y a la exposición de Dalí, mediante resolución del director del museo, de 17 de abril de 2013, no fue autorizada ni por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ni contó con el preceptivo informe previo del Patronato”. El 9 de abril de 2013 el Ministerio autorizó una subida de los precios de 6 a 8 euros por día para la visita conjunta a la permanente y a las temporales (y de 3 a 4 euros para estas últimas).

Sin embargo, ocho días más tarde, el director fijó un precio de 8 euros (duplicó) para la exposición temporal Dalí. Todas las sugerencias poéticas y todas las posibilidades plásticas, la exposición más visitada de la historia. Borja-Villel lo hizo por cuenta propia, sin contar con la aprobación del Ministerio. “Este Tribunal no puede considerar adecuada la fórmula empleada por el MNCARS en la elevación del precio de las entradas”. Recuerda el organismo que el precio de las entradas tiene consideración de “ingreso de derecho público” y por eso “la modificación de su cuantía exige previa autorización ministerial”.

La falta de control se extiende al capítulo de compra de obra de arte. Al parecer, existe un Comité artístico que podría haber dotado de solidez al sistema de control interno de esta área de gestión. “Sin embargo, este órgano que carece de previsión normativa y estuvo integrado por tres personas ajenas al museo, ni tuvo competencias formal y detalladamente asignadas, ni se reunió periódicamente, ni se levantaron actas de las sesiones”. Para el Tribunal este hecho condiciona la evaluación del control interno y pone de manifiesto “la marcada debilidad en una parcela de gestión de la entidad que cabe calificar como relevante”. Es más, el MNCARS compró 171 obras de arte en 2013 sin hacer referencia al coste ni al total de las mismas en la Memoria de las Actividades de dicho año. Incide en la debilidad de control interno de estas operaciones y la dificultad de supervisión de las operaciones de adquisición.

El organismo estatal encargado de escanear la salud de nuestras instituciones echa en falta un documento sobre “Política de depósitos en instituciones externas”. Además, se indica que “no se han aprobado las modificaciones en las reordenaciones de las colecciones del museo”. ¿Qué quiere decir esto? Que Manuel Borja-Villel no ha consultado al pleno del Patronato, que es quien tiene la atribución de aprobar las modificaciones de agrupación y ordenación de las colecciones del museo (artículo 7.1 f del estatuto). Es más, “no han existido en el ejercicio fiscalizado unos principios de dirección ni unas directrices generales de actuación adoptadas por el Pleno del Patronato”, a pesar de ser el órgano rector al que corresponde establecer los principios de dirección.

“El Real Patronato debe profundizar en el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas por la normativa del museo y en el ejercicio de las competencias de dirección, asesoramiento y control que tiene reconocidas”, señala el informe alertando sobre la debilidad en la que se encuentra el organismo de control. Es más, señala que el número de sesiones celebradas y de tiempo empleado en el ejercicio 2013, por el pleno y la comisión permanente del Patronato, “resulta insuficiente para el adecuado cumplimiento de las numerosas competencias legales que les corresponde ejercer”. En 2013 se reunió el pleno en tres sesiones. La primera, el 20 de marzo, empezó a las 17 horas y se cerró a las 18:45.

Además de lo anterior, el Tribunal se queja porque las sesiones del Patronato “se limitan a tomar conocimiento de informes previamente elaborados por el director del museo o por el gerente [Michaux Miranda] y a confirmar decisiones previamente adoptadas por estos órganos”. El Patronato, en cualquier institución, controla al director, pero no es el caso. De hecho, las cuentas anuales de 2012 se publicaron sin haber sido aprobadas por el Patronato, y la de 2013 la aprobó en octubre de 2014: “Fecha excesivamente alejada del cierre del ejercicio sobre el que se informa”.

Tampoco ha pasado por el Patronato la gestión artística del museo, “pieza esencial del sistema de gestión y dirección”, y que debe ser propuesto por el director al Patronato para su aprobación. Pues bien, el único proyecto que se ha aprobado desde que Borja-Villel es director es el que presentó en 2007 como aspirante al cargo que ostenta ocho años más tarde. Y desde entonces nada nuevo: “El tiempo transcurrido desde 2007 afecta a la actualidad de su contenido, dado el carácter cambiante y dinámico de la gestión de un centro de arte”. Es más, el Tribunal de Cuentas no ha podido constatar que el director del Patronato, Guillermo de la Dehesa, fuese informado de las exposiciones ejecutadas en 2013.

Se concretan en los siguientes aspectos: acumulación de funciones de registro contable y de gestión de la tesorería; incumplimiento del principio de devengo en la parte significativa de sus ingresos; ausencia de un manual de contabilidad específico para la Entidad; limitaciones en la disponibilidad y deficiencias de la información contable; el empleo del sistema de caja fija no refleja el origen ni explicaciones de los gastos del museo; además, hay una ausencia total de información sobre las magnitudes de ingresos obtenidas.

Llama la atención el capítulo dedicado a la venta de las tarjetas anuales para promoción de visita de museos de la Dirección General de Bellas Artes. Esta tarjeta permite la visita ilimitada, durante un año, a 20 museos por el precio de 36 euros y, supuestamente deberían repartirse los beneficios. Sin embargo, el Tribunal apunta que no existen instrucciones sobre el reparto de los ingresos obtenidos por la venta de las tarjetas anuales entre los museos afectados. “El MNCARS ingresó íntegra e indebidamente en su presupuesto el importe de estas tarjetas vendidas por él en el ejercicio 2013, sin hacer ningún tipo de reparto con los demás museos afectados”.

Otras cuestiones preocupantes como la seguridad llevan sin actualizarse desde 2009. Se asegura que el MNCARS tiene un “Plan de autoprotección”, que consiste en un documento extenso elaborado por una empresa privada dicho año. “Este plan no cuenta, sin embargo, con la validación del Ayuntamiento de Madrid”.

En el año fiscalizado se contrataron 59 convenios de cesión de espacios, lo que supuso unos ingresos de 508.000 euros. Todos los fiscalizados (sólo 17 del total) han aplicado las tarifas recogidas, salvo uno. El 15 de octubre, la charla coloquio del director David Lynch, dentro del Rizoma Fest. “El museo ha suscrito un contrato de organización de una conferencia-coloquio en el que se han cedido espacios sin someterse a los procedimientos legales e instrucciones internas para la gestión de la tasa. Por este convenio, se ha percibido una compensación económica consistente en el 25% de la venta de entradas para acceder a los espacios Auditorio 200 y Auditorio 400”.

La fiscalización de la contratación administrativa llama la atención por la falta de transparencia en la convocatoria de las adjudicaciones. En 2013 el MNCARS ha adjudicado un total de 26 contratos administrativos, por un importe de 7.931 euros. De ellos, 22 de los contratos se han adjudicado sin publicidad. "Únicamente 4 contratos se adjudicaron por procedimiento abierto".

El Tribunal señala un error en el registro de unos gastos por el arrendamiento de dos espacios para el almacenamiento de obras de arte. El importe, incluido el seguro, ascendió a 56.000 euros en 2013. Son obras de gran formato (esculturas e instalaciones) que fueron trasladadas a dichos almacenes entre los años 2002 y 2006 “por falta de espacio en los almacenes de Sabatini”. “Aunque a partir de la inauguración del edificio Nouvel, en 2005, se han incrementado los espacios para el almacenaje se supeditó la ubicación de dichas obras a la realización de trabajos de acondicionamiento que no se llevaron a cabo”. Y desde entonces se paga un alquiler.

El Tribunal de Cuentas ha entrado a analizar la gestión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en 2013 y las conclusiones demoledoras sobre lo que no vemos desvelan una institución a la deriva. El organismo señala que ha encontrado carencias graves de información y de transparencia para hacer su trabajo, y a pesar de ello informan de una ausencia total de directrices generales de actuación. Y, lo más grave de todo, el actual equipo de dirección ni siquiera cumple “mínimamente” con los preceptos de la Ley y de los Estatutos del MNCARS relativos a los “principios de organización”.

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