La directora del INAEM quiere contratar a Juan Bravo "saltándose las normas"

En sólo tres años de existencia, la Secretaría de Estado de Cultura va a conseguir superar más de dos décadas de absurdo trasiego vecinal del 13, Rue del Percebe. La casa que dirige José María Lassalle tiene tantos líos como la dibujada por Francisco Ibáñez. La última en llegar al extinto edificio del Ministerio de Cultura es Montserrat Iglesias, directora del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales (INAEM) desde hace dos meses, quiere a toda costa a su lado –tal y como ha podido saber este periódico- a Juan Bravo (ex subsecretario de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón hasta la dimisión del ministro). Iglesias ha pensado para él la dirección de la Secretaría General, un cargo que le responsabiliza de la gestión económica del organismo con más presupuesto de Cultura.

El nombramiento tiene el visto bueno de Lassalle, el Fernando Benzo (Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte) y de Antonio Beteta (Secretario de Estado de Administración Pública en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Éste último es su mayor valedor, fue quien le buscó un hueco hace tres meses como Director General de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL). Todo parece hecho, pero hay un inconveniente notable: ese puesto está reservado para los funcionarios del cuerpo superior de administradores civiles del Estado y Bravo sólo es funcionario del cuerpo técnico de la Comunidad de Madrid.

Montserrat Iglesias está forzando para que se abra el puesto de secretario general, incluso por encima de las normas y de sus posibilidades. Pero quien tiene que dar el visto bueno a esta medida es la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), órgano encargado de aprobar las relaciones de puestos de trabajo, que ya denegó recientemente una petición similar hecha por Ana Mato, días antes de su dimisión, para el puesto de la Secretaría General del Instituto de la Mujer.

El conflicto se ha trasladado al ministerio de Montoro: el CECIR es un órgano colegiado compuesto por dos secretarias, por un lado la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, dirigida por Antonio Beteta, y por otro la Secretaria de Presupuestos y Gastos, dirigida por Marta Fernández Currás. Beteta, amigo de Bravo, quiere ejecutar la contratación. Fernández Currás se niega.

Favores políticos y corrupción

“Hay pocas discrepancias entre ambas partes, pero este caso es una excepción porque existe un enfrentamiento”, informan fuentes del Ministerio de Hacienda a este periódico, que avisa de la reunión de hoy martes para resolver la incompatibilidad. No hay una norma escrita, pero es una pauta de procedimiento que se mantiene en la Administración, precisamente, para preservar los puestos decisivos a los mejor preparados, “no a los amigos”. De hecho, el código se ha mantenido inalterable hasta nuestros días y no hay ningún otro puesto similar ocupado por alguien que no sea funcionario superior del Estado.

Para la Asociación de funcionarios del cuerpo superior de administradores civiles del Estado es una “injerencia inadmisible”, puesto que las normas de la Administración no parecen escritas para los intereses políticos. “Es una vergüenza. Juan Bravo es amigo personal de Antonio Beteta. Los favores políticos son otra forma de corrupción y de abuso de poder. Supondría revertir las normas de contratación”, explican a este periódico.

Juan Bravo ha confirmado a este periódico la invitación y el conflicto sin resolver. “Montserrat tiene muchísimas ganas de trabajar y a mí me lo ha contagiado. El teatro es un tema que siempre me ha gustado. Pero no hay nada cerrado y estamos pendientes de unos trámites burocráticos. Cuando se superen podremos hablar sin problema”, explica Bravo. Los “trámites burocráticos” a los que se refiere es la reunión que hoy martes se realizará en del CECIR para determinar si se abre el puesto y si Iglesias puede nombrar a su amigo. Sin embargo, Iglesias da por cerrado el fichaje desde hace meses. Este periódico se ha puesto en contacto con el INAEM para conocer las razones del empeño personal de la nueva directora y el organismo asegura que "es una práctica habitual" y que Bravo es una "persona de confianza de la directora", con "experiencia demostrada en el sector para cumplir los objetivos".

Privatizar el teatro

A Juan Bravo es le recuerda por ser el coautor de la polémica ley de tasas, junto con Gallardón, con quien también trabajó en el Ayuntamiento de Madrid como concejal de Hacienda. De su paso por el consistorio de la capital ha pasado a convertirse en el brazo ejecutor de la privatización de los teatros, aunque él niega por completo esta visión. “Con Alicia Moreno lo que hicimos fue todo lo contrario, fomento del teatro público con la creación de las Naves del Matadero o el Teatro Circo Price. Privatización ninguna”, a pesar de la gestión de Madrid Destino.

Tanto Montserrat Iglesias como Lorena González carecen de experiencia en el área que dirigen, pero ambas son amigas de José María Lassalle

El caso de Montserrat Iglesias es similar al de Lorena González (directora del ICAA después de la dimisión de Susana de la Sierra): ninguna tiene experiencia en el área que dirigen desde hace unos meses, pero ambas son amigas de José María Lassalle. La entrada de Iglesias en el INAEM, que hasta ese momento organizaba eventos culturales en el Instituto Cervantes y era profesora titular en la Universidad Carlos III (Máster de comunicación de moda y belleza de Vogue), también fue una jugada de carambola.

Después de las declaraciones en rueda de prensa, en las que daba por muerta la Ley de Mecenazgo (el gran proyecto político de Lassalle), Miguel Ángel Recio era finiquitado de su puesto como director del INAEM y creador de Platea. Pero la dimisión inesperada de Jesús Prieto como director general de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, que se negaba a firmar la orden contra el Cabanyal, movió a Recio a Bellas Artes y a Iglesias al INAEM.