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Los tres nuevos trucos de la SGAE para quedarse con derechos que no son suyos
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desvía Casi cincuenta millones de euros

Los tres nuevos trucos de la SGAE para quedarse con derechos que no son suyos

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) agoniza. Las deudas con los bancos, los teatros mal vendidos, la caída del reparto y los conflictos internos

Foto: José Luis Acosta, recién elegido presidente de la SGAE, en julio de 2013. (EFE)
José Luis Acosta, recién elegido presidente de la SGAE, en julio de 2013. (EFE)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) agoniza. Las deudas con los bancos, los teatros mal vendidos, la caída del reparto y los conflictos internos entre las distintas tipologías de socios complican el futuro de la otrora todopoderosa sociedad. Desde aquel 1 de julio de 2011 en que la Guardia Civil entró por las puertas del Palacio de Longoria, sede de la SGAE, poniendo fin a la presidencia oficial de Teddy Bautista, los responsables de la gestora han querido jugar a los malabares con tres cartuchos de dinamita: rehabilitar su imagen dando muestras de suprimir prácticas dudosas, soltar lastre inmobiliario a precio de saldo para que no se los coman las deudas y contentar a los socios, acostumbrados a las prácticas de años, para intentar contener la guerra interna. Todo ello lidiando con una caída en picado de la recaudación. Resultado: a la SGAE le caducan los presidentes al año de ser nombrados.

Teniendo en cuenta la fiereza con que han defendido su papel recaudador, para que a los autores no les robe lo que es suyo una ciudadanía acusada de piratería, es muy llamativo que los nuevos dirigentes de la SGAE hayan acabado echando mano siempre del mismo cajón: los derechos de autor sin repartir.

Según demuestran las cuentas de la SGAE, tres han sido los trucos utilizados para torcer el destino de una parte de esos fondos por los dos presidentes que sucedieron a Bautista, Antón Reixa y José Luis Acosta. Dos consistieron en cambiar los estatutos e incrementar en 29 millones de euros las cuentas de la gestora en 2012. En Longoria temían que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del Partido Popular acabase con la práctica de los derechos prescritos con la misma rotundidad con que habían acabado con el canon.

El tercer apaño, un año después, consistió en reinterpretar los estatutos, algo que incluso llevó al auditor a cuestionar el asunto en el informe de las cuentas de 2013, aún sin aprobar, para destinar 19,5 millones de euros a dar más dinero a los autores ya identificados en lugar de buscar a sus verdaderos dueños.

¿Creative Commons?

De los tres, el más alejado del sentido de la SGAE es el que afecta a derechos recaudados con autores identificados, pero sin obras registradas en el repertorio de la sociedad. Estos son los defensores de la filosofía Creative Commons, partidarios de encontrar otras vías menos confiscatorias y opacas para cobrar por sus obras. Rechazan el monopolio de las gestoras.

No ha importado que algunos de ellos hayan protagonizado batallas en la ya larga guerra contra la apropiación indebida de derechos. Una de las más conocidas tuvo lugar en septiembre de 2012, cuando el grupo sevillanoPony Bravoy el abogadoDavid Bravohicieron pública una carta al consejo de administración de SGAEexigiendo que no se apropiase de lo que no era suyo.

Tres meses después el órgano ejecutivo de la gestora tomaba una decisión que afectaba directamente a los intereses de Pony Bravo y el resto de autores sin registrar. SGAE redujo de 15 a 5 años el plazo fijado en los estatutos para prescribir los derechos de obras que no están en su repertorio. Aplicó el cambio no sólo a la recaudación conseguida a partir de esa fecha, sino al saldo pendiente. De un plumazo, SGAE se hizo con derechos de autor por importe de 11,7 millones de euros, según sus cuentas de aquel año.

En aquella carta, David Bravo explicaba que no estar en el repertorio de la SGAE no significa que esos autores “renuncien en absoluto a cobrar por su trabajo”, sino que “tratan de lograr esa justa remuneración por cauces distintos”. Y añadía: “Las obras de Pony Bravo no están incluidas en el repertorio de la SGAE, al no estar sus autores asociados ni a esta ni a ninguna otra entidad de gestión del mundo”, recordando que no aparecen en el citado repertorio por decisión propia.

Consultado por este periódico, David Bravo, autor de la obra Copia este libro, considera que lo ocurrido con los derechos ya recaudados y el cambio de estatutos operado por la SGAE a finales de 2012 puede entrar dentro de “las tesis jurídicas del enriquecimiento injusto, sin perjuicio de lo que decidiesen finalmente los tribunales”.

Un año menos para identificar

No fue el único cambio en los estatutos decidido por aquel consejo de 20 de diciembre de 2012 que presidió Antón Reixa, primer sucesor de Teddy Bautista. Hasta 2011, la SGAE pasaba al cajón de los derechos prescritos aquellos cuyos autores no habían sido identificados transcurridos cinco años desde la recaudación. Alcanzar ese plazo hacía que en realidad fuese en el sexto año cuando los derechos anónimos ya prescritos pasaban a contabilizarse como ingreso de la sociedad gestora. También esto se cambió, haciendo desaparecer ese sexto año e incluyendo la cifra correspondiente en el año de prescripción, es decir, el quinto. Gracias a este cambio, la SGAE se hizo con otros 17,5 millones de euros en 2012.

Lo curioso es que Antón Reixa, el presidente que duró 14 meses y ocho días al frente de la SGAE, caído en desgracia tras destapar presuntas prácticas fraudulentas de 11 socios que cobraban derechos de autor por la música emitida en televisión en programas de madrugada, fue el abanderado de la lucha por acabar con el histórico cajón de los derechos sin identificar.

En época de Teddy, la SGAE era tan diligente recaudando como floja repartiendo y además se quedaba de forma sistemática con alrededor de 10 millones de euros cada año de los derechos prescritos, para destinarlo al imperio inmobiliario ideado por el entonces presidente.

Los derechos sin identificar llegaron a acumular 180 millones de euros sin repartir en 2007. Tras destaparse la Operación Saga de la Audiencia Nacional y resultar imputado Bautista, el nuevo equipo gestor encargó una auditoría a Ernst & Young, en la que aparecieron aún 145 millones de euros sin dueño. Reixa se comprometió a encontrar a los autores propietarios de aquellos derechos, lo que le supuso otro enfrentamiento con los músicos (englobados en los socios de pequeño derecho) por considerar estos que los grandes beneficiarios del nuevo reparto habían sido las discográficas, precisamente las que habían aupado a Reixa a la presidencia de la SGAE.

Más para los de siempre

El Ministerio de Cultura se enredó más de lo esperado con la LPI y a finales de 2013, en la SGAE se toma una nueva decisión referida a los derechos pendientes de identificar, esta vez contra sus propios nuevos estatutos. En la modificación aprobada a finales de 2012 se estableció que la junta directiva podría acordar que la recaudación sin identificar anterior a 2013 se repartiese entre los autores identificados sólo a partir de 2015.

Sin embargo, el 3 de octubre de 2013, el consejo de dirección, ya con José Luis Acosta al frente, decidía repartir los derechos no identificados de 2008 y el Fondo Audiovisual entre los autores identificados, lo que denominan “acrecer el reparto”. Dan más a los que ya reciben en lugar de buscar a los verdaderos dueños. La cantidad finalmente decidida es de 18 millones con cargo a los derechos sin identificar y 1,5 millones con cargo al Fondo Audiovisual. La gestora se queda con 1,45 millones de esas cantidades.

El auditor advierte a la SGAE que la decisión “podría, en su caso, considerarse no ajustado a la disposición transitoria decimoquinta de los estatutos de la Sociedad introducida con motivo de la modificación estatutaria aprobada en la Asamblea General del 20 de diciembre de 2012”. Lo que dice esa disposición es que los derechos no identificados de ejercicios anteriores a 2013 que hayan prescrito “serían objeto de reparto solo a partir del ejercicio 2015”. Por eso, el auditor considera que “podría interpretarse que hasta esa fecha los mencionados derechos repartidos y no identificados, una vez prescritos, deberían pasar a formar parte de los recursos económicos de la Sociedad”.

Y llegó la ley

En la campaña electoral permanente que fueron aquellos primeros años de la crisis, el Partido Popular se aprovechó de la repercusión del movimiento contrario a las prácticas de SGAE para luchar contra las gestoras de derechos. Prometieron, por un lado, acabar con el canon digital y, por otro, regular una fórmula de gestión de los derechos no repartidos para que no se los quedara la SGAE. Lo primero lo hizo nada más llegar al Gobierno a finales de 2011.

Sin embargo, la nueva Ley de Propiedad Intelectual, aparecida al fin en el BOE a principios de este mes, no hace nada de lo que se prometió respecto a los derechos prescritos. Al contrario, da el visto bueno a una práctica que hasta ahora no estaba regulada legitimándola. La norma establece la prescripción de derechos a los cinco años sin haber sido identificado su titular. Eso sí, define a qué debe destinarse lo prescrito que al menos en un 15% debe ir para actividades asistenciales de miembros de la entidad, promoción de la oferta digital, acrecer el reparto del resto de obras gestionadas y financiación de la ventanilla única de facturación y pago.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) agoniza. Las deudas con los bancos, los teatros mal vendidos, la caída del reparto y los conflictos internos entre las distintas tipologías de socios complican el futuro de la otrora todopoderosa sociedad. Desde aquel 1 de julio de 2011 en que la Guardia Civil entró por las puertas del Palacio de Longoria, sede de la SGAE, poniendo fin a la presidencia oficial de Teddy Bautista, los responsables de la gestora han querido jugar a los malabares con tres cartuchos de dinamita: rehabilitar su imagen dando muestras de suprimir prácticas dudosas, soltar lastre inmobiliario a precio de saldo para que no se los coman las deudas y contentar a los socios, acostumbrados a las prácticas de años, para intentar contener la guerra interna. Todo ello lidiando con una caída en picado de la recaudación. Resultado: a la SGAE le caducan los presidentes al año de ser nombrados.

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