Las gestoras de derechos reclaman 500 millones de euros por impago del canon

La batalla no ha hecho más que empezar. El golpe del Tribunal Supremo a la ley Lassalle puede ser ruinoso para el Estado español si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la incompatibilidad con la directiva comunitaria de la actual fórmula de compensación por copia privada: ahora el pato lo pagan todos los españoles, no las empresas tecnológicas (ex ‘canon digital’). La sentencia, probablemente, llegará en 2015 y en caso de confirmar las dudas del Tribunal Supremo, las entidades de gestión de derechos de autor reclamarán, según ha podido saber El Confidencial, 500 millones de euros a las arcas públicas por una responsabilidad patrimonial incumplida con los titulares de los derechos desde 2011 hasta 2015. La cantidad supone el 67% del presupuesto destinado a la cultura en 2015. El desaguisado toma tintes dramáticos.

Las demandas de las entidades contra el Estado empezaron con la limitación presupuestaria por compensación en 5 millones de euros. Hasta 2011, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy anula el canon digital, contaban con una compensación de cerca de 115 millones de euros anuales (gravados en los productos tecnológicos de reproducción). “Esto quiebra el principio expresado por la jurisprudencia comunitaria, en la que se indica que corresponde resarcir a los titulares de derechos sólo por quienes realizan copias privadas”, apuntan a este periódico. Además, denuncian que esos 5 millones de euros se han calculado sin determinar el daño real.

Las entidades de gestión que interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante el TS –VEGAP, DAMA y EGEDA– aseguran que “siguiendo la experiencia de los informes de copia privada realizados por peritos especializados en valoración de daños, podemos estimar que, con un criterio conservador, la demanda patrimonial por los años 2014 y 2015 supondrá 130 millones de euros por ejercicio”. Esto supone, según los cálculos de las entidades, que a finales del próximo año, cuando hable Luxemburgo, la cantidad rondará los 500 millones de euros.

El perjuicio causado por el ejercicio del límite de copia privada ejecutado por el Gobierno, aseguran, ascendió en 2011 a 118 millones de euros. La cuantía reclamada al ejercicio de 2012 por todas las entidades de gestión fue de 105 millones de euros. Y por 2013 han interpuesto una reclamación administrativa por valor de 134 millones. “De ellos, 76 millones de euros corresponden al perjuicio causado a los titulares de derechos (autores, intérpretes y productores) sobre obras audiovisuales”, señalan.

Avalados por el cuestionamiento del Tribunal Supremo, las entidades se han unido en la plataforma “No a la Ley Lassalle”. El acto de nacimiento fue en el Círculo de Bellas Artes, donde se denunció que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido usurpada por otros ministerios y no el que representa a los titulares de la norma. Apuntaban a los intereses de las empresas tecnológicas. El pasado lunes varios centenares de titulares se reunieron en las puertas de la Secretaría de Estado de Cultura, sede del extinto Ministerio de Cultura, para dar por muerta a la cultura y manifestarse contra la ley.

Un acto de ‘soberanía nacional’

Sólo faltaba por pronunciarse en este embrollo el lobby de las telecos. Ayer, la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), lanzó un comunicado en el que se alinean con el Gobierno y aseguraban que el pago con cargo a los Presupuestos Generales y no a sus empresas es “el adecuado”. “Consideramos esencial alzar la voz para defender dicho sistema de pago”, explican. AMETIC considera que el Estado español ha demostrado, al disponer de sus recursos económicos como quiere, “un acto de soberanía nacional” y “no contraría la normativa europea.

Para los enemigos de las entidades de gestión de derechos de autor, el actual sistema “constituye el mecanismo más adecuado y equilibrado para hacer frente a dicha compensación”. Explica que el TS deja claro que la compensación debe ser equitativa y reflejar el perjuicio causado. “Cargar dicha compensación a los Presupuestos Generales del Estado no impide por sí mismo alcanzar esos objetivos”, aseguran.

Añaden que el cargo al bolsillo de todos los españoles, no sólo a los usuarios, constituye “la mejor alternativa desde el punto de vista económico, minimizando la distorsión de los mercados”. Se refieren a que los precios de los aparatos no sufren alteraciones porque no tienen que añadir la tasa del ‘Canon’. La queja de las entidades de gestión es que estas empresas, después de haberse librado del pago de la compensación, no han bajado los precios. De momento, y pase lo que pase, estas empresas se han librado del pago del impuesto durante cinco años.