¿Quién cuida de nuestros museos?

Creíamos que los únicos museos españoles que estaban a un paso del colapso eran los llamados 'estatales', hasta que llegó el informe de auditoría de las cuentas anuales de 2013 del Museo del Prado -realizado por la Intervención General de la Administración del Estado y publicado en el BOE-, donde se reseña un déficit de más de seis millones de euros, cinco veces más que el año anterior.

La amenaza crece al repasar los años de la crisis financiera: en 2008, el museo hizo 7,5 millones de euros de beneficios, pero no ha sido hasta 2012 y 2013 cuando El Prado ha entrado en números rojos. El austericidio levanta una sospecha: ¿Está este país capacitado para hacerse cargo de su patrimonio histórico? ¿Y dispuesto? Nadie lidera la conservación y protección del patrimonio en estos momentos. Nadie se hace responsable de la deriva y la amenaza crece cada año: menos ayudas, menos protección, menos oferta, menos visitantes.

Las cuentas del Prado son una llamada de atención a la falta de voluntad política, a la falta de una gestión transparente y responsable, y a la falta de un compromiso social. Los museos deben superar la fórmula del consenso social de los ochenta -museos para recuperar la normalidad democrática española- al contacto social -museos para establecer un vínculo con el público y ser sostenibles.

El museo debería ser en 2014 un ejemplo de honestidad, de claridad, de criterio, de rigor, de conocimiento, un lugar ejemplar donde volver a confiar en el compromiso con el bien común. ¿Quién necesita ahora a quién? Los estudios de públicos demuestran que si se quiere contar con el ciudadano hay que comprometerlo, es decir, necesita sentir que no es un agente extraño, pasivo y turístico, sino activo y beneficiario. La fórmula contiene "participación, aprendizaje y satisfacción".

Este mismo año Vanessa Trevelyan, presidenta de la Asociación de Museos ingleses, escribía una carta a Jenny Abramsky, presidenta de la Heritage Lottery Fund, una de las mayores fuentes de financiación de los museos del Reino Unido, para insistir en la importancia de la participación y la educación en el futuro económico de los museos: “Dada la reducción en los recursos públicos existe la posibilidad de que algunas instituciones tengan la tentación de dar una prioridad menor al aprendizaje y a la participación. Creemos que esto debilitará su sostenibilidad y le instamos a que pase a formar parte del objetivo estratégico de la HLF. Las palabras “aprendizaje” y “participación” podrían ser incorporadas de esta manera: “Hacer partícipe al público de su patrimonio para que aprenda de él”.

España va bien

De la voluntad política dan testimonio las transferencias recibidas en el museo por parte de la Administración General del Estado: si en 2008 el Gobierno aportó 26.822.310 euros, en 2012 fueron 15.915.466 euros y en 2013, 11.283.000 euros. Los números también escriben la historia de las naciones, apunten estos: más de 15 millones de euros menos, un recorte acumulado del 58%.

En su año con menos ayudas públicas, El Prado (con más de cuatro millones de euros menos) ha financiado un gasto de 38 millones de euros y ha tenido que acudir a la tesorería para cubrir un déficit de más de dos millones de euros. Son los peores datos de la historia. La versión y visión del Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, es muy diferente al análisis que se desprende del informe citado: “A día de hoy, los museos siguen desarrollando la misma actividad en términos generales, la actividad sigue siendo tan de calidad como antes. Y en el futuro espero que las mejoras presupuestarias permitan mayor holgura”, explicaba en entrevista con este periódico.

Describía una realidad diferente a la que ahora denuncian las cuentas, y aseguraba que los museos no sufren con la política del recorte que han aplicado: “Es verdad que ha habido una reducción en el ámbito de museos, pero una reducción que ni ha agotado la capacidad para organizar exposiciones, ni ha supuesto una reducción significativa de la actividad, ni ha visto cuestionada la función de acceso a la cultura que deben atender”.

Si justificar el derrumbe de la inversión en políticas sociales con “la realidad” es el remedio del inmaduro, desconocer “la realidad” es una demostración de insolvencia. La cuestión que se plantea en este momento es ¿hasta dónde está dispuesto el Gobierno a estirar los recortes en protección del patrimonio histórico artístico español? ¿Reaccionará cuando se caigan las paredes de algún monumento como le ocurre a Italia en Pompeya?

En El Prado, por ejemplo, se han eliminado dos exposiciones de gran formato de un año para otro (de cinco se han pasado a tres). En el museo trabajan más de cincuenta personas menos y se ha reducido en un 70% el gasto en seguridad (de 5.939.963 a 1.841.273 euros).

Falta de compromiso

Los números rojos del Prado en 2012 y 2013 son, en parte, un reflejo del compromiso adquirido por el actual equipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Lamentablemente, dos años después hemos podido saber que la mayor aspiración del Secretario de Estado de Cultura en su responsabilidad con los museos es cumplir con la Constitución: mantener intacto el derecho de acceso a la cultura. Como objetivo está obligado a cumplirlo, como aspiración es insuficiente.

A los museos se les ha dejado sin ayudas, pero igualmente no tienen los recursos fiscales que se les había prometido para superar el agujero. En un país donde los patrocinadores prefieren rivalizar con las instituciones museísticas a apoyarlas decididamente, el retraso de la reforma de la Ley de Mecenazgo es consumar la fórmula del naufragio. La tarea pendiente de los gestores de los museos españoles es lograr la implicación y movilización ciudadana, hasta hacer ver en el despacho del Ministerio de Hacienda la importancia que concedemos en 2014 a nuestro patrimonio.