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La multimillonaria deuda estatal que acabará con el cine español
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La multimillonaria deuda estatal que acabará con el cine español

El ICAA, acosado por los recortes de Hacienda, se enfrenta a la posibilidad de no poder pagar los 61 millones de euros que debe a los productores

Foto: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda (EFE)
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda (EFE)

Presupuesto del Fondo de ayuda a la cinematografía para 2014: 33,7 millones de euros (menos de la mitad que hace dos años). Deuda que el Fondo (es decir, el Estado) debe pagar a los productores en 2014: 61 millones de euros. En efecto, las cuentas no salen y surgen preguntas inquietantes. ¿Qué ocurre cuando uno no puede pagar una deuda? Que propone una quita, es decir, renegociar el pufo a la baja. La Ley de Subvenciones permite incluso al Estado tomar dicha medida sin tener que pactar nada con los acreedores: si no hay presupuesto, se prorratea el dinero que haya disponible. Se paga, por tanto, menos dinero del prometido en la subvención concedida. Dinero prometido, por cierto, que los productores ya se gastaron hace tiempo y ahora adeudan a los bancos... Habemus drama.

La quita es sólo una posibilidad apocalíptica... que cada vez cobra más peso. Con quita o sin ella, el nuevo recorte presupuestario al cine significa lo siguiente: el ministerio de Hacienda ha acabado con las ayudas al cine a las bravas al imposibilitar que el ICAA, rama cinematográfica del ministerio de Cultura, afronte sus deudas con los productores. Estamos hablando de la posible quiebra del cine español. Literalmente.

En caso de quita, los bancos no reclamarían la deuda al Estado, sino a las productoras, muchas de las cuales se verían obligadas a quebrar

Resulta que el dinero que el Estado adeuda al cine corresponde a las ayudas (amortización) vinculadas al resultado en taquilla. Un dinero que el Estado paga con dos años de retraso (la deuda actual corresponde a estrenos de 2011 y 2012) y que los productores se gastan anticipadamente vía préstamos bancarios. En caso de quita, los bancos no reclamarían la deuda al Estado, sino a las productoras, muchas de las cuales se verían obligadas a quebrar. Los productores, no obstante, podrían reclamar su dinero en los juzgados y quizás acabarían siendo indemnizados... en unos años, cuando ya hayan colgado el cartel de cierre al negocio.

Sólo hay dos maneras de evitar la quita. La primera sería que el ICAA retrasara otra vez el pago de lo adeudado, como ya ha hecho este mismo año haciendo que su deuda se dispare hasta los 61 millones de euros, lo que obligaría a los productores a refinanciar su deuda con el banco (es decir, a poner dinero extra de su bolsillo en un momento de escasez).

Otra opción sería que cayera una partida extraordinaria del cielo, algo poco probable dados los antecedentes. Del dinero que el ICAA debe al cine, 21 millones de euros corresponden a películas estrenadas en el último trimestre de 2011. Una cantidad que debería haberse pagado hace tiempo y que tanto el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, como el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y la directora general del ICAA, Susana de la Sierra, se comprometieron a pagar a finales de 2013 con una partida extraordinaria que finalmente ni está ni se la espera. Resumiendo: a falta de partidas milagrosas de dinero extra, al ICAA sólo le queda retrasar el pago (y seguir aumentando la deuda hasta el infinito) u optar por la quita.

Dado que el Estado no puede garantizar ahora mismo el pago de la deuda con los productores es improbable que los bancos quieran seguir dando créditos a las películas que deberían rodarse en 2014

Fuera como fuese, la reducción del presupuesto del ICAA para 2014, decisión tomada por el ministerio de Hacienda según todos los indicios, supone de hecho la voladura del sistema de ayudas al cine español. Dado que el Estado no puede garantizar ahora mismo el pago de la deuda con los productores, es improbable que los bancos quieran seguir dando créditos a las películas que deberían rodarse en 2014. Sería como dar dinero a fondo perdido.

El ICAA ni siquiera se puede plantear gastarse la totalidad de sus 33,7 millones de euros de presupuesto para 2014 en rebajar su deuda. Se supone que una parte de ese dinero debería emplearse en las subvenciones que no dependen del resultado en taquilla, como las dedicadas a guionistas y a proyectos, cuya cuantía podría reducirse drásticamente (o directamente eliminarse). La pregunta, por tanto, es de cajón: si el ICAA dedica todo su dinero a pagar la deuda, ¿no sería mejor cerrarlo y poner en su lugar un contable? Una cuestión que suena un tanto histriónica pero que en realidad tiene algo de retórico: hace tiempo que el ICAA no puede rubricar sus acuerdos con la industria del cine sin el visto bueno de Hacienda.

La impresión generalizada entre los productores de cine es que José Ignacio Wert se ha bajado los pantalones ante Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Algún nombre clave de la industria se atreve incluso a plantear a micrófono cerrado que a Susana de la Sierra, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), no le queda otra salida que dimitir por una cuestión de dignidad. Esta institución, por su parte, rechazó ayer hablar con este periódico sobre el futuro de su deuda con el cine español.

Todo esto ocurre mientras el ICAA negocia con los productores un nuevo modelo de financiación para el cine español basado en las deducciones fiscales a los inversores, que podrían subir del 18% al 25% si Hacienda da su aprobación. El problema es que se ha procedido a la voladura del sistema antiguo sin tener preparado el nuevo. Es como si Hacienda, cuyo ministro se ha convertido en el látigo del cine español, hubiera ganado la carrera a Cultura.

Es absurdo cargarte una industria que genera decenas de miles de puestos de trabajo por 20 millones de euros, cuando TVE se gasta cada año 80 millones de euros en comprar cine estadounidense

"Sustituir un sistema por otro no significa dejar de respetar el marco legal existente. Es como cambiar las reglas a mitad del partido. Si haces una quita de la deuda, te cargas la industria porque los bancos perderían la confianza en las productoras", cuenta el productor Álvaro Longoria, (Morena Films), preguntado sobre la posibilidad de que el Estado no asuma su deuda. "Otra opción sería refinanciar la deuda con el banco pagando el correspondiente interés; algunos lo podremos asumir, otros no", añade Longoria, cuya productora tiene media docena de películas pendientes de pago (suponiendo que el Estado acabe subvencionando también a los filmes producidos en 2013, lo que está por ver). "Es absurdo cargarte una industria que genera decenas de miles de puestos de trabajo por 20 millones de euros, cuando TVE se gasta cada año 80 millones de euros en comprar cine estadounidense", zanja Longoria.

En 2007, PP y PSOE acordaron que el Fondo de Ayuda a la Cinematografía, presupuesto con el que cuenta el ICAA para subvencionar al cine, debería alcanzar los 100 millones de euros en 2013. Desde que lo pactaron, dicha cantidad no ha dejado de bajar. Desde que está el PP en el poder, el presupuesto se ha reducido más de la mitad: de los 76 millones de 2011 a los 33,7 de 2014. Si el presupuesto del año que viene fuera de 100 millones, como prometieron los dos principales partidos políticos, habría dinero suficiente tanto para pagar la deuda como para seguir manteniendo el sistema de subvenciones. Dado que con los 33,7 millones de euros el ICAA ni siquiera puede hacer frente a sus deudas, no es exagerado anunciar que el Ministerio de Hacienda se ha cargado las ayudas al cine en España y, de rebote, a la industria del cine nacional tal y como la conocíamos. Descansen ambos en paz.

Presupuesto del Fondo de ayuda a la cinematografía para 2014: 33,7 millones de euros (menos de la mitad que hace dos años). Deuda que el Fondo (es decir, el Estado) debe pagar a los productores en 2014: 61 millones de euros. En efecto, las cuentas no salen y surgen preguntas inquietantes. ¿Qué ocurre cuando uno no puede pagar una deuda? Que propone una quita, es decir, renegociar el pufo a la baja. La Ley de Subvenciones permite incluso al Estado tomar dicha medida sin tener que pactar nada con los acreedores: si no hay presupuesto, se prorratea el dinero que haya disponible. Se paga, por tanto, menos dinero del prometido en la subvención concedida. Dinero prometido, por cierto, que los productores ya se gastaron hace tiempo y ahora adeudan a los bancos... Habemus drama.

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