La Justicia incomoda a Sinde: no condena a las páginas de enlaces

Está claro que los jueces y la Ley Sinde parecen haber seguido caminos distintos. Mientras la ley Sinde, que ya ha entrado en vigor y se empezará a aplicar en unos meses, perseguirá y pretenderá cerrar las webs de enlaces, los jueces continúan en la senda de ampararse en la ley para no condenar a ninguna web de este tipo.

Los dos últimos casos son los de las páginas Indicedonkey y Spanishare, cerradas en 2006 durante la operación Descargas en la Red. El juez instructor libró a ambas webs de toda culpa, pero la acusación ejerció sendos recursos que acaban de ser desestimados por la Audiencia Provincial de Madrid. No es algo nuevo, ya que la historia judicial demuestra que nunca se ha cerrado ninguna web de enlaces en nuestro país. Sin embargo, estos dos nuevos sobreseimientos se convierten, aun sin querer, en un claro desafío a la Ley Sinde, ya que son los primeros llevados a cabo desde que entrase en vigor dicha ley, que pretende hacer justo lo contrario de lo que se viene haciendo hasta el momento.

Ambos sobreseimientos remiten al auto dictado en su momento por el caso Sharemula, una web que también fue absuelta. En aquel caso, el juez consideró que la web no vulneraba ninguna ley al no existir comunicación pública, ya que un enlace “constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, ya que no reproducen la página enlazada, ni dan lugar a un almacenamiento de la misma en la propia página web de la remitente”.

Lucha de poderes enfrentados

Esta situación plantea una seria incógnita de cara al futuro: ¿cómo puede una ley instaurar veredictos que van totalmente en contra de lo que actualmente están dictando los jueces? Si la Ley Sinde y su Comisión de Propiedad Intelectual prosperan (y parece evidente que así será), ¿qué pasará cuando la Comisión cierre una web y el webmaster decida denunciar el cierre ante un juez? La lógica y la historia nos dicen que el juez debería declarar inocente a la web y proceder al sobreseimiento del caso al no existir ningún tipo de vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual.

Lo que está claro es que estamos en una situación conflictiva en la que los intereses privados y concretos de la Ley Sinde chocan de frente con los intereses generales que vienen defendiendo los jueces. Quizá por eso precisamente la ley pretende apartar a éstos últimos de la toma de decisiones vinculantes.