El juez Ruz deja en libertad con cargos a Teddy Bautista y a otros dos directivos de la SGAE

Si la pasada semana acababa con las puertas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) custodiadas por la Guardia Civil, la nueva semana arranca con sus protagonistas declarando ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Distinto escenario, pero una misma trama: la Operación SAGA. El magistrado decretó libertad con cargos para Teddy Bautista y otros dos directivos de la SGAE, acusados de delitos continuados de apropiación indebida y de administración fraudulenta, además en el caso del ex cantante de los Canarios, se le acusa de un delito societario.

Por la sala número 5 de la Audiencia Nacional comenzó a desfilar ayer la cúpula de la entidad. A lo largo de la mañana declararon Teddy Bautista (quien lo hizo en tercer lugar y durante cuatro horas), presidente de la SGAE; Enrique Loras, director general; y Ricardo Azcoaga, director económico y financiero. Los tres se enfrentan a  la acusación de apropiación indebida, por haber creado una estructura societaria lucrativa en torno a la SGAE, y se les imputa delitos societarios, según los datos que obran en las diligencias, que han sido declaradas secretas. Tras la declaración ante el magistrado, sin que se conozca el contenido de sus declaraciones, el juez decretó la puesta en libertad con cargos para Bautista, y los otros dos directivos de la entidad. Los tres abandonaron las dependencias judiciales en un coche que esperaba a la puerta de la Audiencia Nacional.

Por la tarde se enfrentaron al magistrado y al representante de la Fiscalía Anticorrupción José Miguel Alonso otros dos de los arrestados: Elena García Pombo, cuñada de José Luis Rodríguez Neri, el director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE) y a quien se apunta como máximo cabecilla de la trama delictiva, y el empleado Celedonio Martín. Ambos están relacionados con la empresa Microgénesis, principal accionista de la sociedad. Los cuatro detenidos restantes pasan hoy a disposición judicial.

Los nueve arrestados prestaron declaración el pasado viernes en las instalaciones de la Guardia Civil (en la comandancia de Tres Cantos y en un cuartel de Las Rozas, en Madrid) a donde fueron custodiados tras los registros en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

Por otro lado, la SGAE anunció que "adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios" en el caso de que se demuestre que "la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática", según explican a Europa Press fuentes de la entidad de gestión.

Arma arrojadiza para los políticos, vergüenza para los artistas

Las tensiones políticas no tardaron en aparecer y así el caso SGAE sirvió como enésima excusa para librar una nueva contienda entre los dos principales partidos políticos. El fuego lo abrió el Partido Popular a través de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, al afirmar que los imputados en las investigaciones judiciales “son amigos íntimos del presidente Zapatero”. De la misma manera, Pons criticó el poco seguimiento que ejerce la ministra de cultura, Ángeles González Sinde, a la actividad cotidiana de la SGAE.

La respuesta por parte de José Luís Rodríguez Zapatero no se hizo esperar y poco después se desligó de estas  acusaciones argumentando no tener relación alguna con la cúpula de la sociedad. Zapatero consideró "deplorables" las declaraciones realizadas por Esteban González Pons y, en general, este tipo de hacer política por parte de los representantes del Partido Popular.

Por otra parte, mientras decenas de personas mostraban su alegría celebrando las detenciones con pancartas, confetis y otros artículos de fiesta, los artistas guardan su particular luto con la cabeza gacha. "La justicia tiene que actuar y la investigación debe llevarse hasta el final. Siempre me gusta pensar en la inocencia de la gente, y estaría encantado de que se demostrase que esto solo ha sido un mal aviso", aseguró el escritor Luis García Montero.

Pilar Bardem, presidenta de la entidad de gestión AISGE, declinó opinar "sobre un tema que está judicializado". "Lo que tenga que decirse lo dirán los jueces. Apuesto por la transparencia, evidentemente, y para eso están las auditorías, para saber los ingresos, los gastos y la forma en que se reparte el dinero", detalló la actriz.

Y por si eso fuera poco, faltaba la opinión del paladín defensor de la sociedad, el cantautor Ramoncín. En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone afirmó que cuando se fue de la SGAE prometió que “si alguien, en los 18 años en los que estuve trabajando, hubiese metido la mano en el cajón, yo mismo denunciaría la situación ante un juez. Lo dije así y lo recuerdo perfectamente. Por lo tanto, si finalmente se demuestra que todas las acusaciones son ciertas, seré consecuente con mis palabras”. Ni siquiera el baluarte que más dio la cara por la sociedad de autores escapaba a dudar de la gestión de la misma.

Sin embargo, algunos artistas todavía dan la cara por su presidente, Teddy Bautista. Caco Senante, miembro de la Junta Directiva, precisó que la condición de imputado no implica "que esté condenado", como ya ha ocurrido anteriormente en otros casos judiciales en España. "La Junta se va a reunir el día 12 y en su ánimo está proponer a Teddy como presiente del Consejo de Dirección", añadió Senante.