Muere la ley Sinde, nace la ley antipiratería: el PSOE cede a las exigencias del PP

El Partido Popular consiguió imponer sus tesis sobre la ley Sinde y el Gobierno aceptó las demandas de este partido, que este lunes pactó con el Ministerio de Cultura la presentación de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible en su tramitación en el Senado que recoge las principales demandas de los 'populares' en dos aspectos: las garantías judiciales y la modificación del canon.

"La Ley Sinde ha muerto, y ha nacido la Ley Antipiratería", señaló a este diario una fuente del Partido Popular. En efecto, la enmienda recoge en primer lugar la extensión de las garantías judiciales a todo el proceso que puede conllevar el cierre de una página web. "Se trata de garantizar la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución, y la libertad de empresa", señalaron estas fuentes, razón por la cual la autoridad judicial va a estar presente a lo largo de todo el procedimiento, de manera especial en el proceso de identificación de los propietarios de una página web, algo que el PP consideraba prioritario.

La segunda parte del acuerdo se refiere al Canon Digital: el PP obtuvo del Gobierno el compromiso para que en tres meses presente en el Congreso una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en su parte referida al Canon Digital. Estas fuentes señalaron que en el acuerdo no se precisa la adaptación del mismo a la reciente sentencia de los tribunales europeos, que prohiben la aplicación indiscriminada del canon, "porque vamos intentar arañar algo más en estos tres meses", pero la adaptación a esa sentencia es el mínimo que acepta el PP, tal y como ya había señalado este diario.

La negociación con la ministra la llevó personalmente la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al portavoz de Cultura de este partido, José María Lasalle, quien vino negociando este asunto con el diputado socialista José Enrique Serrano estas semanas atrás desde que el Congreso rechazara la anterior redacción de la Ley Sinde.

Garantía para todos

Tras el acuerdo, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmó en rueda de prensa en la Cámara alta que la nueva legislación "garantiza absolutamente los derechos de todos".

"Los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad" porque esta ley no les perseguirá, añadió la ministra, para quien el acuerdo "aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual".

Por su parte, el propio Lasalle, aseguró que el texto acordado confirma el planteamiento inicial de su partido de buscar "un equilibrio entre los derechos de la propiedad intelectual en la red y la propia libertad que debe presidir el funcionamiento de internet".

"No nos hemos movido de nuestro planteamiento inicial. Hemos señalado que cualquier regulación de la propiedad intelectual en la red, sobre el que hay un consenso unánime de las fuerzas políticas, debería pasar por una tutela judicial", ha subrayado Lasalle.

En la nueva redacción de la ley antidescargas, el juez interviene desde el primer momento del proceso que podría extenderse al menos diez días antes del cierre de una web.

La enmienda recoge, como el anterior texto, la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

Se añade que todo requerimiento de cierre de una web "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. La falta de resolución en los plazos determinados "tendrá efectos desestimatorios de la solicitud", añade el texto.

Las reacciones

Nada más conocerse el acuerdo, las reacciones de creadores e internautas no se han esperar, y el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, descalificó en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado y afirma que "han pactado una ley que no convence a nadie".

Según el tuiteo que ha mantenido De la Iglesia con otros internautas el acuerdo con el PP "ha enfangado una cosa de por sí enfangada".

Tampoco el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, está satisfecho, y ha reconocido en declaraciones a EFE que el texto es "una decepción".

"Si realmente hay garantías judiciales no se entiende para qué necesitamos una comisión", ha aseverado Domingo, quien no comprende la creación de una enmienda que "no responde a intereses concretos, ni de los creadores ni de los internautas".