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@Cristina Fernández - 16/03/2010

 

 

 

 

 

 

 

A los dos días de convertirse en presidente de Estados Unidos, Barack Obama firmó la orden ejecutiva de cerrar la prisión de Guantánamo en el plazo de un año. Al mismo tiempo se lanzaba un proyecto conjunto entre diversos departamentos del Gobierno, Servicios de Inteligencia y la Administración, para analizar la situación de todos y cada uno de los más de 200 reclusos que quedaban en la base. El equipo daría después sus recomendaciones al fiscal general, Eric Holder, encargado de decidir dónde se juzgará a los detenidos.

Ni el problema ni la solución han resultado tan sencillos. Obama no cumplió el plazo y sufrió un revés importante con el atentado fallido en el vuelo de Ámsterdam a Detroit el pasado 25 de diciembre. Catorce meses después de hacer su promesa, el presidente ve cómo se enreda el cierre de Guantánamo sin un plan concreto sobre el destino de los detenidos.

"Desafortunadamente, la Administración anterior no dejó claro lo difícil que iba a ser determinar las circunstancias de cada uno de los reclusos", argumenta Louis Goodman, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de American University, en Washington. Según Goodman, el Gobierno de Obama se enfrenta a dos problemas para cerrar Guantánamo: decidir qué detenidos y cómo serán juzgados, y qué hacer con los que la administración no quiere juzgar.

La administración Bush envió los primeros detenidos a Guantánamo en enero de 2002. Un mes después creaba para ellos la categoría especial de combatientes enemigos. Los reclusos no eran prisioneros de guerra. El equipo de Obama se enfrenta ahora a la dificultad de analizar la procedencia y estatus legal de cada uno de ellos, como explica Benjamin Wittes, experto del Brookings Institute para las cuestiones legales de la base de Guantánamo. El New York Times publicó el pasado mes de enero que casi la mitad pueden ser transferidos a otros países. El problema es la otra mitad: cada caso debe ser evaluado al detalle para determinar si serán juzgados y si lo hará un tribunal federal o una comisión militar.

El ideólogo del 11-S, pendiente de juicio

Como ejemplo de la dificultad de esta decisión sirve el paso atrás que ha tenido que dar Obama a la hora de juzgar a Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto ideólogo del 11-S, en un tribunal federal de Nueva York. El rechazo de los ciudadanos y las autoridades, por el riesgo que supone un juicio de tal magnitud en la Gran Manzana, ha obligado a rectificar a la administración.

Hay varias diferencias entre los juicios civiles y los militares, pero una de ellas puede condicionar el resultado: el tipo de evidencias que se admiten a juicio. Mientras que los tribunales civiles rechazan las pruebas obtenidas mediante tortura, las comisiones militares cuentan con reglas algo más flexibles. Además puede haber más posibilidades de lograr una sentencia en un juicio militar, según explica para Associated Press el juez Brian Levin, director del Centro de Estudios de Odio y Extremismo de la Universidad de California. Algo que preocupa a los defensores de derechos humanos.

Según explica Joanne Meriner, directora del Programa de Terrorismo y Lucha Antiterrorista de Human Rights Watch, las comisiones militares pertenecen a la cadena de mando del Ejército, con el presidente del país como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los juicios civiles, con el aval de la Constitución, garantizan la independencia y protección del juicio ante posibles presiones políticas del Gobierno o del Congreso. "Defendemos los juicios civiles porque creemos que garantizan un juicio justo para los detenidos. Las comisiones militares no son tan independientes y además han sido utilizadas políticamente por algunos congresistas", afirma Meriner.

A pesar de la fuerza con la que la oposición reclama los juicios militares, los demócratas negocian estas semanas con los republicanos para alcanzar un acuerdo y avanzar en el cierre de la prisión. El presidente Obama ha elegido a una persona tan cercana a él como el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Rahm Emmanuel tiene seis años de Congreso a sus espaldas, una buena relación con Lindsey Graham -el republicano que lidera las negociaciones para su partido-, y es el más indicado para acercar posiciones tanto dentro del Congreso como con el Gobierno. "La designación de Emmanuel nos da una señal de las prisas que tienen por cerrar un acuerdo", afirma Goodman.

La semana pasada el New York Times y POLITICO adelantaban posibles elementos de la negociación, desde el uso de comisiones militares hasta recomendaciones fijas para determinar qué hacer con cada detenido o la posibilidad de retener a algunos de ellos en cárceles estadounidenses y de forma indefinida. "Soy muy escéptico ante la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa ni que estén cerca de cerrarlo", afirma Ken Gude, director del Programa de Derecho Internacional del Center for American Progress. "Por muy dispuestos que estén a hablar con los republicanos, han ofrecido algo que la administración nunca podrá aceptar".

El pasado verano, el equipo que trabaja desde el Departamento de Justicia y de Defensa redactó una serie de recomendaciones para determinar qué hacer con cada uno de los detenidos. La flexibilidad de estas sugerencias contrasta con el plan estricto que defienden los republicanos y su insistencia en que los reclusos deben pasar por comisiones militares. "La administración de Obama está recibiendo muchas presiones para que los juicios se celebren en tribunales militares”, explica Meriner. “Al elegir un tribunal federal y civil para juzgar a Khalid Sheikh Mohammed, el Fiscal General Eric Holder estaba reconociendo que es el juicio más importante de este siglo y que corresponde a un tribunal civil”.

Presión política para cerrar la prisión

Pero la oposición ha cogido ventaja y ve el cambio de opinión del Gobierno como una pequeña victoria. Meriner, que compareció en 2006 ante el Parlamento Europeo durante el caso de los vuelos secretos de la CIA, afirma que la presión política detrás del cierre de Guantánamo complica el trabajo de Obama. "No será tan complejo como la negociación para la reforma sanitaria, pero sigue siendo difícil por el componente político", coincide Goodman.

A la lucha entre los partidos políticos se une las distintas interpretaciones de la legislación que concierne a los detenidos en la base militar. El experto en Guantánamo Benjamin Wittes analizó en una investigación para el Brookings Institute los diferentes casos que la administración ha ido revelando. "Los jueces tienen una visión dramáticamente distinta según los casos, desde el procedimiento legal al que debe tener acceso cada detenido hasta la evidencia que se debe rechazar en los juicios o los requisitos mínimos para haberles detenido en un principio", explica Wittes. "La administración anterior hizo una interpretación muy radical y extrema, pero ahora hay otro partido en el poder que hará una interpretación distinta", añade Goodman.

Para Matthew Waxman, antiguo oficial del Pentágono y del Departamento de Estado para la administración Bush, "el aspecto político de este asunto está afectando a las decisiones del Gobierno", nos cuenta en una entrevista. "Tienen clara preferencia por los juicios civiles, pero se han quedado sin apoyo. Si quieren cerrar la base pronto, tendrán que confiar en las comisiones militares más de lo que esperaban".

El rechazo de los republicanos se ha traducido en la congelación de los fondos para comprar la prisión de Illinois a la que la Casa Blanca ha propuesto trasladar los reclusos. Obama se enfrenta además a nuevas dificultades para la repatriación de los reclusos. El giro de la lucha antiterrorista hacia Yemen ha obligado a suspender todos los traslados de detenidos a ese país. “Es muy difícil que esto se solucione en los próximos meses”, afirma Gude. “No creo que el Senado logre cerrar ningún acuerdo antes de 2011, pero nunca lo hemos tenido tan cerca”.

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