La UE investigará la TDT en Castilla-La Mancha por posibles ayudas ilegales

Las adjudicaciones de TDT están revelando una serie de posibles tratos de favor que podrían ser constitutivos de delito, sobre todo en las concesiones llevadas a cabo en cada Comunidad Autónoma. El foco de mayor sospecha se sitúa en Castilla-La Mancha, cuyas adjudicaciones serán investigadas por la Unión Europea ante la sospecha de posibles ayudas ilegales a los proveedores.

Desde Bruselas se ha enviado un escrito al Gobierno español en el que se le comunica que investigará las adjudicaciones de TDT en Castilla-La Mancha ante la sospecha de que se hayan llevado a cabo posibles ayudas ilegales a empresas sin la notificación previa a la Comisión Europea ni su consentimiento posterior.

En el principal foco de las sospechas a nivel nacional se encuentran las empresas Abertis y Telecom Castilla-La Mancha, las dos mayores contratistas de España con un 57,18% y un 13,72% del importe financiado por el Gobierno español, respectivamente. Los contratos adjudicados a estas empresas, según la Comisión Europea, podrían ser irregulares, ya que “el régimen controvertido parece dar una ventaja selectiva a los proveedores e instaladores de red (ventaja sectorial), a los operadores de la plataforma de TDT y a los radiodifusores de TDT, tanto en abierto como en acceso condicional”.

Este régimen perjudicaría a operadores satélite como Astra, que ha denunciado competencia desleal, una denuncia que ha sido apoyada por la UE, que considera que “a primera vista, la medida controvertida parece entrañar una ventaja competitiva (consistente en el incremento de la demanda) en beneficio de los proveedores de equipos de telecomunicación”. Así pues, “podría producirse falseamiento de la competencia entre diferentes plataformas (terrestre y satélite), ya que la medida controvertida va dirigida a la digitalización e instalación de centros emisores terrestres totalmente nuevos, sin considerar la transmisión por satélite”.

En sus conclusiones, la Unión Europea culpa al Gobierno y a las Comunidades Autónomas de usar los fondos públicos para ayudar a las empresas de TDT a tener ventaja competitiva frente al satélite, una ventaja que sería inexistente sin las ayudas estatales y regionales: “Al financiar los costes asociados a la extensión de la plataforma de TDT, el régimen podría por tanto determinar un falseamiento de la competencia potencial o real entre los proveedores de equipos de telecomunicación activos en distintas tecnologías y entre las plataformas terrestre y por satélite. Además, la medida podría crear un falseamiento de la competencia entre los radiodifusores de TDT y de satélite, tanto en televisión en abierto como de pago, ya que la primera utiliza una plataforma que, sin la medida, no estaría disponible (o estaría disponible a un coste superior)”.

Al margen de las consideraciones generales sobre la competencia desleal de los operadores de TDT en toda España, la Comisión Europea ha anunciado un procedimiento exclusivo para Castilla-La Mancha, que destinó ayudas económicas directas a Telecom Castilla-La Mancha sin llevar a cabo una licitación previa, como hicieron el resto de regiones: “Las Comunidades Autónomas (a excepción de Castilla-La Mancha, que ha concedido ayuda económica directamente al operador de la plataforma) organizaron licitaciones para el suministro e instalación de los equipos de telecomunicación necesarios para digitalizar los centros emisores existentes o construir otros nuevos”.

Posible boicot a Telemadrid

Según informa el Heraldo de Henares, la empresa Telecom Castilla-La Mancha cuenta entre sus accionistas con la propia Junta de Castilla-La Mancha, que participa en un 45%, y Caja Castilla-La Mancha (CCM), que participa en un 20%. Además, la empresa está presidida por Petra Mateos-Aparicio Morales, ex directora general del Gabinete de Miguel Boyer y consejera de CCM.

En el staff de Telecom Castilla-La Mancha también se encuentran los nombres de diversos altos cargos públicos de Castilla-La Mancha: Rafael Ariza Fernández (director general para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones, de la consejería de Industria de la Junta de Castilla La Mancha), Eloy Rodríguez Barrena (secretario general de la consejería de Presidencia), Manuel Laguna Monroy (secretario general de Obras Públicas de la Junta de C-LM), Francisco Herranz Manzano (presidente de El Reino de Don Quijote y consejero delegado de la Corporación CCM), o Alejandro López Hernández (ex secretario del Consejo de Administración de CCM).

Los problemas de esta empresa no acaban con la investigación que va a abrir la Unión Europea, sino que además está siendo acusada de obstaculizar la señal de Telemadrid en Guadalajara, donde se podía ver la televisión pública madrileña desde el canal 63 hasta el pasado 5 de noviembre. A partir de ese día, una imagen negra sustituye a la señal de Telemadrid, que llegaba a Guadalajara por su proximidad geográfica.

El causante de esta obstaculización de la señal es un repetidor propiedad de Telecom Castilla-La Mancha colocado en el municipio de Cabanillas del Campo, en la provincia alcarreña. La causa de las interferencias ha podido conocerse gracias a un vídeo que circula por YouTube y que muestra el panel que estaría obstaculizando la señal de Telemadrid que debería aparecer en el canal 63, tal y como muestra un equipo de medición conectado a una antena directiva especial que recibe y localiza señales de televisión:

En Internet ya han surgido varias plataformas ciudadanas que denuncian este hecho a través de soportes como la web Ver Telemadrid o el perfil Ver Telemadrid en Guadalajara de Facebook. Además, el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, gobernado por el PSOE, ha emitido un comunicado desvinculándose de este posible boicot y responsabilizando a Telecom Castilla-La Mancha de cualquier perjuicio.