Telefónica se suma a su socio Prisa y abre otro frente contra Mediapro

Si debe medirse a las empresas por sus rivales, la de Jaume Roures se ha topado con un adversario fenomenal. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) decidió ayer incoar expediente sancionador contra Mediapro por vincular la venta de los derechos de retransmisión de la Liga y la Copa de fútbol a la contratación de los servicios de producción y transporte de la señal. Una práctica que podría limitar la competencia. La denuncia, presentada el pasado 29 de marzo, habría sido remitida a la CNC por Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), productora participada en un 100% por la compañía de César Alierta.

“No deja de sorprender que el expediente se haya incoado a raíz de una denuncia interpuesta por una de las primeras multinacionales del sector de las telecomunicaciones, que afirma ver limitada su actuación en el mercado español por las retransmisiones efectuadas por Mediapro”, apuntaba la productora catalana tras conocer la decisión de Competencia. Y no se sugería el denunciante sin intención. Telefónica llegaba a un acuerdo a finales de diciembre para comprar un 22% de Digital Plus. La operación, todavía a expensas de la decisión de la CNC, convertirá a Telefónica en socio de Prisa, enemigo declarado de Mediapro.

Desde el sector, sin embargo, no se ven fantasmas y simplemente se critican abiertamente las prácticas empleadas por Mediapro. “No parece lógico que tengas los derechos y se te obligue a contratar las producción con ellos bajo amenaza de retirártelos. La denuncia puede venir porque TSA ya tenía prácticamente cerrado un acuerdo con una televisión para producir la señal y Mediapro se interpuso en la operación. Si nadie lo impide, van a conseguir quedarse solos en el mercado. Es algo que ya está pasando”, se asegura bajo condición del anonimato. Este periódico ya apuntaba recientemente la posición de privilegio de Roures en el mercado de las unidades móviles.

Un modelo similar al de EEUU

La productora de Jaume Roures y Tatxo Benet negaba tajantemente haber incurrido en ninguna práctica anticompetitiva y subrayaba que el modelo que utiliza es el habitual en todas las operadoras y canales televisivos en Europa y EEUU. “Mediapro ofrece a sus clientes el acceso a un producto final, como es la retransmisión en directo de un partido de fútbol como ocurre, por otra parte, en las retransmisiones de deportes como la Fórmula 1, el Mundial de Motociclismo, el Mundial de Fútbol, el Mundial de Básquet y, en general, todas las grandes ligas de fútbol europeas”, según recoge en un comunicado. La CNC tiene 18 meses para instruir y resolver el expediente.

Mediapro presentó a mediados de junio concurso de acreedores tras ser condenada a indemnizar con más de 100 millones de euros a Sogecable, filial de Prisa con la que desde 2006 mantiene una guerra jurídica por la propiedad de los derechos del fútbol. Ante la posibilidad de tener que abonar esa cantidad y de no recibir de Prisa los 90 millones por el primer pago de los derechos de retransmisión de la Liga para la presente temporada, la productora catalana se acogió a la antigua suspensión de pagos para evitar “una situación que puede abocar a un desequilibrio de los flujos de caja”. El concurso paralizó la ejecución de la resolución, recurrida a la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque sí el más importante, el frente de Prisa no es el único sobresalto que ha tenido Mediapro en las últimos meses.

El 30 de agosto la Televisión Autonómica Valenciana (TVV) denunciaba que la productora impidió que sus equipos accedieran a los estadios durante la primera jornada de la Liga de fútbol. Según Mediapro, la decisión se debía a un impago de 10 millones de euros por parte de Canal 9 en concepto de derechos de retransmisión. No obstante, la cadena valenciana aseguraba ser el segundo principal acreedor del accionista de La Sexta, con una cantidad reconocida de 25 millones de euros. A mediados de septiembre, un juzgado de Barcelona obligaba a Mediapro a permitir a Canal 9 que emitiera los partidos de fútbol contratados a cambio de un aval de dos millones de euros.