Las TV autonómicas desangran las arcas públicas con pérdidas de 1.200 millones al año

Un pozo sin fondo a mayor gloria de los intereses políticos. La líder del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, propuso el miércoles la privatización de la televisión pública manchega, abriendo el debate sobre el agujero negro que suponen estas cadenas para las arcas autonómicas. Según los últimos datos agregados, correspondientes al año 2008, las televisiones regionales perdieron 1.208 millones de euros sin considerar las paliativas subvenciones que reciben de los gobiernos. “Ahorraríamos hasta 50.000 millones de las antiguas pesetas” entre esta legislatura y la siguiente, lanzó la secretaria general del PP para avalar su iniciativa.

Los ingresos de explotación de las 13 corporaciones con canales regionales se elevaron ese año a 1.060,8 millones de euros, de los que 698,7 correspondieron a subvenciones. El total de gastos alcanzó la friolera de 1.501,4 millones, según recoge Deloitte en un informe elaborado para Uteca, asociación que agrupa a las cadenas privadas. Unas pérdidas anuales insostenibles que no sólo no se han aliviado en el último año y medio, sino que empiezan a pasar factura a algunas comunidades autónomas. Según revelaba recientemente el consejero socialista en la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Miguel Mazón, citando la auditoría de Ernst & Young, las tres sociedades que componen el grupo se encuentran en “quiebra técnica”.

La RTVV registró sólo en 2009 unas pérdidas de 278,9 millones de euros y la deuda acumulada rozaría los 1.200 millones de euros. Es sólo la punta del iceberg. De acuerdo con el informe de Deloitte, el ebitda (beneficio antes de impuestos) de las televisiones en 2008 arrojó un resultado negativo de 319,1 millones de euros, que se eleva a 1.017 millones si se eliminan las subvenciones. Así un año tras otro. Un escenario que se puede complicar todavía más si, como parece lógico, las comunidades autónomas siguen la senda marcada por el Gobierno central, que desde principios de este año eliminó la publicidad en TVE. No es de extrañar su resistencia en tanto los canales regionales ingresaron 277,9 millones por este concepto en 2008.

Triunfan las tesis de CEOE 

De Cospedal abraza con su apuesta las tesis defendidas por los empresarios. Según consta un documento elaborado por la patronal el pasado mes de julio titulado Propuestas de CEOE para recuperar la confianza en la economía española, es necesario reducir las subvenciones destinadas a la prestación de determinados servicios públicos. “Han de abordarse también las pérdidas del sector público empresarial que ha crecido intensamente en las comunidades autónomas en los últimos años y de algunas empresas públicas. Un ejemplo orientativo sería el de las televisiones públicas, fuertemente endeudadas, que generan elevados déficit y que podrían ser privatizadas”, reza el texto de la organización de Gerardo Díaz Ferrán.

En todo caso, el anuncio de la secretaria general del PP no fue improvisado. La precaria situación económica de estos canales y su utilización política por parte de los diferentes gobiernos autonómicos han llevado al PP a exigir su privatización y convertir esta materia en uno de los caballos de batalla política para el último cuatrimestre del año. De hecho, el propio Mariano Rajoy ratificó ayer, durante una comparecencia de prensa en Toledo para retomar el curso político, que su partido reclamará  al Gobierno la posibilidad de que las autonomías elijan libremente el tipo de gestión de las televisiones públicas, incluyendo la privatización.

Fuentes populares explicaron a El Confidencial que el Grupo Parlamentario lleva tiempo preparando una iniciativa para modificar la Ley de Terceros Canales, que impide la introducción de la gestión privada en los canales autonómicos. De hecho, el PP ya presentó una enmienda en este sentido a la Ley General Audiovisual, aprobada en marzo de este año. No obstante, como apuntó Rajoy, en los próximos cuatro meses se presentará una propuesta específica para que el Congreso de los Diputados dé libertad de acción a las comunidades.

De este modo, el PP nacional ha asumido una de las iniciativas más polémicas del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. En 2007, la Asamblea de Madrid aprobó una proposición que instaba al Ejecutivo central a cambiar la legislación, y permitir la privatización de Telemadrid. Una idea que ya había llevado en su programa como presidente madrileño el actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y que acabó guardada en el cajón por la fuerte oposición de la izquierda política y sindical.