ElConfidencial.com

No me chilles, que no te veo. Esa parece ser toda la comunicación que han entablado el Gobierno y los jueces encargados de llevar los casos de denuncias contra páginas que contienen enlaces a redes P2P. Y es que, mientras el Ejecutivo sigue adelante con la ley que podrá cerrar páginas web por vía administrativa, los magistrados siguen otorgando sobreseimientos y dando luz verde a estas páginas.

Además del último caso conocido (un juez de Barcelona ha desestimado la demanda de la SGAE contra la página web www.elrincondejesus.com.), hace unos días, David Bravo, abogado defensor de uno de los imputados en el caso Indicedonkey contra una web de enlaces a P2P, anunciaba un nuevo sobreseimiento de este proceso por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. El caso ya se archivó en marzo de 2008, pero el archivo ha sido confirmado tras la ratificación de una prueba pericial.

Indicedonkey, Sharemula, Spanishare, Elitedivx... los casos de sobreseimiento no son pocos ni excepcionales, sino que constituyen el mayoritario resultado de las causas abiertas contra las páginas que facilitan el acceso a contenidos transmitidos a través de redes P2P. Sin embargo, esta historia podría cambiar si la Ley de Economía Sostenible (LES) instaura la posibilidad de cerrar webs sin intervención judicial, es decir, dentro de un proceso administrativo llevado a cabo mediante una comisión constituida por el propio Ministerio de Cultura y por miembros de la industria de contenidos, entre otros.

Una propuesta que no ha hecho ninguna gracia a más de uno: “No sólo se está apartando a los jueces, sino que la propia industria podría sustituirlos”, aseguraba David Bravo en TVE. Para este abogado, los continuos sobreseimientos de casos contra este tipo de webs son la causa directa de que se impulse el cierre de páginas por vía administrativa: “Como los jueces no interpretan las leyes como lo hace la industria y sus representantes del Ministerio, es necesario quitarlos del medio. Tras perder varios partidos seguidos, le dicen al árbitro: mejor deme a mí el silbato, que ya me encargo yo de esto”.

La lista de Sinde

El colectivo La lista de Sinde ha liderado uno de los muchos movimientos en contra de este apartado de la LES y ha elaborado una lista en la que más de 1.200 páginas web se autoinculpan de desobedecer este anteproyecto de ley. La lista ha sido presentada este martes ante el Ministerio de Industria como método de protesta.

El Gobierno cuenta con el tradicional azote de la SGAE y de la industria de contenidos para instaurar este tipo de actuaciones, pero en los últimos meses se ha unido un nuevo grupo de presión. Y es que España lleva ya dos años en la lista negra del Informe 301, un documento elaborado desde el Gobierno de Estados Unidos y que señala con el dedo a los países que, según el criterio americano, no luchan contra las infracciones de propiedad intelectual.

Pese a que el código penal español no tipifica como delito el intercambio de archivos siempre que no exista comunicación pública ni ánimo de lucro, cada vez son mayores las presiones de Estados Unidos para que nuestro país se una a las acciones globales en contra de las redes P2P.

Pero para que España pueda sumarse a estas iniciativas, antes tendrá que quitar poder a los que les quitan la razón: los jueces.