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Sábado, 26 de diciembre de 2009

La oposición forzó ayer al Gobierno a aplazar el debate y aprobación del proyecto de ley audiovisual hasta el 7 de enero, después de que los socialistas no distribuyeran a los grupos 52 enmiendas transaccionales que debían ser debatidas ayer en el Congreso. Todos los partidos, a excepción de CiU, con quien el Ejecutivo ha negociado la ley, amenazaron con no acudir a la Comisión Constitucional al entender que era imposible estudiar el total de las 600 enmiendas presentadas.

El portavoz del PSOE en esta Comisión, Óscar López, trató de aclarar que en ningún momento el proyecto se ha tramitado "con carácter de urgencia", y aseguró que no entendía las críticas de la oposición. "Es ridículo", señaló, que acusen a los socialistas de intentar llevar a cabo un procedimiento "exprés" con esta iniciativa cuando, a su juicio, se les ha facilitado las enmiendas no en la propia comisión, como es habitual, sino días antes de celebrarse. López admitió que se han presentado más de 600 enmiendas al proyecto, aunque consideró que "perfectamente" se podrían tramitar como estaba previsto.

Además, el portavoz socialista recordó a los grupos que han pedido el aplazamiento que las 52 enmiendas transaccionales que ha ofrecido el PSOE recogen más del 40% de las iniciativas propuestas por la oposición. Por otra parte, defendió la importancia de la ley de comunicación audiovisual, una ley, según destacó, que ningún otro Gobierno ha puesto en marcha pese a haberse comprometido a ello, y que es "fundamental" porque "por fin" dará seguridad jurídica a todo el sector audiovisual y cinematográfico.

Malestar en los grupos parlamentarios

De acurdo con López, su tramitación es prioritaria, en primer lugar, porque el 3 de abril se producirá el apagón analógico y es necesario que "exista" antes de esa fecha; y, segundo, porque esta ley responde "en gran medida" a la trasposición de una directiva europea. Por último, tachó de "ridículas" las críticas vertidas contra el grupo socialista por haber pactado esta iniciativa con CiU, a la que también parece que se sumará Coalición Canaria, y calificó de "impropio" el comportamiento de PP, PNV y del grupo de ERC-IU-ICV por solicitar, junto al BNG y Na-Bai, que se aplazara el debate y votación del proyecto hasta febrero.

La mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron molestos por que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se negara a negociar con ellos la Ley Audiovisual. Según fuentes parlamentarias, el Gobierno se limitó a recabar el apoyo de CiU a través de su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, y trató de dar carpetazo al proyecto fijando para las fechas navideñas su aprobación.

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