Herrero de Miñón 'ayudará' a Bibiana Aído a eliminar los anuncios de sexo en prensa

Miguel Herrero de Miñón, uno de los siete padres de la Constitución y actualmente consejero permanente del Consejo de Estado, ultima el informe que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, solicitó a la alta institución el pasado mes de mayo sobre los anuncios de contactos sexuales en prensa. El Gobierno busca fórmulas legales para su eliminación, ante la oposición de la mayor parte de editores, que mantienen en estos clasificados una importante vía de ingresos frente un negocio publicitario que no levanta el vuelo y que podría incluso empeorar en la segunda parte del año.

Igualdad prefiere no hablar de plazos, aunque fuentes próximas al Ministerio confirman que es Herrero de Miñón, ex diputado de UCD y AP, quien está elaborando el informe. Toda una prueba de fuego para él después de las críticas recibidas desde los sectores que tradicionalmente le son afines por la ponencia que elaboró y aprobó por unanimidad el Consejo de Estado sobre la ley del aborto. El informe entendió que la norma planteada por el Gobierno era constitucional y reconoció la capacidad de decisión de las jóvenesde 16 años para abortar, si bien recomendó al Gobierno que introdujera fórmulas para que los padres fueran informados.

Desde Igualdad se espera un dictamen duro sobre los anuncios de sexo, una de las cruzadas de Bibiana Aído desde la creación del Ministerio.“Nuestra primera apuesta era la autorregulación, porque así es como se ha hecho en el resto de países europeos, donde la prensa seria no tiene anuncios de contactos”, dijo la ministra en el pleno del Congreso en que anunció la solicitud al Consejo de Estado. “Hay que ver con qué alternativas legales podemos contar por si tenemos que dar un paso más”, remachó en su comparecencia ante la Cámara baja.

De hecho, no es Aído el único miembro del Gobierno que se ha posicionado claramente en contra de los anuncios de sexo en la prensa española. También el pasado mes de mayo la cúpula de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) se reunía con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. ¿Objetivo? Recordarle los apuros publicitarios que sufría la prensa española, la falta de ayudas por parte del Ejecutivo y presionar para lograr una tasa Google. La ministra no dudó en recordar a Manuel Polanco, José Manuel Vargas y Antonio Fernández-Galiano que los anuncios de contactos se habían disparado para compensar los menores ingresos.

Renunciar a millones de euros anuales

Los diarios no facilitan cifras oficiales sobre la cantidad que facturan por estos anuncios, pero no es difícil echar cuentas. “El 7,5% de la facturación publicitaria viene por clasificados. De entre ellos, un 58% son de relax y un 20% inmobiliarios”, se revela a este diario desde el departamento comercial de una de las principales cabeceras nacionales. Un periódico como El País ingresó por publicidad en 2009, en lo más duro de la crisis, un total de 128,3 millones. Por el momento, pocos diarios han optado por retirar los reclamos sexuales. Lo ha hecho, por ejemplo, La Razón, renunciando a una jugosa renta.

Los editores también tienen sus razones para hacerse fuertes. Y es que no sería el primer rejón del Gobierno a sus cuentas de resultados. La Ley de Economía Sostenible (LES) establece que las empresas no tengan la obligación de dar publicidad en los periódicos a sus acuerdos societarios, cuando hasta ahora pasaban por caja. Aunque el daño de esta disposición es sobre todo para los diarios económicos, para los que estos anuncios pueden suponer de media un 11% de la inversión publicitaria total, las cabeceras nacionales facturan por este concepto no menos de medio millón de euros anuales, según admitía a este diario un ejecutivo de uno de los cinco diarios con mayor difusión.

Las medidas que podría tener sobre la mesa el Ministerio de Igualdad pasan por la mera sanción a quien incluya en sus páginas los anuncios de contactos o por condicionar la publicidad institucional en la prensa a su eliminación. "No parece lógico que se denuncie en unas páginas la trata de mujeres con fines de explotación sexual y que se pueda anunciar en otras", ha remachado Aído. El Consejo de Estado, presidido por Francisco Rubio, cuenta con ocho consejeros permanentes y con una pléyade de consejeros natos y electivos. Su informe marcará las pautas al Ministerio de Igualdad, que no contempla otra opción que no pase por su desaparición.