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Los grandes editores se han hartado de repetir que no quieren ser un sector subvencionado por el Gobierno. Pero lo cierto es que a De la Vega, que comanda el plan de ayudas al sector, van a pedirle dinero, mucho dinero. El documento que los dueños de la prensa ultiman para remitir a la vicepresidenta no sólo contempla “un incremento de las suscripciones por parte de las instituciones públicas”, incluidos ministerios, sino también que el Ejecutivo “incremente la inversión publicitaria institucional en la prensa a niveles del año 2007 para los próximos tres años”. Todo en plena cruzada para recortar el gasto público.

La inversión del Estado en materia de publicidad y comunicación institucional alcanzó en 2007 la friolera de 269,5 millones de euros, tope a partir del cual fue bajando hasta los apenas 130,9 que el Gobierno contempla para el presente ejercicio. Según datos finales de Presidencia, de esos casi 270 millones de euros de hace tres años, los Ministerios canalizaron 70,7 millones a la prensa, más de una tercera parte de los 234 que manejaron en campañas. Aunque no hay datos definitivos de 2009 ni previsiones concretas para 2010 por medios, ya en 2008 la inversión en diarios se quedó en apenas 22,8 millones de los 116 en manos de los Ministerios.

La avidez de cash por parte de los editores enlaza con sus inquietantes cuentas de resultados. El propio documento para De la Vega, al que ha tenido acceso El Confidencial y que el presidente de la Asociación Española de Diarios Españoles (AEDE), Antonio Fernández Galiano, presentó ayer para su aprobacion a la junta directiva, hace una dura radiografía del sector. Y recuerda que en los primeros nueves meses de 2009, el beneficio bruto de explotación conjunto de Prisa, Vocento y Unidad Editorial se queda en 14 millones de euros, desde los 68 del mismo periodo del año anterior y los 200 millones hasta septiembre de 2007.

También reconoce lo que es un aviso a navegantes: “Aunque las cifras no son públicas, se podría estimar que tras añadir las amortizaciones, resultados financieros e impuestos, el resultado neto agregado de los tres mayores grupos de prensa en España sería negativo en un importe muy considerable”. Para complementar esos ingresos extra, se plantea solicitar a la vicepresidenta de una reducción del IVA para las inserciones publicitarias, así como que se permita la publicidad de todos los productos legales. Por ejemplo, la publicidad de bebidas alcohólicas y juego o los alimentos dedicados a la infancia y juventud, cuyos anuncios el anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición restringe.

Revolución laboral con jubilaciones anticipadas

Además, los editores plantean que el sector necesita para su supervivencia una auténtica revolución en materia laboral. “Los convenios en vigor son rígidos y no permiten acometer individualmente los cambios necesarios”, denuncian de forma tajante. Mientras el Gobierno se plantea elevar a los 67 años la edad de jubilación, AEDE propone la creación de “medidas de acceso directo a un sistema de jubilación anticipada” y que se fijen mecanismos para que que el editor “pueda modificar, suspender o extinguir la relación laboral bajo ciertos supuestos predefinidos”. También todo un proceso de ajuste y flexibilización de las condiciones de trabajo si los profesionales quieren mantener el trabajo y el sueldo “en la nueva realidad multisoporte”.

En paralelo, recogen la necesidad de fomentar la movilidad interna y, en general, una nueva organización de la empresa periodística. Llama la atención que pidan “una definición exhaustiva de aquellas actividades que pueden ser realizadas por profesionales independientes, cuya relación jurídica con el editor no pueda ser interpretada como laboral por cuenta ajena”. La cuestión no es baladí. Una sentencia obligaba recientemente a El Mundo a integrar en su plantilla a ocho fotógrafos que ejercían como colaboradores fijos del medio desde hacía entre 9 y 19 años sin que hubiera una relación mercantil de por medio.

Para la reconversión del sector, se demandan ayudas para la modernización de la red de ventas, un planteamiento que Moncloa ya tiene en sus oraciones. Como también contempla medidas de fomento de la lectura, que pasarían por subvencionar el coste íntegro de la suscripción durante un año para todos los jóvenes que cumplan 18 años. Los editores quieren igualmente una asignatura en el plan educativo nacional que utilice la prensa como material didáctico. Eso sí, “añadiendo el coste de las suscripciones que sean necesarias”.

Dos mesas de negociación

De la Vega se reunió a finales de diciembre con Fernández Galiano, recién aterrizado éste a la presidencia de AEDE, con el fin de retomar los contactos y cerrar el plan en el semestre de Presidencia europea. Según avanzó este periódico, la vicepresidenta pidió al consejero delegado de Unidad Editorial un documento de partida con una batería de propuestas, que es el que se debatió ayer entre los ‘amos de la prensa’. "Habrá una mesa política con los editores, donde se trazarán las líneas generales, y otra más técnica, donde los especialistas entrarán en los detalles", aseguran fuentes conocedoras de cómo se desarrollará el proceso.

En ese abanico de propuestas también se incluye la preocupación de los editores por el impacto en las ventas de los agregadores de noticias en Internet como Google News. “Son necesarias modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual  que ratifiquen con mayor precisión los derechos de los editores en Internet” y “no permitan que actos evidentes de explotación de contenidos ajenos no estén sujetos a autorización previa”, traslada el texto a Vicepresidencia.