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Extraños compañeros de cama. El grupo catalán de CiU ha presentado una enmienda en el Senado a la Ley General Audiovisual para evitar que el primer canal que arrienden las cadenas a partir del apagón analógico tenga que ser obligatoriamente de pago. Una propuesta que, de aprobarse, supondría un claro alivio para Vocento y Unidad Editorial, que ya tienen acuerdos con multinacionales como Disney y Sony para sus canales en TDT, emitiéndose ambos en abierto. Desde abril, cada operador privado gestionará un múltiplex digital de cuatro canales.

La redacción actual de la Ley General Audiovisual, en su artículo 29.2.c., expone que “cuando la licencia comporte la adjudicación de un múltiplex completo de dos o más canales, no se podrá arrendar más del 50% de la capacidad de licencia”. A lo que se añade que, “en todo caso, la explotación del primer canal objeto de arrendamiento deberá incorporar contenidos total o parcialmente de pago”. CiU aboga en la enmienda número 396 de las presentadas en la Cámara Alta por la supresión de la parte del artículo que obliga al pago en la explotación del primer canal cedido.

El pasado viernes había sorpresa incluso entre los afectados. “Sería la primera vez que CiU nos echa un mano”, se afirmaba con ironía desde uno de los dos grupos de comunicación, al ser preguntados por la enmienda. En realidad, el texto de la Ley que salió del Congreso provocó notable disgusto en Vocento y Unidad Editorial. Eran los principales perjudicados por una limitación que no apareció hasta los últimos momentos de la tramitación. De hecho, se introdujo vía enmienda transaccional del PSOE –la número 25- y, paradójicamente, CiU votó a favor de la misma. Un hecho que hace todavía más sorprendente su postura en el Senado.

Un portavoz de la formación nacionalista en la Cámara Alta aseguró a El Confidencial que el grupo no se pronunciaría sobre las enmiendas hasta que no se debatieran. Al pedírsele una explicación sobre esa en concreto, al fin y al cabo presentada por su grupo parlamentario, sencillamente increpó a este redactor y colgó el teléfono. Para explicar el cambio de rumbo, desde otra formación política en el Congreso se especula con el interés de CiU en "quedar bien con alguien". Según ha podido saber este diario, los grupos mediáticos más molestos habían hecho llegar su enfado al grupo catalán.

Para el sector, cualquier medida que favorezca el pago termina por beneficiar, a medio y largo plazo, a la Mediapro de Jaume Roures, que atesora los derechos más codiciados. También se advierte que la inflación de canales que se producirá con el apagón analógico obligará a muchos operadores a arrendar parte de su espectro. Sin ir más lejos, Unidad Editorial ha estado buscando socios para esos canales extra que tendrá a partir de abril. Y es que el problema principal será de contenidos. Quien no haya dado uso a los canales al cabo de un año se verá obligado a devolverlos a Industria.

La ‘esquizofrenia’ de Convergencia

No es el primer movimiento extraño que hace CiU en el desarrollo parlamentario de la Ley General Audiovisual. La formación catalana, que pactó apoyar al PSOE para sacar adelante la norma, ya rechazó en el Congreso un caramelo envenado que le ofreció el PP: que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con sede en Barcelona, integrara un un comité audiovisual que supervisara el sector. Una fórmula que enterraba el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), una apuesta socialista que casi nadie quería.

La propuesta popular era perfectamente asumible para CiU, que lo había planteado casi en los mismos términos en una enmienda propia. Hasta llegó a negociar con el PSOE que el CEMA estuviera en Barcelona. Como el resto de grupos, el convergente lamentaba entonces el coste que supone la duplicidad de organismos en plena crisis, con la necesidad de recortar el gasto público como telón de fondo. Sin embargo, finalmente Duran i Lleida fue fiel a sus pactos. “El Gobierno no hubiera aceptado”, apuntaron fuentes del grupo nacionalista catalán para justificar la decisión.

Entre las principales enmiendas presentadas en el Senado por el Grupo Socialista, que sin duda saldrán adelante, destaca la modificación del artículo 48, en el que se establecen las facultades del CEMA, al que se dota de mayor de peso. Podrá realizar inspecciones, requerir el cese de actividades contrarias a la ley e “instruir y sancionar las conductas tipificadas como infracciones”. De lo que hay más dudas es de que la Ley General Audiovisual esté aprobada antes del ‘apagón analógico’, el 3 de abril, como era intención del Gobierno. El texto, con las enmiendas incorporadas, aún tiene que pasar de nuevo por el Congreso tras el trámite del Senado. “Todo es muy justo en cinco semanas”, aseguran fuentes parlamentarias.