La propuesta de comercialización de Telefónica sobre el fútbol divide a la CNMC

Cuando falta exactamente un mes para que la Liga arranque oficialmente, el reparto de los derechos audiovisuales de la competición sigue en el aire a la espera de que la CNMC otorgue su plácet a la propuesta formulada hace una semana por Telefónica. La operadora -al igual que el resto de sus competidores en la televisión de pago- esperaba una rápida resolución por parte del regulador que, permitiera, cuanto antes, lanzar sus campañas promocionales y diseñar la oferta minorista con los precios finales que pagarán los abonados por ver todos los partidos. El asunto, sin embargo, está encallado en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en donde la pretensión de Telefónica de poder establecer negociaciones bilaterales con el resto de operadores ha enfrentado al bloque de consejeros que lidera el presidente José María Marín Quemada con la facción que encabeza la número dos de este organismo, María Fernández Pérez.

Superada la 'guerra del fútbol' entre Telefónica y Mediapro tras el pacto alcanzado por la operadora con la Liga para hacerse con los derechos de la próxima temporada (600 millones de euros), el foco se centra ahora en los líos internos de la CNMC y en los plazos que este organismo tarde en resolver la comercialización mayorista. Las condiciones fijadas por el regulador a Telefónica para la compra de Digital+ establecen que la operadora debe abrir el 100% de sus paquetes 'premium' a sus competidores para que estos puedan, a su vez, quedarse con un máximo del 50% y configurar así sus propias parrillas de contenidos. Una escenario cuyo diseño definitivo no se podrá determinar hasta que la CNMC emita su veredicto y en el que, cualquier retraso, perjudica a todos los operadores de pago de cara a sus clientes últimos.

El punto determinante de la división generada dentro de la CNMC tiene que ver con los esquemas de negociación bilaterales que Telefónica quiere establecer con los principales operadores de pago y que, en opinión de Marín Quemada, podrían perjudicar, en última instancia, a los consumidores. El presidente de la CNMC aboga por un escenario transparente en el que Movistar+ pueda presentar su oferta completa y en el que todos lo operadores puedan hacer su selección en igualdad de condiciones y en una ronda en la que, en función del número de interesados, se determine el precio unitario definitivo de los derechos del fútbol.

Este esquema, sin embargo, choca con el parecer de la vicepresidenta, María Fernández, y los consejeros alineados en su entorno (Eduardo García Matilla, Fernando Torremocha García-Sáenz y Diego Rodríguez Rodríguez), partidarios de dar el visto bueno a las propuestas formuladas por Telefónica. Las divisiones entre estos dos bloques se han incrementado en los últimos días a raíz de los votos particulares expresados por estos mismos consejeros al último informe de la CNMC sobre el mercado de carburantes.

Paquetes con un coste fijo y un variable

Los paquetes que ahora ponga Movistar+ en el mercado mayorista tendrán un precio que girará en torno a dos ejes. Por un lado, un coste mínimo garantizado y, por otro, un variable por abonado final, tal y como estableció también Competencia en las condiciones que fijó en abril para evitar una situación de monopolio.

Para calcular el coste mínimo garantizado, Telefónica repercutirá al resto de operadores que compren sus paquetes la parte fija del coste de adquisición de los derechos de emisión exclusiva de la Liga, así como los costes de producción comunes a la oferta mayorista y minorista. Este coste fijo, a su vez, se calculará en función de tres criterios: la cuota de abonados recurrentes de televisión de pago, la cuota de accesos de banda ancha fija comercializados aptos para servicios de televisión de pago y, por último, la cuota de accesos a televisión de pago potenciales.

La cuota de abonados recurrentes supondrá el 75% de este coste fijo, el segundo criterio ponderará un 20% y el último 5% dependerá del mercado potencialmente accesible en España que el comprador pueda disfrutar en función de la modalidad tecnológica de prestación de servicios de televisión de pago por la que haya optado en relación con el total de hogares de España.