Catalá, Gallardón, Conthe… Los últimos intentos de amordazar a la prensa

Rafael Catalá sólo ha sido el último eslabón de una larga lista de ministros y altos cargos que a lo largo de diferentes etapas han tratado de limitar el papel de la prensa como cuarto contrapoder. Aunque el propio ministro de Justicia se ha encargado de cerrar rápidamente el debate que él mismo ha abierto, lo cierto es que la tentación de penalizar y sancionar a los medios que publiquen filtraciones de sumarios judiciales es una propuesta que ha planeado con esta o con diferentes variaciones a lo largo de los últimos años como una amenaza permanente para los medios de comunicación.

Cuando la semana pasada, en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Catalá abrió de nuevo la caja de los truenos al abogar por “sancionar con firmeza”, aseguró que se refería a un debate que, ahora mismo, está teniendo lugar en el Parlamento Europeo y que, en función de los matices con los que se apruebe, deberá ser adaptado en un futuro a la legislación nacional. Un debate que gira en torno a la protección de la confidencialidad y de la presunción de inocencia y que parte de la conocida como “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de ciertos aspectos sobre la presunción de inocencia”.

En su artículo 4, el texto propone que los Estados miembros velen “por que, antes de la condena firme, las autoridades públicas no presenten a los sospechosos o acusados como condenados”. Los Estados deberán llevar a cabo las medidas apropiadas en caso del incumplimiento de esta obligación y, a tenor de las manifestaciones de Catalá –luego rápidamente corregidas–, el esfuerzo se pondría en perseguir al mensajero antes que al filtrador, cooperador necesario para que los medios de comunicación puedan seguir destapando casos de corrupción o ejercer el llamado periodismo de investigación.

La Fape ha recordado que el periodismo ha contribuido a reforzar el sistema democrático, precisamente, dando a conocer casos de corrupción

Este mismo planteamiento entronca directamente con el que era uno de los propósitos de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la cartera de Justicia en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal. En uno de los primeros borradores que manejó el equipo de Justicia se preveía dar al juez de garantías la facultad para requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

En unas jornadas celebradas en la propia sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Gallardón defendió la medida como una salvaguarda para evitar los “juicios paralelos”, pues explicó que sería preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado pudiera verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio.

En el borrador también se regulaba la captación y difusión de imágenes en la sala al inicio de una audiencia pública y en qué supuestos prohibirla, para la protección del orden público, para la seguridad nacional, para la vida privada de las partes, cuando interviniesen menores de edad o cuando fuese de interés para la justicia.

El “delito de difamación”

Dos décadas antes, se llegó a ir mucho más allá en los años finales de agonía del último Gobierno de Felipe González, asediado entonces por multitud de casos de corrupción. En abril de 1993, el PSOE y el PNV sumaron sus votos en la Cámara Baja para aprobar la reforma del título X del Código Penal relativa a los delitos contra el honor que incluían, por primera vez, el llamado “delito de difamación”.

En los orígenes de la Transición, conÍñigo Cavero como ministro de Justicia, los llamados delitos de prensa quedaron bajo la tutela de la Audiencia Nacional. Años después, el ministro socialista Fernando Ledesma devolvería a los juzgados de instrucción y audiencias provinciales la competencia en los delitos de desacato a través de la prensa.

El “filtro” del Código Conthe

Pero no todos los intentos por limitar el papel de la prensa han venido siempre de la mano de los ministros de Justicia de turno, ya sea través de leyes ordinarias o, directamente, con el Código Penal. El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y padre del primer código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, Manuel Conthe, también tuvo tentaciones parecidas en la redacción del conocido como Código Conthe.

La medida no salió adelante y fue rápidamente retirada tras las enormes suspicacias que generó en el sector y entre los colectivos profesionales. Y es que, en una primera versión, establecía la obligación de que todas las comunicaciones y relaciones entre las compañías y los medios de comunicación pasaran por el filtro previo del organismo regulador. Tras un primer amago, Conthe se comprometió con los colectivos profesionales de periodistas a retirar a la prensa de la polémica normativa.

Entonces como ahora, la Fape ha recordado que el periodismo ha contribuido a reforzar el sistema democrático, precisamente, dando a conocer casos de corrupción y fraude con dinero público que han salido a la luz por su “interés informativo”.