Los ciudadanos, condenados a pagar los 600 millones de la reantenización de la TDT

La Comisión Europea ha dicho al Gobierno español que puede pagar 600 millones de euros a las comunidades de vecinos de la piel de toro para que adapten sus antenas colectivas al espacio radioeléctrico después de la reciente reordenación del mismo que ha supuesto el cierre de algunas emisoras de televisión. Así consta en un documento oficial de la CE al que ha tenido acceso El Confidencial. Lo malo del caso es que ese dinero ya no existe. El Ejecutivo lo ha gastado en otras cosas. Y la reantenización la tendrán que pagar, una vez más, los ciudadanos.

En julio del año 2011, el Gobierno español había enviado a la Unión Europea un memorándum el que exponía que se tenía que adecuar el espacio radioeléctrico a la nueva redistribución del mismo, ya que las frecuencias llamadas de 800 MHz habían de pasar a ser propiedad de compañías telefónicas para operar el 4G y las emisoras que estaban en esta frecuencia han de anularse.

Esta circunstancia provocaba que el Gobierno español tuviese que tomar dos medidas fundamentales: la primera, consignar un fondo de 600 millones de euros para subvencionar a las comunidades de propietarios que necesitasen modernizar la infraestructura de TDT para adecuarla a las nuevas frecuencias; y, en segundo, otro paquete de 200 millones para compensar “los costes adicionales en que incurran los radiodifusores que están obligados a difundir simultáneamente los mismos programas en dos bandas de frecuencia para garantizar la cobertura obligatoria”. Es decir, que durante un periodo transitorio, las emisoras que tenían programación en esas bandas debían emitir simultáneamente en otra, lo que suponía un coste adicional.

Lo malo es que todo esto, según expertos consultados por El Confidencial, se produce por “los lumbreras del Ministerio de Industria, que determinaron que se debía utilizar la banda baja para las frecuencias nacionales cuando en Europa se hacía al revés, se utilizaba la banda alta. De ese modo, al final vendieron una serie de canales que no sólo afectan a grupos industriales privados, sino incluso a televisiones públicas, de manera que tanto TVE como TV3 perderán un canal”.

Millones de ciudadanos afectados

La reantenización afecta, según reconocía el Gobierno español a las autoridades de la CE, a 1,4 millones de edificios. Ello supone que el total de ciudadanos afectados puede llegar al 80% de la población española. El informe comunitario señala que la instalación de las antenas de estas comunidades de vecinos debe “ser efectuada por instaladores homologados que deben estar inscritos en el registro oficial de instaladores de equipos de telecomunicaciones”. Y subraya que estas ayudas “se ajustan a las políticas de la UE” y que “son un instrumento apropiado”.

Por tanto, esa medida “puede considerarse compatible con el mercado interior”. Es más, refleja que “al conceder apoyo financiero a los usuarios finales, la ayuda estatal se considera una medida adecuada para garantizar a las comunidades de propietarios el acceso a los canales en abierto que estaban antes disponibles en la banda de frecuencias de 800 MHz. Los usuarios finales españoles ya han soportado en los últimos años los costes de adaptación de su equipo de recepción durante la fase de conversión y la situación económica actual limita la renta disponible de los hogares españoles”.

En cambio, señala que “la Comisión tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida 2 [la de las ayudas a los operadores televisivos]. En la fase actual, el punto de vista preliminar de la Comisión es que la medida concedida por el Gobierno español beneficia a determinadas empresas y, por lo tanto, falsea la competencia en el mercado interior de la UE”.

En concreto, las compañías que se beneficiarían de estas ayudas son TVE, Antena 3, Telecinco, Sogecable, laSexta, Net TV y Veo TV, además de otros 15 radiodifusores regionales y 45 a nivel local.

Fuentes del sector manifestaron a este diario que “el Gobierno había vendido las frecuencias de 800MHz a las compañías telefónicas por 1.800 millones de euros. Eso es lo que se llama dividendo digital. Y de ese dinero, consignó 1.000 millones para su caja, 600 millones para indemnizar a las comunidades de propietarios que ya habían adaptado sus antenas poco antes a la TDT y 200 millones para indemnizar a las compañías. La CE ve bien que se indemnice a los ciudadanos, porque no tienen culpa de un error del Gobierno, que adjudicó frecuencias que no debía y ahora ha de programar de nuevo sus antenas. Pero no ve correcto que se pague a las empresas, Pero resulta que el Gobierno dice ahora que no tiene un duro y que no va a pagar.

Total: que, de nuevo, el ciudadano va a ser el que pague el desaguisado de la Administración, cuando esta incluso había preguntado a la UE por la legalidad de esas subvenciones. ¿Dónde está el dinero? No lo revelan. Lo único que han dicho desde el Ministerio de Industria es que este Gobierno responde sólo de lo que ha hecho en esta legislatura y que se desentiende de lo que puede haber hecho en la legislatura anterior. “O sea, se enroca en una aberración jurídica”, señalan  las fuentes consultadas.

Sólo hay clara una cosa: el Gobierno español consultó con Europa la legalidad de unas ayudas. Europa confirmó esa legalidad pero, a la hora de la verdad, esas supuestas ayudas ya han sido gastadas. Y el ciudadano ha de hacer frente a un gasto imprevisto a pesar de que, como subraya la UE, “los vecinos de las comunidades de propietarios ya han sufragado el coste de adaptar la infraestructura de recepción de televisión a la tecnología digital” hace pocos años. La culpa, como dice el refrán, es del Gobierno, aunque en este caso sin ironía alguna.