El agujero de Sochi remata la quiebra de RTVE al disparar el déficit previsto en 2014

Mediodía del martes. Asamblea de trabajadores de RTVE en Torrespaña. Como cuestión de fondo, la inquietud general por la situación financiera y patrimonial de la Corporación. Los sindicatos abren el debate jurídico sobre si la compañía se encuentra ya en causa de disolución. Nadie tiene ninguna duda de que, si no lo está, el resultado del año 2014 meterá a la televisión pública en quiebra técnica, salvo que Cristóbal Montoro lo evite in extremis. Y es que, al déficit estructural que ha enseñado la casa en estos dos últimos ejercicios, se une este año el coste de los Juegos Olímpicos de Sochi, una carga que amenaza con elevar el agujero de forma espectacular.

La situación presenta actualmente tantas incógnitas que hasta un consejero de la casa, Miguel Ángel Sacaluga, tomó la palabra ayer en la asamblea para clarificar la situación. Todo después de que los sindicatos expusieran a los trabajadores que la Dirección de la empresa les había trasladado que la sociedad podría estar en causa de disolución e incluso ser de aplicación el artículo 13 de la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Dicho precepto contempla el cese del Consejo de Administración en caso de reducción obligatoria de capital por pérdidas o si estas dejan el patrimonio en una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Aquí es donde Sacaluga, nombrado en su día a propuesta del PSOE, puso sobre la mesa las incertidumbres jurídicas que incorpora el actual escenario y que obligan a tomar la situación con cautela. Según explican fuentes presentes en el acto, el consejero aclaró que dicha situación de quiebra técnica –y el consiguiente cese de la cúpula de la Corporación– dependería, en primer lugar, de si es aplicable a RTVE el Real Decreto Ley 10/2008, de medidas financieras para apoyar a la empresas, que permite no computar las pérdidas provocadas por el deterioro del patrimonio inmobiliario a los efectos de la reducción obligatoria de capital y la causa de disolución.

Ese es precisamente el caso de la cadena pública, que salvaría los muebles si evita contabilizar para ese fin los 380 millones en que se han depreciado los edificios de la Corporación en las cuentas de 2013. Asumiendo ese indulto contable y en tanto RTVE no ha remitido todavía al Registro Mercantil sus balances del año pasado, lo que sí puede afirmarse es que los cálculos están muy ajustados. A 31 de diciembre de 2012, la firma contaba con un capital social 1.510 millones de euros y un patrimonio neto de 934. Las pérdidas de 113 millones en el pasado ejercicio lo dejan en el umbral de los 800 y de la línea roja de los 755 millones, que constituye la mitad del capital social, la quiebra y la necesidad de reducir o inyectar capital.

La debacle, este año

Las dudas se disipan absolutamente de cara al presente 2014. “En primer lugar, el decreto Guindos dejará de ayudar y la casa tendrá que acometer un reequilibrio patrimonial en 2015 –explican fuentes de la casa–. Pero, sobre todo, la cuestión es que al déficit estructural de 113 millones habrá que sumarle el gasto extra de 30 millones por los derechos de los Juegos Olímpicos de Sochi. Por mucho que ayuden los ajustes en el convenio y que pueda haber un mayor esfuerzo de contención, ese nuevo agujero deja a un lado cualquier debate, ya que metería de lleno a la sociedad en causa de disolución y obliga a relevar al Consejo y al presidente. El problema ya no es 2013. Es 2014”.

No falta en la casa quien estima que el primer ejecutivo, Leopoldo González-Echenique, no ha medido bien los tiempos a la hora de afrontar los problemas con que se encontró al llegar a la Corporación. “Lo capital era resolver el problema presupuestario, no cerrar un acuerdo laboral con los trabajadores –subrayan fuentes internas al más alto nivel–. Tampoco la clave estaba en poner la ley de financiación en el foco. No sería posible recaudar por publicidad ni una parte de los más de 300 millones de euros que te da la tasa del espectro radioeléctrico. No es casualidad que Echenique asegure que la norma sólo necesita pequeños ajustes, pero no un cambio radical”.

También se le puede reprochar que no haya aquilatado su gestión para aprovechar todos los cauces legales a su alcance para forzar al Ministerio de Hacienda a dar un paso al frente. No en vano, el artículo 2.2 de la ley de financiación de RTVE deja claro que los Presupuestos Generales del Estado compensarán una hipotética reducción de ingresos sobrevenida, “siempre y cuando el gasto no haya sobrepasado los límites presupuestados”. De una forma u otra, Cristóbal Montoro es el final del camino. El rescate que necesita la Corporación depende de él. Y pedirá cierta contraprestación a cambio en términos de empleo y de estabilidad financiera futura, algo que Echenique difícilmente puede asumir tras empeñar su firma en el mantenimiento de los puestos de trabajo hasta 2015. Si el descalabro económico no le enseña antes la puerta de salida.