El Supremo decide con Telemadrid si abre la veda a los 'macroeres' en las TV públicas

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo hará público mañana su fallo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en Telemadrid. Y el Gobierno regional no es el único que está en ascuas. No en vano, la jurisprudencia que establezca el Alto Tribunal será sin duda tenida en cuenta por otras televisiones públicas que, como la madrileña, cargan desde hace décadas con plantillas sobredimensionadas y una estructura de costes inasumible. El mejor ejemplo esRTVE, que ha estado tradicionalmente bajo la lupa de su principal accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De hecho,antes del acuerdo laboral firmado el año pasado, apostaba sin ambages porla salida de unos 1.500 efectivos para garantizar la estabilidad financiera de la Corporación.

La reforma laboral lanzada a mediados de 2012 por el Partido Popular allanaba en gran medida estos procesos en el ámbito público. Sin ir más lejos, el nuevo marco legal contempla los despidos en las Administraciones Públicas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando se produzca una situación de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios” correspondientes. Y entiende un escenario persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos, una deriva que las cadenas de televisión conocen bien.El reglamento aprobado en octubre da todavía más detalles sobre el margen de maniobra de las empresas.

En esta línea, determina que existe insuficiencia presupuestaria cuando “en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario”. O cuando “los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores”. Tampoco esdifícil encajar aquí alas televisiones públicas, desde la estatal al rosario de autonómicas, en plena reducción de los presupuestos por parte de los diferentes Gobiernos.

Sin embargo, desde que la ley está en vigor y pese al aval de la norma, la justicia no siempre ha sido generosa con las empresas al acometer estos procesos, como prueba precisamente el caso Telemadrid. No en vano, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaraba improcedenteel despido colectivo aprobado por la cadena. “Una situación económica negativa, cualquiera y por sí misma, no basta para justificar los despidos de 925 trabajadores de una plantilla total de 1.161", rezaba la sentencia del TSJM, que ponía en solfa la medida al cuestionar, entre otras cosas, la proporcionalidad de la misma. También que se tratara de un situación sobrevenida, al haberse soportado pérdidas durante años.Por el camino y el paralelo, el fallo desafiaba la propia reforma laboral.

Ante estas aparentes contradicciones, el pronunciamiento de la Sala Cuarta del Supremo empezaráa sentar jurisprudencia sobre lacuestión, después de que el ERE en Canal 9 no acabara en tan alta instancia al acordarse, directamente, el cierre de la cadena. “Nos va a decir si en el sector público puede ejecutarse un ERE de estas características con garantías y en qué condiciones –explican fuentes próximas a una televisiónautonómica–. Si el despido es nulo, la Administración se convertirá en intocable, por muy insostenible que sea. Y llevar a cabo un ajuste de plantilla en una estructura como, por ejemplo, la de RTVE será una quimera”. Salvo negociación. El último pacto con los sindicatos en la Corporación, el denominado acuerdo de los Peñascales, supuso la salida de 4.150 profesionales con 52 años y percibiendo el 92% de su salario hasta la edad legal de retiro.

Lejos de la filosofía

Paradójicamente, las cuestiones filosóficas importan poco en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Ignacio González está dispuesto a pasar por el despido improcedente que planteó el TSJM, por mucho que implique discrepancias con la reforma laboral. Le supondría abonar indemnizaciones de 45 días por año con un tope de 42 mensualidades, una disposición cuyo impacto presupuestario ya ha provisionado. Cuestión diferente sería un despido nulo, que le obligaría a readmitir a los centenares de trabajadores inmersos en el proceso. El Gobierno regional ya ha advertido que una resolución de esa índole implicaría el cierre inmediato de la cadena, ante la imposibilidad de asumir un permanente y anual derroche de fondos.

Como ya publicó El Confidencial, en esa dicotomía –en la que no falta cierto punto de angustia– se mueve la cúpula de la Comunidad, que ha encontrado cierto alivio en la postura de la Fiscalía, partidaria de confirmar la sentencia del TSJM. “Los hay más pesimistas, que inciden en perfil sindical de la ponente, y otros más posibilistas, que ven lejano que la Sala enmiende la plana al fiscal”, exponen fuentes próximas a la cadena, que dejan claro que mañana se conocerá el fallo, pero no la sentencia detallada. Lo cierto es que RTVE destina 350 millones –de un presupuesto que no llega a 900– a sufragar el coste de una plantilla de 6.400 efectivos. Telemadrid, Canal Sur, o TV3 han venido recibiendo cada año subvenciones de cientos de millones, de los que un porcentaje altísimo se van a pagar la masa salarial. Un auténtico pozo sin fondo.