RTVE explota en las manos a Rajoy al apuntar un agujero de 400 millones de euros

José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera legislatura al frente del Gobierno, decidía poner a cero el contador en RTVE y que los Presupuestos Generales del Estado absorbieran los 7.500 millones de deuda acumulados en décadas de gestiones deficitarias. Corría el año 2006. Ocho años después, el problema amenaza con ser de nuevo endémico y convertirse en otro déficit de tarifa. Y es que, según fuentes internas de la casa, las pérdidas en 2013 podrían ser incluso peores que el saldo negativo de 113 millones ya registrado en 2012, lo que elevaría el agujero generado por la Corporación sólo durante los años de crisis a cerca de 400 millones de euros. Para sacar bandera blanca.

La evolución de las cuentas remitidas por la sociedad al Registro Mercantil en estos últimos años no puede ser más desalentadora. La firma perdió en 2012 la friolera de 112,98 millones; se dejó 29,17 el año anterior; el resultado negativo se situó en 47,11 millones en 2010, y registró pérdidas de 72,12 millones de euros en 2008, el primer año de la crisis económica, tras un 2009 prácticamente plano. La casa trabaja actualmente en el cierre del balance de 2013 y fuentes internas se preparan para lo peor. No falta quien, preguntado por la cuestión, avanza un saldo negativo en el entorno de los 130 millones.

Dos hechos explican en buena medida el desaguisado. En primer lugar, los recortes puestos en marcha por el Ejecutivo del PP, a la postre inasumibles para el gestor nombrado por Soraya Sáenz de Santamaría con el objeto de absorberlos, esto es, Leopoldo González-Echenique. El abogado del Estado entró en la casa y lo primero que encontró fue un recorte en el presupuesto de 204 millones para 2012, con compromisos ineludibles que abonar ya contraídos. Por si fuera poco, las cuentas para 2013 y 2014 elevaban el órdago: 250 millones de ajuste. Frente a los 1.200 millones que por ley debe recibir la Corporación, sus ingresos en estos últimos años no llegan a los 900.

Más distorsionador es incluso el sistema de financiación ideado por el PSOE –y mantenido por el PP– para eliminar la publicidad en la casa y complacer a las cadenas privadas. La ley en cuestión, aprobada en 2009, obliga a los operadores de telefonía a aportar una tasa para sostener la cadena pública del 0,9% de sus ingresos. El problema es que son más que habituales las discrepancias entre las liquidaciones que declaran las compañías de telecomunicaciones y los importes que espera RTVE. La revisión posterior de la CNMC –otrora la CMT– e incluso la judicialización de los procesos hacen que la televisión pública no sólo no sepa con lo que cuenta, sino que afronte agujeros adicionales. Es vivir en el alambre.

"La CMT emitió en el período 2011 y marzo 2013 diversas resoluciones por las que se acuerda emitir liquidaciones complementarias a diversos operadores de televisión y telecomunicaciones a las autoliquidaciones practicadas. (...) La CMT ha detectado discrepancias entre los ingresos brutos de explotación que declararon para el informe anual de la CMT y los finalmente consignados en sus declaraciones correspondientes a los ingresos 2009-2011", exponía la Corporación en su informe a las cuentas de 2012, dejando claro que el supervisor reclamaba 65,5 millones extra. "Estas resoluciones pueden ser recurridas ante los tribunales por parte de los operadores", concedía. RTVE también recibe por ley el 80% del total recaudado por la tasa del espectro radioeléctrico.

Las desviaciones no son gratis

En este escenario, más valdría que los gestores de la cadena pública hilaran fino a la hora de hacer números. No en vano, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece consecuencias de calado para los consejeros en casos de graves desfases presupuestarios. De hecho, el artículo 13 de la norma contempla el cese todos los miembros del Consejo de Administración cuando la liquidación anual arroje "un empeoramiento del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 10% de la compensación aprobada por la prestación del servicio público".

Y no es la única restricción a tener en cuenta. Todo el cónclave cesará cuando se produzca "una desviación presupuestaria por exceso igual o superior al 10% de las cifras aprobadas para el total de las dotaciones tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto del capital, excluidos del cómputo del primero los impuestos y los resultados, y del segundo la variación del capital circulante". Todo un reto para Echenique, cercado por los sindicatos y por los propios, todos quejosos del caos que perciben en la cúpula de la organización. El tiempo de calma, si lo hubo, ha saltado ya por los aires.