El fantasma de un fallo 'a la valenciana' en Telemadrid, otra amenaza para González

Los problemas judiciales –y mediáticos- por su ático en Marbella, así como elimpasseen que se encuentra su plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, no son los únicos frentes que ensombrecen el futuro político del presidente de la Comunidad de Madrid,Ignacio González. Y es que según aseguran fuentes de la cadenay otras próximas al Gobierno regional, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE en Telemadrid,un frente que parecía controlado, podría no estarlo tanto. Al menos ese el temor que recorre desde hace semanas el Ejecutivo madrileño, consciente de la división entre los magistrados del Alto Tribunal respecto a la posible nulidad del expediente.

Las huestes de González cuentan con que el Supremo ratifique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que declaraba improcedentes los 925 despidos acordados por la cadena. Ahí no hay problema. La Comunidad paga la indemnización de 45 días por año con un tope de 42 mensuales y cierra el melón. De hecho, Telemadrid ya consigna esa eventualidad en sus cuentas de 2012, al punto de cuantificarel importe que debería desembolsar, que se elevaría a un máximo de 55,58 millones. Y añade que el acta del Consejo de Administración del 8 de enero de 2013, que aprobó el presupuesto para el año, ya recogía el impacto económico del expediente.

El problema se produce si la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que el próximo día 26 de marzo deliberará sobre el ERE considera que éste debe considerarse nulo, lo que amenazaría con un desenlacea la valenciana, con el cierre de la cadena en el horizonte. El Gobierno y la propia cadena no han sido pacatos a la hora de dibujar el futuro en ese escenario. “En estas circunstancias, una resolución desfavorable que pudiera declarar la nulidad del ERE con la readmisión de los trabajadores despedidos, podríacomprometer seriamente la viabilidad del nuevo modelo de programacióny de estructura organizativa”, subrayaban las citadas cuentas.

Aunque el Ejecutivo de Ignacio González ha estado aparentemente tranquilo en los últimos meses, confiado en que el armazón jurídico de su ajuste laboral poco tenía que ver con el catastrófico planteamiento escenificado por Canal 9, los mensajes deslizados por su entorno en las últimas semanas reflejan una mayor inquietud ante la división que perciben entre los doce magistrados que componen la Sala de lo Social del Alto Tribunal. El argumento que contemplarían los partidarios de declarar nulo el ERE ya fue esbozado por el TSJM en su sentencia, y se basaría en la tesis de quela situación económica de la cadena no es sobrevenida, sino estructural, y la Comunidad de Madrid siempre había cubierto hasta ahora los déficit generados en la sociedad.

“Una situación económica negativa, cualquiera y por sí misma,no basta para justificar los despidos de 925 trabajadores de un plantilla total de 1.161”, ya rezaba la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también en aras a la proporcionalidad. El organismo desafiaba en este punto la reforma laboral, aprobada en el Real Decreto-ley 3/2012, que establece que concurren causas económicas que avalan un expediente de regulación de empleo cuando “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución de su nivel de ingresos o ventas”. Y añade que, “en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”. Está por ver si el Tribunal Supremo también va más allá de la interpretación literal, y eleva la categoría de improcedente a nulo.

El salvavidas del fiscal

En este punto de angustia, la posición expresada por el fiscal la semana pasada vino a aligerar la tensión, al pedir en su informe que se confirme la sentencia del TSJM y el despido colectivo se declare improcedente. “Es relevante porque es complicado que la Sala enmiende la plana al fiscal”, se quería interpretar la semana pasada desde una productora interesada envenderespacios al a cadena. Un deseo que se compadece con el terror que asuela el sector, paralizado a la espera de que seresuelva el frente judicial y la cadena comience a licitar programas. En el fondo, nadie de los actores se explica –ni quiere- un desenlace como el valenciano, en el que todos pierden.

También el propio presidente de la Comunidad haría bien en cruzar los dedos. Y es que parece una quimera que, con sus actuales índices de popularidad, aspire a repetir como presidente sinsu principal herramienta de comunicación, véase la televisión pública,con las elecciones el año próximo. Y eso a pesar de los bajos índices de audiencia que arrastra Telemadrid por los conflictos de los últimos meses. González, las productoras y hasta muchos trabajadores -que cobrarían la indemnización máxima y ya estaban en contra del recurso de los sindicatos- ponen velas para que el Supremo confirme el despido improcedente. Claro que la justicia es ciega.