El 'plan B' para rescatar Canal 9 que Fabra ignoró... y que le hubiera salvado a él

“Fabra se quedó lívido cuando le leyeron la sentencia. No lo esperaba y no tenía plan B”, explican fuentes próximas al presidente de la Generalitat, que a principios de esta semana anunciaba el cierre de Canal 9 tras el fallo judicial que declaraba nulo el ERE acometido por la Dirección para garantizar la viabilidad de la casa. Precisamente esa incredulidad explica el frenético proceso de toma de decisiones en que se embarcó el político tras conocer la sentencia. Una urgencia que de un plumazo le puso en contra a buena parte de los suyos en el PP valenciano, a Génova yal sector audiovisual local ahora en peligro de extinción, entre otros.La pregunta es, ¿tenía otra posibilidad?

“Claro que sí –explican fuentes próximas al PP regional conocedoras de la empresa,con gran dosis de realpolitik-. De momento, dices que tus servicios jurídicos tienen que estudiar la sentencia y te das entre 48 y 72 horas. Después, abres una nueva mesa negociadora con la Dirección y los sindicatos con el cierre como espada de Damocles e intentas pactar las condiciones de un nuevo ERE. Si no se va a ninguna parte, al menos compartes la decisión. En el mejor de los escenarios, te metes en mayo de 2015 y salvas el compromiso electoral. ¿Acaso no hay otras televisiones que están en stand-by y en las que el nivel de ruido está tamizado?”.

Sin embargo, fuentes jurídicas bien informadas son más comprensivas con la decisión tomada por el presidente de la Generalitat. “El daño estaba ya hecho. Cualquier jurista sabía que el proceso estaba perdido desde el momento en que se cambiaron los procesos de afectación del ERE, al readmitirse a un contingente de trabajadores por decisión de la directora general. Un error técnico de este tipo te echa abajo cualquier ERE. A partir de ahí, el Gobierno regional no tenía más remedio que cerrar, porque sencillamente no tenía el dinero para seguir adelante con la cadena”, subraya.

Desde el entorno del PP valenciano se eleva el tiro sobre el enfoque jurídico, en exceso reduccionista. “Más allá de las implicaciones legales, fue un ejemplo de falta de sabiduría política una vez conocida la sentencia –insisten-. No se midieron las enormes consecuencias a corto plazo, véase laborales, políticas, sobre la propia industria audiovisual regional… Tampoco se aportaron soluciones”. Alberto Fabra anunció el martes el cierre de la cadena, apenas horas después de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El miércoles insistía en la que su resolución era “innegociable” al no poder asumir los 40 millones que suponía la readmisión.

En todo caso, estas fuentes lamentan que Fabra no fuera capaz de ver el conflicto que se le venía encima en una clave más valenciana. “Da la impresión de que las conversaciones que tuvo con los principales directores de periódicos nacionales para comunicarles su decisión le alentaron –exponen-. Y no tuvo en cuenta que muchos de sus correligionarios ven la cadena pública como un servicio público esencial, el símbolo más claro de la autonomía valenciana. No está ni siquiera claro que pueda sacar adelante la ley para cerrarla, teniendo en cuenta que necesita los votos del 20% de diputados populares que están imputados y no van a repetir en las listas”.

Una liquidación traumática

Y es que además del trámite parlamentario -que tendrá que hacerse por la vía exprés ante el cierre en diciembre del periodo de sesiones-, la Generalitat tendrá que poner en marcha un ERE de extinción para los 1.700 trabajadores de la sociedad y liquidar las empresas, con los contratos y compromisos de pago pendientes. “Esto no es una mercería, es una empresa realmente grande, con contratos de programas, de mantenimiento… Es un proceso muy complejo que puede proporcionar a la Generalitat muchos meses de réplicas al seísmo original. Parece que todo se ha hecho en caliente y se ha meditado poco”, expone fuentes conocedoras de la gestión de la cadena.

Por ejemplo y como publicó El Confidencial, la sociedad tiene obligaciones en abono de derechos deportivos para los próximos años por importe de 4,4 millones, además de compromisos por otros 16,05 millones en otras producciones, en esencia ficción. “Está muy bien anunciar que se baja la persiana, pero liquidar la cadena no va a ser nada fácil. Desde luego, es imposible a corto plazo. Hay contratos firmados que, en algunos casos, pueden incluirpenalizaciones de hastael 100%”, se explica desde una productora. Fuentes jurídicas rematan que el proceso podría perfectamente prolongarse durante dos o tres años, ante la dificultad de liquidarse los activos y cumplir con la totalidad de los pagos pendientes. Sólo con proveedores, la friolera de58,5 millones. Casi nada.