El Gobierno rompe la baraja y tumba un plan de rescate a la prensa en plena crisis

La relación del Gobierno con los medios de comunicación atraviesa uno de sus momentos más delicados. Al punto de dividir al propio Consejo de Ministros. De hecho, el choque entre Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria por el caos en el sector audiovisual no es el único frente actualmente abierto. Según aseguran fuentes conocedoras de los contactos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, frenó hace escasamente un mes un ambicioso plan de rescate a la prensa en contra del criterio de otros miembros del Gabinete, partidarios de dar árnica a un sector que se desangra por el desplome de la publicidad y el hundimiento de las ventas. Al final, la posible reacción de la opinión pública pesó en exceso.

“El rescate fue apoyado por varios miembros del Gobierno, pero Montoro se negó por entender que tales ayudas eran difíciles de explicar a la opinión pública” en plena crisis, exponen estas fuentes. Desde la patronal de la prensa (AEDE) se explica que la resurrección del plan de ayudas al sector parte de una iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso el pasado mes de mayo, en la que planteaba la puesta en marcha de subvenciones y préstamos para favorecer la transición de los diarios a nuevos soportes tecnológicos. También el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, la promoción de líneas de crédito y ayudas financieras del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

“Fantástico si todo eso hubiera salido adelante, pero nosotros estamos más centrados en lograr compensaciones de los agregadores de contenidos dentro de la Ley de Propiedad Intelectual”, rematan estas fuentes. No obstante, el propio lobby de la prensa tenía hace apenas doce meses unos planteamientos muy similares a las propuestas del PSOE. Unas solicitudes recogidas en un informe titulado "Situación y necesidades del sector prensa", remitido a vicepresidencia del Gobierno en junio del año pasado y al que ha tenido acceso El Confidencial. Tres eran las demandas sobre la mesa: ayudas directas por sector en reconversión, tratamiento preferente de la publicidad institucional y facilidades -se entiende que legislativas y fiscales- para los procesos de fusión.

El documento hace también un repaso a las estrecheces que atraviesa el sector, penurias transmitidas de viva voz por los editores a conspicuos miembros del Gabinete como la propia vicepresidenta -su principal interlocutora-, el mismo Montoro y el titular de Economía, Luis de Guindos. Los contactos han sido regulares en los últimos meses. Sin ir más lejos, se expone cómo la facturación por publicidad en el año 2007 superaba los 1.460 millones de euros y, apenas cinco años después, peleaba por mantener la cifra de los 600. Una evolución financiera que no se correspondería con la seguida en Europa y, sobre todo, que asola el soporte más creíble y prestigioso para los ciudadanos, según cuantifica el documento.

Demasiada generosidad

La posición mantenida en el seno del cónclave ministerial por el titular de Hacienda es coherente con la que ya ha expresado sin ambages públicamente. No en vano, Montoro ya cuestionaba abiertamente a finales de año la actitud de medios que daban “lecciones de ética” y cuestionaban la amnistía fiscal promovida por el Gobierno cuando tenían que esconder “importantísimas deudas con Hacienda”. Parte del Ejecutivo piensa que se ha sido demasiado generoso con los grupos mediáticos -facilitando la absorción de laSexta por Antena 3 o avalando la refinanciación de Prisa- sin recibir nada a cambio. Un sentir del que el propio Montoro es punta de lanza y reforzado por el tratamiento informativo del affaire Bárcenas.
 

Las peticiones de AEDE contenidas en el informe de 2012 contrastan con el firme criterio instalado en algunos de sus miembros -encabezados por el propio presidente de la patronal, Luis Enríquez- de que las ayudas directas no son positivas para el sector. Sin embargo, la creencia de que la prensa debe ser considerada un sector en reconversión, como la minería, la siderurgia o los astilleros durante los años 80, está ampliamente extendida entre los editores. Es más, el planteamiento ya se hacía al Gobierno socialista en el año 2010, los meses en los que más cerca estuvo el sector de tener un plan de ayudas bajo el paraguas de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

En un documento elaborado por Sagardoy Abogados, los grandes editores contemplaban la idea de la reconversión como un salvoconducto para avalar los ajustes laborales que necesitaban. Aunque la reforma laboral ha allanado ese trecho, otras de las reclamaciones aún resuenan. Por ejemplo, los dueños de la prensa apuntaban la necesidad de reducir los costes laborales mediante un modelo de doble escala salarial, por el que las nuevas contrataciones pudieran realizarse en condiciones menos ventajosas de las que tienen los más veteranos, o que se subsidiaran las jubilaciones por un fondo estatal. También que se flexibilizaran los convenios para reorganizar las redacciones en torno a un profesional “multisoporte, que posibilite el mantenimiento de la retribución o del propio puesto de trabajo”.