Soria choca de lleno con Sáenz de Santamaría por el caos en el sector audiovisual

El Tribunal Supremo anulaba el pasado mes de noviembre el último reparto de canales efectuado en la era Zapatero. Y abría la caja de los truenos. Medio año después, los grupos mediáticos continúan sin saber cuál será el futuro de sus ofertas televisivas y, todavía más inquietante, el bloqueo ha alcanzado al propio Gobierno. Con dos líneas bien definidas. Por un lado, el ministro de Industria, José Manuel Soria, partidario de aplicar al pie de la letra el fallo, lo que restaría a las cadenas entre 9 y 17 canales. Por otra, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que prefiere pactar con los afectados. Todo un pulso abierto.

“Deberían sentarse y arreglarlo. El sector está patas arriba. Soria prefiere aplicar la sentencia y facilitarse la transición al dividendo digital. Además, todo lo que sea limitar el número de canales le permitiría ahorrar costes en esa mudanza. La vicepresidenta, sin embargo, es más conciliadora”, aseguran fuentes del sector, que confirman el choque de trenes. El presidente de Uteca, Antonio Fernández Galiano, daba ayer crédito a la tesis al ser preguntado por la sentencia del Supremo durante un desayuno informativo. Por una parte está el Ministerio de Industria –dijo- y, por otra, “la parte política”.

Según añaden fuentes conocedoras de las tensiones dentro del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría –la más receptiva a los problemas de prensa y televisión y la que mantiene abierta una vía de diálogo con los damnificados- encuentra problemas para defender sus tesis entre sus compañeros de Consejo de Ministros. Una desconexión provocada por el tono crítico general que en el PP perciben hacia sus políticas. Algunos miembros del gabinete, por ejemplo Cristóbal Montoro, ni siquiera se esfuerzan en ocultar su falta de empatía con los problemas del sector. El titular de Hacienda no dudaba en criticar recientemente que los medios sean los primeros en mantener deudas con el Fisco. 

Como ha venido publicando El Confidencial, los principales grupos de medios afrontan el apagón de buen número de sus canales en cumplimiento de la citada sentencia del Supremo. Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa demandante, solicitaba a finales de mayo al Alto Tribunal la aplicación del fallo, para cuya aplicación el Gobierno se había dado un año de margen al vincularla al plan para el desarrollo del dividendo digital. Es más, aunque las cuentas de las cadenas siempre pasaban por perder nueve canales, el incidente de ejecución estima que sólo siete canales se ajustan a derecho y que deben irse a negro 17.

Los intereses de Industria

“La sentencia es confusa. Dice que el Estado debe cerrar algunos canales”, aseguraba ayer Fernández Galiano, insistiendo en que las cadenas ven margen para el acuerdo. “Ha habido contactos esporádicos con el Gobierno (…) Quitar nueve canales cuando el recurrente ni siquiera participó en los concursos para las licencias… Son marginales desde el punto de la vista de las operaciones. Parece aconsejable buscar una solución que satisfaga a todos”, apuntó. Con un matiz sobre el estado de las negociaciones, para buen entendedor. “El Ministerio de Industria quiere cumplir con el objetivo de liberar el dividendo digital en enero de 2014”, dijo, resaltando que en agosto pasado ya se había llegado a una acuerdo con el Ejecutivo sobre la liberación del espectro radioeléctrico.

En todo caso, no es el único melón en un sector abierto en canal. Sin ir más lejos, Bruselas tiene sobre la mesa el modelo de financiación de RTVE y anunciará su decisión en las próximas semanas. Si lo echa abajo y el Ejecutivo decide recuperar la publicidad en la cadena pública –una medida por la que han hecho campaña algunos de sus ministros-, las privadas ya cuentan con entrar en pérdidas. Y lo considerarían casus belli. Sin contar con esta misma semana la Comisión Europea calificaba de ayudas de Estado ilegales las subvenciones incluidas en el plan para extender la TDT. Una decisión que obliga a devolver 260 millones de euros al contribuyente y pone a Abertis –y a los gobiernos de PSOE Y PP- en el ojo del huracán.

“Estamos instalados en la incertidumbre de una forma inaceptable. Sin saber a qué atenernos durante mucho tiempo. ¿Cómo se pueden planificar unas compañías en una situación de incertidumbre total. La situación no puede ser peor”, zanjó el también presidente ejecutivo de Unidad Editorial, al tiempo que recordaba que las situaciones de inseguridad jurídica –que también se viven en otros sectores tutelados por Soria- alejan del país del foco de los inversores internacionales. Una situación agravada por la judicialización de los procesos. "Hemos recurrido la ejecución de la sentencia del Supremo por la vía contencioso-administrativa", adelantó Fernández Galiano. "Y podía haber lesiones patrimoniales y demandas por este concepto contra el Estado", remató. Un argumento suficiente como para promover un mal acuerdo.