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La privatización de las TV autonómicas choca con una plantilla de 11.000 trabajadores
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La privatización de las TV autonómicas choca con una plantilla de 11.000 trabajadores

La Sexta, una de las últimas cadenas que vio la luz, nació con una plantilla que no superaba las 100 personas. Todo lo que se pudo

Foto: La privatización de las TV autonómicas choca con una plantilla de 11.000 trabajadores
La privatización de las TV autonómicas choca con una plantilla de 11.000 trabajadores

La Sexta, una de las últimas cadenas que vio la luz, nació con una plantilla que no superaba las 100 personas. Todo lo que se pudo externalizar, se externalizó. Las grandes, Antena 3 o Mediaset, se han apretado el cinturón en los últimos tiempos y apenas cuentan en sus filas con entre 500 y 600 personas. Pues bien, sólo la televisión autonómica valenciana (Canal 9), con 1.800 efectivos, puede competir en tamaño con la suma de las cuatro principales cadenas nacionales. La catalana (TV3) suma 2.200 personas y la andaluza, 1.600. Todo un reflejo de los años de vacas gordas ahora lejanos. Cualquier esfuerzo privatizador en estas cadenas, requerirá medidas drásticas respecto a los 10.834 profesionales en sus filas.

Al menos así lo exponen los interesados en el incipiente negocio de las autonómicas. Raúl Berdonés, dueño del Grupo Secuoya y uno de los mejor colocados para colaborar con estos canales, tiene claro el diagnóstico. “Para entrar, es imprescindible que se adelgace la estructura de las cadenas, como ha hecho la valenciana, y que se reconozca la deuda, como es el caso de la catalana. A partir de ahí, nos interesa la producción de informativos y de programas cultural-divulgativos. Hablamos de presupuestos muy ajustados, con convenios de entre 20 o 30 millones. Nunca por debajo de 15 ni por encima de 45”, explica. Y es que parte de esa producción podría implicar la subrogación de personal. “Pero un cámara mío cuesta 24.000 euros al año y uno de una autonómica 70.000…”, deja caer.

Para el dueño de Secuoya, la dimensión de las cadenas autonómicas resulta “insoportable”, aunque considera clave la subsistencia de estos canales como impulsores de la producción nacional. “La concentración de televisiones nacionales está provocando una atomización de la producción, con un 80% en manos de productoras amigas, al tiempo que TVE está cancelando toda la producción propia –asegura el empresario, que ya tiene contratos con televisiones regionales, como la balear IB3-. Sólo cabe reconsiderar el modelo de las autonómicas, que por su cercanía pueden ser el motor de nuestra industria, desde un modelo de gestión privada de titularidad pública. Sin cine americano, derechos deportivos… sin competir con Uteca. Pero lo que no se puede asumir son plantillas que en su conjunto costaron el año pasado 513 millones de euros”.

Un ejecutivo de uno de los principales grupos audiovisuales da un paso más allá. “Puede que sea así, pero llamemos a las cosas por su nombre. Ya no serán televisiones como las hemos conocido hasta ahora. Las cadenas autonómicas actuales están en peligro de extinción. Lo que la gente quiere ver vale dinero. Y con 30 millones poco se puede hacer. De lo que se está hablando es prácticamente de desguazarlas. Sin Fórmula 1, sin fútbol… Hablamos de audiencias muy bajas. Y de un negocio de márgenes muy pequeños, incluso para grupos como Secuoya, Vértice o Mediapro. Para que sobrevivan, habrá que aceptar ese cambio de modelo y acometer EREs brutales. Hacer televisiones con 25 personas, como si de delegaciones se tratara. ¿Qué empresa privada va a entrar en esos canales si no?”, aseguran bajo condición del anonimato.

El “segundo gran movimiento”

Una reflexión que refrenda el último informe sobre el sector del servicio de estudios de La Caixa, que vaticina que el adelgazamiento de los canales autonómicos será el “segundo gran movimiento” en el mercado después del recorte del gasto en RTVE ya lanzado por el Ejecutivo popular. “El Gobierno ha iniciado el proceso de cambio sobre la ley del tercer canal, y con ello permitir la privatización de la gestión o de los propios canales autonómicos. Esta medida acelerará un ajuste de sus estructuras así como la capacidad de gasto para dotar de contenidos sus parrillas”, reza el documento. De hecho, el análisis recuerda que “ya se están anunciando redimensionamientos a la baja”.

En efecto, la Radio Televisión Valenciana (RTVV) abrió el fuego a principios de año. Anunciaba la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo para reducir su plantilla en casi dos terceras partes. Será la primera dentro del rosario de reestructuraciones que se avecina. La cadena pública valenciana adoptaba esta medida después de entrar en quiebra técnica en 2010, tras registrar unas pérdidas de explotación de 164,4 millones en 2010. Sin contar con la deuda. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tiene que afrontar compromisos con las entidades financieras por 1.117 millones de euros. Los sindicatos sostienen que no sobra ningún trabajador y culpan de las pérdidas al equipo directivo por su pésima gestión. Un guión que se repetirá en los próximos meses.

Y es que los datos invitan a la acción. Según el informe que elabora anualmente Deloitte, las televisiones autonómicas ingresaron en su conjunto 808,8 millones de euros en 2010, algo por debajo de los 851,17 millones del año anterior. Sin ayudas públicas, la nada. Los ingresos publicitarios de las cadenas autonómicas se situaron en 245,69 millones, cifra que apenas alcanza para cubrir la mitad de los gastos de personal, que ascendieron a 500.94 millones. El resultado del ejercicio en las cadenas autonómicas arrojó un saldo negativo de 488,69 millones, sumando como ingresos las subvenciones recibidas. Si se descuentan las ayudas y las tasas, la evolución provoca cierto sonrojo. Estas televisiones ‘costaron’ al contribuyente la friolera de 1.297,49 millones.

El Gobierno examinaba en una de sus primeras reuniones un anteproyecto de ley para modificar la Ley de la comunicación audiovisual, con el fin de que las comunidades autónomas puedan “decidir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas”. En roman paladino, el Ejecutivo buscaba abrir una vía para la cesión a la iniciativa privada del servicio público que ofrecen 13 entes o corporaciones. “Tal vez no sea el mejor momento para llevar a cabo procesos de este tipo –se asegura desde una televisión-. Muchas ya no están a tiempo. Están abocadas a cerrar. Si es que ha habido alguna vez un mercado publicitario regional. Sólo lo hay nacional, y en estos tiempos apenas llega para Telecinco y Antena 3. Es lo que hay”.

La Sexta, una de las últimas cadenas que vio la luz, nació con una plantilla que no superaba las 100 personas. Todo lo que se pudo externalizar, se externalizó. Las grandes, Antena 3 o Mediaset, se han apretado el cinturón en los últimos tiempos y apenas cuentan en sus filas con entre 500 y 600 personas. Pues bien, sólo la televisión autonómica valenciana (Canal 9), con 1.800 efectivos, puede competir en tamaño con la suma de las cuatro principales cadenas nacionales. La catalana (TV3) suma 2.200 personas y la andaluza, 1.600. Todo un reflejo de los años de vacas gordas ahora lejanos. Cualquier esfuerzo privatizador en estas cadenas, requerirá medidas drásticas respecto a los 10.834 profesionales en sus filas.