El Gobierno oculta las sanciones que impone a las televisiones por emitir 'telebasura'

¿Campan sin control por las parrillas televisivas programas como Sálvame? Difícil de saber en un sector con cero transparencia. Y es que el Gobierno Zapatero ha evitado publicar en sus ocho años de mandato qué cadenas han sido sancionadas por incumplimientos en materia audiovisual, ya sea por vulnerar la protección a menores o la normativa de publicidad, entre otras infracciones. Sin ir más lejos, el PP presentó el 24 de enero una solicitud en el Congreso en la que pedía al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una relación de los expedientes sancionadores abiertos desde el año 2008. Casi un año después, con las Cortes disueltas y un nuevo gobierno electo, el diputado popular Miguel Ángel Cortés aún espera respuesta.

El propio Ministerio incluye en su página web un cuadro en el que recoge el número de expedientes abiertos y la cuantía de las multas impuestas en los últimos ejercicios, pero no precisa las cadenas afectadas. “No son datos públicos”, aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Industria. ¿Por qué? “Difundir esos datos supondría una doble sanción para las cadenas y no se pueden facilitar”, añade un portavoz sin el menor rubor. El Ejecutivo socialista ha abierto entre 2005 y junio de 2011 un total de 198 expedientes, que han supuesto sanciones por apenas 27,9 millones, sin contabilizar las de este año. Cacahuetes para los grandes grupos audiovisuales. La facturación de Telecinco y Antena 3 superó el año pasado los 1.500 millones de euros en plena crisis.

El oscurantismo alcanza al seguimiento de las quejas que realiza el Comité de Autorregulación, formado por representantes de las diferentes televisiones y con dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia. Según consta en su sitio web, el último informe se remonta el período comprendido entre el 9 de marzo de 2009 y la misma fecha de 2010. “El documento suele salir en junio, pero este año se está retrasando mucho sin que nadie sea capaz de dar ninguna explicación –aseguran fuentes del sector interesadas en conocer sus conclusiones-. El rumor más extendido es que las quejas son este año de tal envergadura, sobre todo contra Telecinco, que no saben qué hacer”. Mediaset España ya acaparaba en la última entrega el 40% de las reclamaciones y Sálvame era el programa con mayores denuncias en contra.

El veto a La Noria de los anunciantes tras la emisión de una entrevista con la madre de uno de los condenados por encubrimiento en el caso de Marta del Castillo, alentado desde las redes sociales, ha puesto el foco sobre los excesos de las cadenas. Entidades como la Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) han dejado claro que el problema no radica tanto en espacios como el de Jordi González, que al fin y al cabo no ha incumplido ninguna ley, sino en otros como Sálvame que atentan con los derechos del menor y sí vulneran la normativa en vigor. “El programa infringe con frecuencia la Ley Audiovisual, según la cual de cinco a ocho de la tarde es ilegal emitir contenidos de temática conflictiva, lenguaje inadecuado y agresivo, intolerancia, escenas brutales, etc.”, explica su presidente, José Luis Colás.

Apenas 89.000 euros por 'olvidar' a los menores

Una falta de rigor que contrasta con las escasas multas que admite haber abonado Telecinco por este concepto en los dos últimos ejercicios. Según contempla su memoria, apenas pagó 89.000 euros en 2010 por vulnerar el horario protegido para menores. Lo hizo el programa I love TV. El resto de infracciones afectan a la publicidad y a modificaciones de la programación fuera de plazo. En total, se incoaron expedientes que implicaron sanciones por encima de los 1,5 millones de euros. La cadena no detalla en 2009 los diferentes expedientes abiertos, aunque sí admite que el importe total desembolsado roza los 900.000 euros. En todo caso, Industria advierte que las cifras pueden ser mayores este año. Al menos en lo que respecta a los contenidos para menores.

“Otro aspecto de interés en los datos publicados se encuentra en las actuaciones encaminadas a salvaguardar los derechos de los menores frente a la publicidad y la programación. En este punto se constata un incremento de los expedientes abiertos en el año 2011”. De hecho, este año ya se estaban tramitando a mes de junio cinco procesos. Hay que volver la vista hasta 2006 para encontrar una cifra similar, y considerando los doce meses. Además de la vulneración de la protección de los menores, los principales motivos que explican tradicionalmente la apertura de expedientes son el exceso de publicidad y la publicidad ilícita.

La desidia en el esfuerzo sancionador se excusa con una aparente falta de medios. Como publicó El Confidencial, Industria ha lanzado una licitación de cinco millones de euros para contratar un servicio de “seguimiento, control e inspección” de la programación de los medios de comunicación para garantizar que sus contenidos se ajustan a la Ley General Audiovisual. Todo con el fin de controlar que, por ejemplo, se respeta el horario reforzado para los menores o que los programas de esoterismo, juegos de azar, teletienda o “culto al cuerpo” se emiten dentro de las franjas establecidas. El Ministerio, según rezan los pliegos, no se halla en condiciones de afrontar la supervisión debido a “la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos”.