Canal 9 y Telemadrid, un pozo sin fondo: deben casi 1.400 millones a los bancos

Las ingentes subvenciones que necesitan las televisiones autonómicas han convertido su supervivencia en un pozo sin fondo. Según revela un informe elaborado por Deloitte, las cadenas regionales acumulaban una deuda con los bancos de 1.466 millones de euros en 2010, de los cuales más de 180 son a corto plazo. Telemadrid y Canal 9, sociedades dependientes de gobiernos del Partido Popular, concentran la parte de león del agujero. En concreto, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tiene que afrontar compromisos con las entidades financieras por 1.117 millones de euros. La madrileña, Esperanza Aguirre, por 242. Juntos aglutinan el 92,7% del problema.

Como ya publicó El Confidencial, Aguirre ha sacado de las arcas de la Comunidad de Madrid casi 740 millones desde que accedió a la presidencia en 2003 para compensar las pérdidas anuales generadas por Telemadrid. En los últimos cuatro años, la cadena pública ha costado a los madrileños más de 100 millones de media por ejercicio. Por su parte, Canal 9 ha entrado en quiebra técnica tras registrar unas pérdidas de explotación de 164,4 millones en 2010. Con estos números en la cabeza, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, planteó ayer un cambio radical en la financiación de estas empresas, durante la jornada anual de la patronal de las televisiones privadas (Uteca).

El dirigente popular aseguró que, si su partido gana las elecciones el 20-N, acometerá una modificación de la Ley del Tercer Canal de Televisión, por la que se permitirá la privatización parcial o total de las cadenas autonómicas. Un planteamiento que recoge su programa electoral y que topará con las comunidades autónomas: el propio Fabra ya ha asegurado que no piensa desprenderse de la suya. Pero además, el PP quiere ir más allá. Su plan pasa por estudiar el fin de la publicidad en estos canales, en línea con el modelo implantado en RTVE desde el 1 de enero de 2010. Un paquete a medida de las privadas, que acecharían un nuevo botín publicitario. Para ahorrar, Pons no descartó impulsar una fórmula de federación de las televisiones autonómicas para que pudieran tener una programación única con desconexiones puntuales.

Los números invitan a tomar medidas. Según el informe de Deloitte, las televisiones públicas recibieron el año pasado 1.918,35 millones entre subvenciones y tasas, un 18,5% más que el año anterior. Un incremento que se explica por la eliminación de los anuncios en RTVE, supresión que ha obligado a que la Corporación disponga de más dinero público para sufragar sus actividades. Las autonómicas, en un entorno de crisis y de estrecheces presupuestarias, rebajaron los flujos de 851,17 millones a apenas 808,8. Sin esas ayudas, la nada. Los ingresos publicitarios de las cadenas públicas se situaron en 248,78 millones, que sólo sirvieron para cubrir una cuarta parte de los gastos de personal, que ascendieron a 882,29 millones.

Todas las cadenas en pérdidas

El resultado del ejercicio en las cadenas autonómicas arrojó un saldo negativo de 535,8 millones, sumando como ingresos las subvenciones recibidas. Si se descuentan las ayudas y las tasas, la evolución provoca cierto sonrojo. Las televisiones costaron al contribuyente 2.454,16 millones, un 13% más que el año anterior. El presidente de Uteca, José Miguel Contreras, debió escuchar aliviado el discurso de González Pons. El consejero delegado de La Sexta insistió en que el modelo aplicado a la televisión pública estatal se traslade a las autonomías, una petición de largo aliento por parte de las cadenas. “Si no se hubiera eliminado la publicidad en RTVE, hasta las más grandes televisiones españolas estarían en pérdidas”, justificó.

“El fin de los anuncios en RTVE ha sido enteramente aprovechado por las televisiones privadas”, corroboró Luis Jiménez, socio de Deloitte. Es más, los ingresos de las cadenas se incrementaron un 29,3%, fruto también de la subida de tarifas; la recaudación se fue hasta los 1.829,35 millones. Una senda que se ha truncado radicalmente este año. “El año 2010 fue un oasis en la travesía. En 2011 los resultados son peores por la crisis publicitaria; hasta el tercer trimestre, las cifras son similares a 2009”, remachó Jiménez, que abogó por revisar el modelo de financiación de las cadenas públicas y por externalizar recursos si es necesario. Unos malos presagios que hace que cualquier ayuda sea bienvenida. Y ahí los postulados del Partido Popular y Uteca casi se solapan.

De este modo, González Pons también avanzó que su partido suprimirá el canon que la Ley Audiovisual impone a las privadas para financiar al cine español y que supone un 3% de su facturación. Satisfacía así otra de las principales reivindicaciones de sus anfitriones. “Hay que abrir una reflexión, que sean las cadenas privadas las que fomenten la industria audiovisual genérica y RTVE el cine español”, dijo. Antes, había explicado que la televisión pública debe ser la gran promotora de las cintas nacionales y la que debe financiarlas, promoverlas y emitirlas, mientras que las cadenas privadas deben producir y financiar “según sus necesidades y el mercado”. Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), aseguró que la medida debe verse “como una oportunidad y no como una amenaza”, en tanto simplemente supondría redistribuir de dónde vienen los fondos; RTVE contribuiría más.