Prisa negocia con la banca aplazar los pagos de su deuda hasta 2016

Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el 19 de diciembre. Es el día que vence el plazo para satisfacer los pagos que la compañía tiene comprometidos con la banca en 2011 como parte de su creciente deuda de 3.500 millones de euros. La compañía de los Polanco, consciente de que llega más que justa a cumplir con esas obligaciones, ya negocia con las entidades financieras una nueva prórroga a sus vencimientos que le dé tres años más de margen. En concreto, hasta el ejercicio 2016. Es evidente que no le resultará gratis y le supondrá intereses y garantías adicionales.

“La extensión mínima que se plantea para la refinanciación es de dos años y tres meses. La máxima alcanza los tres años”, explican fuentes del sector. Según anunciaba en un comunicado remitido a la CNMV, el grupo presentó el lunes a sus bancos acreedores “una propuesta de reestructuración de su deuda financiera”, con el objetivo último de “extender los vencimientos de los contratos de préstamo sindicado y puente suscritos por Prisa”.  La sociedad anunciaba en abril de 2010 un acuerdo con las entidades financieras para refinanciar su deuda hasta mayo de 2013. No ha sido suficiente.

De acuerdo con los datos facilitados en su último Informe Anual, correspondiente al año 2010, la firma afronta vencimientos por más de 257 millones de euros en 2011. Eso sólo en virtud de su crédito sindicado. Fuentes del sector estiman que los compromisos este año superan en su conjunto los 300 millones. Lo peor es que el agujero se incrementa mes a mes, pese al importante proceso de desinversiones acometido por la compañía. Las cuentas publicadas por el grupo esta misma semana, que incluyen los nueve primeros meses del año, recogen una deuda neta total de 3.537,33 millones, un 9,1% más que a 31 de diciembre de 2010.

Sin contar con los problemas de liquidez que atraviesa la casa y que el grupo quiere paliar mediante la ejecución de parte de los warrants que concedía a los accionistas históricos la entrada en el capital de la firma estadounidense Liberty Acquisition Holdings Corp.  Como publicó este diario, los Polanco –propietarios del 70% de esas opciones sobre opciones- acordaron con los promotores de Liberty –Nicolas Berggruen y Martin E.Franklin- crear una sociedad para convertir 75 millones de warrants por importe de 150 millones de euros. La familia –que no tiene todo el dinero- cedía la mitad de sus opciones a los estadounidenses, y ahora busca condicionar el ejercicio de las opciones a que los bancos refinancien la deuda.

Según explicaron los gestores de la sociedad en la conferencia con analistas celebrada tras la presentación de resultados, la compañía mantiene su intención emitir bonos por valor de 500 millones de euros, una vez que el mercado lo permita. Cebrián avanzó en la Junta General de Accionistas celebrada antes del verano que la compañía quiere emitir esa cuantía en “instrumentos de deuda no bancaria”. Las circunstancias financieras han retrasado el proyecto. El objetivo de Prisa es reducir su ratio de apalancamiento a entre 3,5 y 4 veces su ebitda (beneficio antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones) a finales de 2014.

No a 2.150 millones por Santillana

La empresa también confirmó la noticia adelantada por El Confidencial, según la cual recibió una oferta de 2.150 millones por Santillana por parte de la firma de capital riesgo Providence Equity. Prisa matizó que la propuesta no era firme y estaba sujeta a diferentes condicionantes.  “Las cuentas eran claras. Prisa atesora el 75% de Santillana. La transacción le proporcionaba más de 1.600 millones de euros. De ellos, 1.400 iban para los bancos y otros 200 para paliar sus problemas de tesorería. Pero los gestores la rechazaron”, explicaron fuentes conocedoras de la transacción. Providence gestiona un capital 23.000 millones de dólares.

Más difícil será para el grupo de medios conseguir cash de su participación del 17,3% en Telecinco. Según explicó a los analistas, Mediaset tiene derecho a solicitar el derecho de veto en el Consejo de Administración de Digital+ hasta marzo de 2012. Después se abre un proceso de seis a nueve meses en que la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que se lo arrebató, debe decidir de nuevo. En función de esa resolución es cuando la firma italiana puede deshacer la operación y devolver su 22% en la plataforma de pago a cambio de la participación en Mediaset España que entregó a Prisa. Un proceso largo que retrasa cualquier decisión sobre un activo claramente no estratégico.