Los socios sientan en el banquillo al editor del ‘Diari de Tarragona’ y le piden 21 años de cárcel

El editor del Diari de Tarragona, el periódico por excelencia de la capital tarraconense, se sienta desde hoy en el banquillo, hasta el próximo día 21 de octubre, acusado por sus socios de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. Luis Antonio Sánchez-Friera lleva más de 25 años controlando el veterano diario y la guerra con sus socios vaga por los juzgados desde hace una década. Los querellantes, Jorge Feliu de la Peña y José Luis Climent, sostienen que en los años 90, el editor realizó maniobras irregulares para hacerse con el control de Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones (Promicsa), la empresa que edita el rotativo.

El mecanismo era sencillo: el mismo día de la constitución de Promicsa también se constituyó la sociedad Fomento de Inversiones y Participaciones Mediterráneas (Fipamesa), una sociedad de cartera constituida con los mismos socios y en proporciones de capital similares, que tomó el control de Promicsa al hacerse con el 78,96% de las acciones. Sánchez-Friera y su esposa, según se explica en el escrito de acusación, tenían el 27% de las acciones de Fipamesa.

En diciembre del año 1998, descubrieron que el editor controlaba el 99,4% del capital social de Promicsa “sin que hubieran tenido conocimiento de las operaciones que dieron lugar a dicha situación, a pesar de que existía un pacto de sindicación sobre las acciones conforme a los estatutos sociales”. Durante todo el año siguiente, los socios exigieron información sobre la situación, pero no recibieron respuesta alguna. Debido a ello, interpusieron una demanda por la vía civil en el año 2000.

El 21 de noviembre del 2001, finalmente, el juzgado ordenó la entrada y registro de las oficinas del editor, por lo que sus socios descubrieron incluso “la existencia de una contabilidad B, no reflejada en la documentación oficial de la empresa”. Tras analizar los papeles hallados, en julio del 2003, realizaron una ampliación de la querella. “A través del examen de dicha documentación y la práctica de las correspondientes pruebas periciales sobre la misma que se han aportado a la presente causa, se ha acreditado que el acusado, Luis Sánchez-Friera, aprovechando su condición de presidente del consejo de administración de ambas sociedades y la posición de consejero delegado, ha realizado, de una forma continuada en el tiempo desde el año 1990 y hasta el momento de la presentación de la querella, multiplicidad de operaciones mercantiles y un sinfín de actuaciones de apropiación y distracción de capital de Promicsa que han ocasionado un grave perjuicio económico a la sociedad y a los accionistas”, dice el escrito de acusación.

Una compra muy ventajosa

Durante toda la década, según los denunciantes, el editor realizó una serie de operaciones de compraventa de acciones que le dieron el control absoluto de la compañía que saca a la calle al Diari de Tarragona. estas operaciones, según los socios, le sirvieron  para que él y su familia obtuviesen “el control total de Promicsa sin desembolso patrimonial alguno por su parte”. Porque, dicen, en 1995, Sánchez-Friera y su esposa adquirieron toda la autocartera de Fipamesa por 2.783.000 pesetas (16.726,17 euros) y 558.000 pesetas (3.353,65 euros) respectivamente, por un paquete de acciones por las que la propia empresa había desembolsado poco antes 568 millones de pesetas.(más de 3,4 millones). O sea, las acciones compradas por la compañía clave de la editora fueron comprados por su presidente, a espaldas de los socios, por una precio 170 veces menor de lo que habían costado. Además, según la documentación hallada, los 16.726,17 euros y los 3.353,65 euros para comprar esa autocartera salieron de la contabilidad B de la propia Promicsa, ya que las cantidades coinciden con unas salidas anotadas el 22 de diciembre de 1995.

Pero con los documentos incautados descubrieron muchas más cosas del editor, especialmente en lo referente a los gastos personales que había realizado con el dinero de la compañía. Entre otras cosas, entre los años 1995 y 1999, compró un Mercedes por más de 11 millones de pesetas, un Mitsubishi Montero por más de 4 millones de pesetas, una cama de matrimonio Imperio XIX por 200.000 pesetas, una pareja de jarrones de Sèvres XVIII por más de 429.000 pesetas y un costurero Báltico Alejandro I por 190.000 pesetas. Además, de la contabilidad oficial de Promicsa salieron casi 350 millones de pesetas a las sociedades Fipamesa, Calafell Bussines y Depede. Estas dos últimas empresas también están controladas por el editor. Todo este dinero correspondía a la contabilidad oficial de la editora.

Una nómina en B

Otra cosa es la contabilidad B, a través de la que afirman que distrajo casi 130 millones de pesetas. Para generar esta caja B, según la acusación, “en connivencia con los responsables de la entidad Construcciones Forpe SA, creó un sistema de generación de dinero negro mediante la emisión de facturas falsas”. Los socios incluso especifican que el dinero de anuncios y esquelas que aparecían en el Diari de Tarragona y que se pagaban en efectivo pasaban directamente a esta caja B. Además, aseguran que, según los listados encontrados, Sánchez-Friera cobraba 300.000 pesetas mensuales en concepto de nómina. A partir de marzo de 1998, estas cantidades pasan a ser de 500.000 pesetas mensuales. Por este método, se metió en sus bolsillos 38.700.000 pesetas que “ni constan en la contabilidad de la empresa ni fueron declaradas a Hacienda”. Otros 38 millones de pesetas fueron retirados en efectivo, aunque de ellos sólo quedó constancia por los recibos encontrados. Y 27 millones más fueron ingresados directamente en las cuentas privadas del editor, sin que consten los motivos.

Al margen de ello, los socios encontraron otros gastos curiosos: 57.690 pesetas pagadas el 14 de mayo de 1995 por el “seguro de la motocicleta del querellado”. O una factura del 14 de octubre de 1997 por la que se pagaron 22.000 pesetas por “un curso de doña Olga Sánchez Friera”. O una factura más del 9 de febrero de 1999 por 106.750 pesetas por “palos de golf de don Luis Sánchez Friera”. Además, constan salidas de dinero para gastos privados por 1,4 millones de pesetas hasta el año 2001 y compra de obras de arte durante seis años por 6,5 millones de pesetas. Los socios del editor señalan en su escrito que “mediante los mecanismos descritos en este apartado [los gastos privados], el acusado se apropió de un total de 120.719.928 pesetas (725.541,38 euros) de la sociedad”. Y, al no tributar al fisco, eludió “el pago de tributos por un importe superior a los 120.000 euros por ejercicio”.

Le piden, en total, 21 años de prisión (la mayor pena sería de 8 años por delito continuado de apropiación indebida), sin contar los 2 años de prisión por cada uno de los 6 delitos contra la Hacienda Pública. Asimismo, piden que se anulen las operaciones de compraventa de acciones entre las sociedades, que permitieron a Sánchez-Friera hacerse con el control total de la empresa editora del rotativo tarraconense. Subsidiariamente, piden que se reintegren 4,1 millones de euros al patrimonio de Promicsa, que devuelva también 2,6 millones de euros por los gastos personales y otros 725.000 euros que habían pasado a la contabilidad B.