Astra vaticina la defunción de la TDT tras un despilfarro de 1.000 millones de euros

La TDT, la gran apuesta del Gobierno para digitalizar la televisión en España, supondrá una inversión de 1.000 millones de euros en diez años. Y lo peor es que todo ese dinero podría esfumarse. Según un documento interno de la empresa de satélites Astra, Bruselas aboga por la liberalización total del espectro radioeléctrico que actualmente ocupan los canales, lo que podría provocar a medio plazo la defunción de la tecnología promovida por el Ejecutivo. Todo apenas meses después de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, celebrara a bombo y platillo el apagón analógico y proclamara que “la TDT es la televisión de todos”.

“La sentencia definitiva a la TDT nace en la propia Comisión Europea, que contempla como escenario la liberalización total del espectro radioeléctrico para dedicarlo a otros servicios, con lo que la televisión se difundiría mediante otras tecnologías. En definitiva, hablaríamos de la total desaparición de la TDT”, reza el informe. Astra recuerda que la televisión digital terrestre restringe el espacio de que disponen los operadores para sus emisiones, lo que limitará el desarrollo de los programas en alta definición o en 3D. “Tendrán que elegir y descartar los componentes vanguardistas. El satélite, el cable o Internet son el futuro de la televisión, por mucho que el Gobierno español haya hecho una muy equivocada y costosa apuesta”, remata.

La cruzada de Astra contra la TDT es de largo aliento. Y no es del todo inocente. Se siente perjudicado por el modelo elegido por el Gobierno, ya que atentaría contra el principio de neutralidad entre tecnologías. Según calcula la empresa luxemburguesa, llevar la señal de televisión digital terrestre a entre el 96% y el 98,5% de la población ha supuesto la creación de 3.750 centros de radiodifusión nuevos, lo que implica una inversión inicial de 327 millones de euros, con un coste de mantenimiento de 67,2 millones anuales. De acuerdo con sus estimaciones, el satélite es más eficiente a partir de un 90% de cobertura. 

La progresiva liberalización del espacio radioeléctrico para generar el denominado dividendo digital y dar cabida a servicios de banda ancha móvil a velocidades superiores a las actuales refuerza estos argumentos. De momento, el proceso obligará a reubicar las cadenas. Ya está en marcha la modificación de los canales instalados en la banda entre los 790 y los 862 MHz. “Los operadores, conscientes de que el futuro pasa por la transmisión de datos mediante la red móvil, ya han anunciado que necesitarán más espacio (al menos 100 MHz), con lo que se prevé que un segundo dividendo digital, previsto para 2015, se adelante a 2013”, añade Astra. Cada cambio de esta índole obliga a los hogares a una nueva antenización.

El Gobierno se refugia en la empresa privada

Astra pone nombres y apellidos al desaguisado, con las elecciones a la vista. Por ejemplo, critica que el último secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernaldo Lorenzo, haya sido nombrado presidente del regulador, la CMT. “Nunca el regulado pasó a ser regulador en tan poco tiempo. (…) Si ha cambiado tan rápido de sillón, es más que legítimo dudar de su imparcialidad”, subraya. El PP ya ha anticipado que no respetará su designación si gana los comicios. También denuncia la empresa de satélites que el anterior número dos de la telecos, Francisco Ros, “se refugia como consejero de Qualcomm, dejándonos sumidos en una multitud de problemas técnicos, y marcando una senda de grandes dispendios económicos”.

En todo caso, la esperanza de la compañía luxemburguesa está puesta más en Bruselas que en la Administración española. Sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictara una sentencia a finales de julio en la que confirma que las subvenciones concedidas por el Gobierno italiano para la compra de descodificadores de TDT en 2004 y 2005 constituyen una ayuda de Estado que va en contra del mercado común. “Es un precedente que puede marcar futuras decisiones sobre las ayudas que se concedieron a las comunidades autónomas para llevar a cabo los planes de extensión de la TDT, que en el caso español no sólo beneficiaron a una sola compañía (…), sino que no fueron comunicadas como ayudas de Estado y, por tanto, su legalidad está siendo estudiada” por las autoridades de Competencia europeas, recuerda Astra.

Entiende el operador que el principal beneficiario de la apuesta del Gobierno por la TDT ha sido Abertis, que se beneficia de unas infraestructuras sufragadas con fondos públicos. Desde la sociedad participada por ACS y por La Caixa se ha dejado claro desde el primer momento que la firma ha invertido más de 400 millones en el desarrollo de la señal digital terrestre y que sus retornos vendrán de los contratos con las cadenas de televisión. “En ningún caso puede afirmarse que la Administración o los recursos de los contribuyentes estén financiando este despliegue”, zanja.