Telemadrid recurre la sanción de Industria de cerrar La Otra

Telemadrid presentó el jueves un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Industria del 12 de septiembre pasado, en la que se sancionaba a La Otra con un millón de euros y se le ordenaba que procediera al precintado de los equipos y cierre de sus instalaciones. Según un comunicado de la cadena autonómica, Telemadrid solicita la suspensión de la sanción "para evitar el daño irreparable que supondría a los madrileños no poder ver su segundo canal de televisión en analógico, un derecho a recibir información que tienen todos los ciudadanos y que el Ministerio de Industria pretende impedir".

"La Otra", añade el comunicado, "es un canal de televisión que tiene amparo legal en la Ley del Tercer Canal de 1983 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/1999, y que, además, cuenta con disponibilidad técnica para emitir".

La pretensión del ministerio "del señor Clos" supone, a juicio de Telemadrid, una "arbitraria y grave discriminación" hacia los madrileños con respecto a los ciudadanos de otras comunidades autónomas que disponen, desde hace tiempo, de dos canales de televisión, como País Vasco, Andalucía y Valencia, e incluso de tres, como Cataluña.

La dirección del canal madrileño considera que esta sanción gubernativa a Telemadrid "no tiene precedentes en los últimos 35 años", supone un "atentado" contra el Derecho Constitucional, especialmente protegido, de la libertad de información, y su "desproporcionada" cuantía supondría un grave perjuicio económico para Telemadrid.

Además, argumenta Telemadrid en su defensa, dicha sanción tiene su origen en un expediente que se fundamenta en una prueba practicada sin que Telemadrid pudiera estar presente, lo que supone, a su juicio, una clara indefensión para la cadena regional, que no pudo presentar sus alegaciones.

En opinión de la dirección del canal autonómico madrileño, la resolución de Industria incurre en una "clara desviación de poder" porque "valiéndose de su capacidad sancionadora, la utiliza indebidamente contra una emisora que dispone de plena legitimidad para emitir".