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El pasado viernes, 26 de marzo, el Consejo de ministros renovó las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión terrestre al Grupo Antena 3, Gestevisión Telecinco y Sogecable. Según la nota publicada por el ministerio de Industria al respecto, las concesiones se renuevan respetando exactamente las condiciones contenidas en los contratos que vinculan al Estado con las sociedades concesionarias.

Esa renovación, según establece el artículo 28 del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, todavía pendiente de aprobación en el Congreso, tendrá una duración de quince años, y su conmutación es prácticamente automática, con lo cual el Gobierno se ha desembarazado ya, quizá demasiado pronto, de su principal carta para presionar a las televisiones con objeto de mejorar la calidad de los contenidos emitidos.

“Aunque la Ley General del Audiovisual está aún en proceso, el Gobierno ha querido dejar todo cerrado pronto para no preocupar demasiado a las cadenas concesionarias”, afirma Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). “Pero casi ninguna cadena del nuevo espectro ha respetado las exigencias mínimas que se les plantearon de manera inicial para ser concesionarias en TDT”, continúa.

¿Una programación innovadora?

Entre estas condiciones estaría el hecho de tener que emitir una programación “novedosa, innovadora y diferenciada”, respecto a los contenidos analógicos. A esto hay que sumar que las emisiones digitales deben ofrecer contenidos y servicios interactivos y facilitar el acceso a los mismos a las personas con discapacidad. “Las cadenas han estado jugando al ralentí, repitiendo los programas que emiten en analógico en sus canales de TDT y vendiendo paquetes de publicidad, la misma para todas sus cadenas, en un intento por recuperar lo perdido por la fragmentación de audiencias”, sentencia Perales.

En efecto, muchos de los canales de TDT cimentan su programación en formatos no originales y apenas han hecho un esfuerzo por introducir la interactividad en su programación. Aunque el Gobierno se reserva el derecho de suprimir a Telecinco, Antena 3 y Sogecable los dos canales adicionales que se les asignaron si no se respetan “los compromisos de impulso y desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que las sociedades concesionarias asumieron para poder acceder a canales digitales adicionales”, ésta es otra carta que tampoco se jugará.

El futurible Consejo, última esperanza

Más allá del debate sobre si las cadenas han cumplido o no los requisitos para ser concesionarias, se sitúa el de la calidad de los contenidos televisivos en general. En las últimas semanas, numerosas asociaciones de telespectadores y usuarios e incluso organismos institucionales han pedido por activa y por pasiva la retirada de ciertos contenidos televisivos de carácter denigrante, tales como el magacín vespertino de Telecinco, Sálvame y los realities Generación Ni-Ni (laSexta) y I love Escassi (Telecinco). Pero con la ley en la mano, la actual y la que está por venir, apenas se puede hacer nada para obligar a las cadenas a modificar ciertos contenidos.

Los principios de control de los contenidos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual son, además de escasos, demasiado abstractos. Pocas variaciones se han introducido con respecto a la legislación vigente. Tan sólo una serie de artículos específicos destinados a la protección del menor, que dan cobijo legal, entre otras cosas, al “horario de protección reforzada”, que hasta ahora simplemente formaba parte del Código de Autorregulación de las cadenas, que por supuesto no tiene valor vinculante.

“Fuera de ese horario, las cadenas podrán seguir haciendo lo que quieran”, dice Perales. “Únicamente se contempla la posibilidad de denunciar ciertos contenidos siempre y cuando violen los derechos constitucionales de determinados sujetos, pero ese es un principio tan abstracto y tan necesitado de interpretación que es muy difícil que se aplique de una forma efectiva”.

Tan sólo queda la esperanza de que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, cuya creación prevé la nueva Ley, sancione de manera efectiva las vulneraciones deontológicas elementales. Pero esto es algo que genera controversia. España es el único país de Europa que no cuenta con un Consejo independiente que regule el sector, pero los operadores se agarran con fuerza al artículo 20 de la Constitución Española, en un país en el que todavía resuenan los ecos de una dictadura. Según el borrador de la Ley, el nuevo Consejo podrá sancionar  a las cadenas hasta con un millón de euros por violaciones graves del “pluralismo” y la “veracidad” e incluso podrá revocar cualquier licencia. Pero eso aún parece una utopía en la tierra sin dios que es hoy en día la televisión en España.