Los quince presidentes autonómicos afectados ya tienen el documento sobre la mesa. Se lo envió ayer la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, después de presentarlo en sociedad ante los periodistas que se habían quedado de guardia este fin de semana. Es el nuevo modelo de financiación autonómica, el reto político más complicado de la Legislatura. Y tanto. Pero, ojo, porque los agujeros siguen ahí.

Unos políticos, como que un asunto de Estado se lleva adelante sin concertarlo con el principal partido de la oposición. O que un problema eminentemente multilateral se trate de resolver de forma bilateral (el poder condicionante de Cataluña). Las perplejidades económicas tienen que ver con la crisis, un contexto poco propicio para acometer una revisión del modelo. Sus 11.000 millones de euros adicionales contribuirán inevitablemente al inflado de la burbuja del déficit público, una bomba con espoleta retardada. Antes o después, una fuente de males.

Estamos ante una especie de contrato del Gobierno central, que recauda impuestos, con las Comunidades Autónomas, que prestan servicios, donde se viene a establecer la manera de distribuir los recursos financieros del Estado. A saber: unos 125.000 millones de euros a repartir entre 42 millones de españoles, fijando en un 80% de esos recursos la cantidad fijada en la prestación de servicios básicos: sanidad, educación y atenciones sociales. Ahí, todos los españoles iguales. Vivan donde vivan. En la distribución del 20% restante de los recursos habitará la desigualdad, según nuestra comunidad de residencia.

El Gobierno cantó victoria cuando ayer, tras la ofensiva telefónica de Zapatero con los dirigentes de ERC, Puigcercós y Ridao, los independentistas catalanes dieron el sí al nuevo modelo. Lógico. El “sí” de ERC supone la decisiva incorporación de sus tres diputados del Congreso al incierto bloque parlamentario de Zapatero. Además, el socialista José Montilla, presidente de la Generalitat, se libra de una convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña y deja descolgado a su principal adversario, Artur Mas (CiU), cuya lógica política le obliga a votar en contra en el Congreso, aunque Cataluña vaya a percibir recursos por encima de la media, más de 5 puntos, gracias a la presión añadida de sus competidores nacionalistas de ERC.

¿Y el precio político? Esa es la parte oscura. Si hablamos de garantizar una solidaria distribución de los recursos financieros del Estado, no puede ser más inquietante la euforia de los dirigentes independentistas por lo que ellos ven como una derrota del Estado. Presumen de haberle impuesto sus exigencias: 3.800 millones de euros más para Cataluña o rompían la baraja. “Le hemos plantado cara y le hemos ganado”, declaraba ayer Joan Puigcercós, presidente de ERC.

Si quienes dicen sentirse incómodos en el vigente ordenamiento jurídico-político, como independentistas y como republicanos, encuentran motivos para celebrar su victoria sobre el Estado, como ayer hicieron descaradamente los dirigentes de ERC, algo se ha hecho mal. Y si no se explica de forma convincente, deduciremos que esos 3800 millones adicionales para Cataluña, por presión unilateral de ERC, no tienen nada que ver con un reparto más solidario de los recursos sino con el apuntalamiento del 'tripartito' y la supervivencia política  de Zapatero.