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Sábado, 11 de julio de 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la campaña sobre los “1.000 días de Gobierno” que el Tripartito puso en marcha durante el tercer trimestre del 2006, cuando todavía era presidente Pasqual Maragall. El tribunal da, así, la razón a Convergència i Unió (CiU), que había denunciado la campaña por considerar que se realizaba para darse autobombo de cara a las elecciones autonómicas que se iban a celebrar el 1 de noviembre. En otras palabras: dos meses antes de los comicios, la Generalitat puso en marcha una campaña sobre los éxitos de la legislatura sin tener en cuenta que la ley prohíbe expresamente este tipo de actuaciones.

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la campaña de publicidad tenía por objeto “destacar las actuaciones realizadas por el conjunto de los Departamentos de la Generalitat durante la legislatura que entonces finalizaba y no se limitaba a informar de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los servicios públicos”. Por ello, considera que “vulneró claramente la prohibición establecida” por la ley 29/2005, que señala textualmente que no están permitidas “la promoción o contratación de campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por cualquiera de las Administraciones públicas”. En base a ello, declara “no ajustada a derecho” la actuación de la Generalitat.

Jordi Cuminal, diputado de Convergència i Unió (CiU) y secretario de Comunicación de CDC, manifestó a El Confidencial que “esta sentencia nos ha dado la razón. En un principio, el Gobierno Tripartito había dicho que CiU no estaba legitimada para emprender acciones contra la campaña, pero el tribunal ha puesto las cosas en su sitio”. Según Cuminal, el fallo del alto tribunal sirve para dos cosas: “Primero, para visualizar que hay dos maneras de hacer las coas: por un lado, están los que se saltan la ley y, por otro, los que queremos que se cumplen las normas. Y en segundo lugar, hay que destacar que, a pesar de que llega tarde, también es verdad que se ha hecho pública justamente cuando comienza la recta final de las nuevas elecciones autonómicas que se han de celebrar el año que viene. Ello significa que se da un toque de atención a la hoja de ruta del Tripartito para que no utilice las instituciones en su beneficio”.

Opúsculo sobre los 1.000 días de Gobierno de Maragall

CiU interpuso un recurso contra la campaña el 24 de julio del 2006, después de que la Generalitat convocase un concurso para realizar 1.100.000 ejemplares de un opúsculo de 32 páginas bajo el lema “1.000 días de Gobierno”. El coste de la impresión del opúsculo fue de 151.934 euros. La campaña, además se hacía en la recta final de la legislatura, pues las elecciones se iban a celebrar el siguiente 1 de noviembre. El adelanto de las elecciones se debió a que Maragall quedó gobernando en minoría tras la salida del Gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). “No hace falta pensar mucho para ver la relación directa entre la campaña publicitaria y las elecciones en el horizonte”, subraya Jordi Cuminal.

El diputado de CiU advierte que “los que diseñaron la campaña sabían que estaban incumpliendo la ley. Ahora, esperamos que el Tripartito siga las reglas del juego y que no recurra a malas artes, porque las instituciones han de ser inmaculadas en el cumplimiento de las leyes”.

21.  500»11/07/2009, 19:51 h.

[...sigue]

Francamente, éstas cosas son propias de un país tercermundista. Yo no soy un entendido en materias judiciales, pero no puedo entender como se puede tardar tanto en dilucidar algo tan bien explicitado como ésto:

Por ello, considera que “vulneró claramente la prohibición establecida” por la ley 29/2005, que señala textualmente que no están permitidas “la promoción o contratación de campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por cualquiera de las Administraciones públicas”.

Creo que en el artículo de la ley queda bastante claro, y deja poco lugar a interpretaciones. En el momento de poner la denuncia, bastaba con mirarse la ley y aplicarla, parando dicha campaña y sancionando a sus autores.

Lo dicho: UNA MONUMENTAL VERGÜENZA, PURA DESIDIA, Y HASTA ME ATREVERÍA A DECIR QUE INCLUSO PREVARICACIÓN.

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20.  500»11/07/2009, 19:45 h.

Para Pilar de Diez #17

Tiene usted toda la razón del mundo, y aprovecho la ocasión para manifestar mi opinión respecto a la información contenida en el artículo, y que en comentarios anteriores he olvidado expresar por haberme entretenido en polémicas que no tienen nada que ver con dicha información.

Estoy totalmente de acuerdo con la sentencia, a la vez que profundamente decepcionado porque la lentitud en el dictamen judicial ha tenido como resultado que, ante la denuncia de la comisión inminente de un más que probable delito, la Justicia se haya pronunciado ¡3 años después! de haber sido CONSUMADO dicho "más que previsible" delito. Como muy bien dice usted, eso es proporcionar IMPUNIDAD a la comisión de ciertos delitos.¿Como se puede reparar ahora el daño cometido?

[sigue...]

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19.  pithaguru»11/07/2009, 15:20 h.

#16 Míratelo por el lado contrario: Será que el Hereu hace algo.

De todas maneras en BCN llevan con alcalde sociata unos cuantos decenios.

¿no te parece?

Y eso será por algo.

Salud.

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18.  pithaguru»11/07/2009, 15:18 h.

#15 500: Se puede decir chillando, mas fuerte, mas bajito, en catalán, en castellano, en vasco, en bable, en valenciano, en mallorquin, en gallego. en inglés, francés, alemán, chino, japonés, hebreo, sánscrito, finlandes, sueco, rumano, italiano, indi, ...

PERO MÁS CLARO, NOOOOOOOOOOOOOOO.

LO SUSCRIBO TODO.

Salud.

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17.  Pilar de Diez»11/07/2009, 12:31 h.

Perdonen ustedes, pero si nos vamos por las ramas en cuestiones ideológicas y actuaciones puntuales ajenas al tema que nos ocupa, nunca concretamos nada. De lo que se trata aquí es que previo a unas elecciones se hizo una campaña publicitaria de unas dimensiones demagógicas espectaculares que seguro decantaron un gran puñado de votos en unos momentos en que el Tripartit estaba tocado. Nadie puede establecer con exactitud el impacto, pero bien pudo influir en que fuera determinante para que fuera posible reeditar el Tripartit en detrimento del partido ganador de las elecciones que fue de nuevo CIU. Una vez más el sistema judicial colabora con su exasperante desidia a la impunidad de los delitos.

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