Francisco Camps valoró los últimos resultados del PP en Valencia (15 puntos de diferencia sobre el PSOE) como una exculpación de su conducta. Según hemos sabido ayer, su caso se verá en un jurado popular. Es la forma de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Por tanto, su horizonte judicial estaría más que despejado si es correcta la doctrina aplicada a las urnas del 7 de junio.

Sin embargo, me temo que esa doctrina ha sufrido un repentino apagón. De otro modo, no tendría sentido el recurso de apelación anunciado por el presidente valenciano contra el auto firmado ayer por el magistrado-instructor, José Flors. Deniega el archivo de la causa solicitado por Camps. Le imputa un delito de cohecho. Resuelve incoar el procedimiento por el Tribunal del Jurado. Y le cita como imputado –con los demás y partes personadas- para las 10.00 horas del próximo día 15 de julio.

Hasta aquí hemos llegado, de momento, con el dichoso asunto de los trajes. Ya no es la SER, ni Garzón, ni la policía de Rubalcaba, ni El País, ni el sastre Tomás, ni el fiscal, quienes encuentran motivos para sentar en el banquillo al muy honorable presidente de la Generalidad Valenciana y, además, dirigente territorial del PP con mayor tirón en las urnas. Ya no hay secreto del sumario, juicio paralelo o linchamiento mediático.

Además, Camps tiene una segunda gran ocasión para defenderse en sede judicial. Es lo que siempre deseó. Contarlo todo, “que es nada”, sostiene, o sostenía, pero ante los jueces, no ante los periodistas, ni ante los diputados del Parlamento regional. Tuvo oportunidad de hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia el pasado 20 de mayo. Salió de aquella comparecencia con la mejor de sus sonrisas aunque, después de leer los 18 folios del bien articulado auto del instructor, se ve que no acabó de convencer al magistrado, don José Flors.

Dicho todo lo cual, sigo creyendo que los hechos tienen más relevancia política que penal. Al menos en la versión más acabada del cohecho en un funcionario público. Es decir, aquella que vincula el favor oficial (concesiones, licencias, carga de trabajo a una trama empresarial) a las “dádivas” o “regalos”. El propio magistrado reconoce que no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas y las contrataciones decididas por la Administración autonómica.

Sin embargo, el caso presenta un nuevo sesgo en virtud de las dos grandes novedades del auto. La primera es la imputación del cohecho llamado “impropio” o “pasivo” (artículo 426 del Código Penal, en su primer inciso), que tiene un reproche penal reducido. Y la segunda es que será un tribunal popular (nueve jurados y un magistrado-presidente perteneciente al TSJV), si se llega al juicio oral, el que diga si Camps y compañía (Costa, Campos y Betoret) cometieron o no el delito de cohecho “pasivo”. Es decir, dejarse obsequiar por quienes le obsequian en razón del cargo que ocupa, pero descartando el pago de los trajes como condicionante de la voluntad de Camps a favor de los intereses de Orange Market o el tal Álvaro Pérez (“El Bigotes”).

El siguiente párrafo del auto me parece clave para centrar el culebrón de los dichosos regalos: “La finalidad no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas” (Camps y compañía), “obviamente para poder contar con su gratitud o su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”.

Ante un tribunal ordinario, insisto, el cohecho “pasivo” tendría poco recorrido. Pero ante un jurado popular, los efectos mediáticos y políticos pueden ser demoledores para Camps y su partido. Aunque solo sea porque se puede evidenciar en la plaza pública que el presidente valenciano no dijo la verdad al declarar públicamente que él se paga sus trajes.