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Domingo, 30 de agosto de 2009

Examinábamos la semana pasada el excelente artículo del Profesor Sagardoy Bengoechea “La reforma del mercado de trabajo (Ideas para un debate)”, aparecido en el en el número 6 de la revista El Cronista, que publica Iustel. Reflexionábamos acerca de varias cuestiones de interés, entre otras la necesidad de revisar lo que son las verdaderas conquistas laborales de los trabajadores a la luz de las nuevas circunstancias: así el inmovilismo proteccionista que suponen las rígidas categorías laborales hoy sólo limitan las posibilidades profesionales de los propios trabajadores. También se hizo un somero repaso a las distintas reformas laborales habidas en nuestro país desde el advenimiento de la democracia. Todas se hicieron por consenso, excepto quizá la más profunda de todas ellas, la de 1994, en que el Gobierno que entonces presidía Felipe González, procedió sin acuerdo alguno con los agentes sociales.

Cierto: como dice el Profesor Sagardoy, parece un hito de nuestros tiempos la búsqueda de consenso de los ejecutivos a la hora de ejercer su acción de gobierno, especialmente en cuestión de relaciones laborales. En otras materias sensibles como la judicial, la tributaria o la educativa, los gobiernos suelen hacer reformas contando con el necesario equilibrio político, pero no necesariamente el social. Pero la búsqueda de tan pacíficos acuerdos con sindicatos y empresarios suele restar calado a unas reformas por otro lado ya inaplazables.

Esta circunstancia se ha intentado explicar por causas tanto sustantivas como formales. En cuanto a las primeras, se ha apuntado el hecho de que la regulación de las relaciones laborales afecta a casi la mitad de la población, disparando el coste electoral de una reforma impopular. Idéntico argumento se ha esgrimido respecto de las pensiones, alegando que los pensionistas son grupo de votantes bastante homogéneo.

Pero no es cierto, las causas no son sustantivas, pues también los contribuyentes son un grupo aún más amplio de votantes y nadie busca la paz social con ellos a la hora de legislar. Los motivos, como acertadamente pone de manifiesto el Sagardoy, son formales y no son otros que la capacidad de movilización de los sindicatos. El problema es que buscar una legítima paz social no puede justificar posponer sine die una imprescindible actualización de la regulación laboral. Se trata sin lugar a dudas de una materia competencia exclusiva del Estado, a través de las Cortes Generales (artículos 149.1.7º y 66.2 de la Constitución) sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

Lo más urgente es, sin duda, tratar de acertar en las políticas activas de empleo, sin obviar la necesidad de la reforma de las políticas de protección social o de la propia Seguridad Social si no queremos contemplar el colapso del sistema. Pero no todo es cuestión de reformas legales. En efecto, muchas rigideces e ineficiencias de nuestro mercado de trabajo son fruto no de la legislación vigente sino de la negociación colectiva: una negociación que hace de cuestiones como la monetización salarial o la jornada laboral el alfa y omega de cualquier debate. Mientras no cambie la mentalidad negociadora, de nada servirá la reforma legal. Y para muestra de lo dicho, valga un botón pues el despido por causas productivas, económicas u organizativas (las llamadas “causas objetivas”) tiene una indemnización según el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, de 20 días por año trabajado. Se trata de una cifra muy en línea con el estándar europeo. Sin embargo como apunta Sagardoy Bengoechea, la realidad es bien distinta pues la negociación colectiva no la toma como módulo de referencia, ¡sino de partida!

Hacia un contrato de trabajo único

Uno de los grandes males de nuestro mercado laboral, resultado de las sucesivas reformas es, como se vio, la persistencia en la temporalidad. Ello ha traído la segmentación de nuestro mercado de trabajo en dos grandes sectores: el de los trabajadores fijos y el de los temporales, integrado este último sobre todo por mujeres, jóvenes e inmigrantes, dicho sea de paso.

Como apuntaba el informe de marzo de 2009 del Círculo de Empresarios, esto ha tenido tres consecuencias indeseables. La primera es que se ha desincentivado la rotación laboral, concentrada casi exclusivamente en los trabajadores temporales, único segmento del mercado con cierta flexibilidad. La segunda consecuencia indeseable es la de una clara merma de la productividad. Se ha instalado un componente cortoplacista en la toma de las decisiones empresariales, debido a la diferencia en el coste entre los contratos temporales y los fijos. El resultado es que se tiende a optar por los primeros para cubrir puestos de trabajo que por su propia naturaleza demandarían trabajadores por tiempo indefinido. Finalmente, como resultado de la temporalidad, se disminuye drásticamente la inversión en formación, pues la corta duración de los contratos hace imposible rentabilizar el gasto. Y sufren las consecuencias tanto las empresas, que resultan menos competitivas, como los trabajadores, cuya empleabilidad, al estar menos formados, disminuye.

Así las cosas, se propone “la convergencia de los contratos hacia un contrato único de trabajo”, quedando “como específicos por sus rasgos tan característicos, los contratos formativos, los de interinidad y los de obra o servicio determinado…”

En su informe de 2007 la OCDE constató el insuficiente calado de la reforma laboral de 2006 que pretendió reducir las diferencias entre trabajadores fijos y temporales. Añadía además que “…una mayor flexibilidad en los contratos indefinidos es esencial para que los trabajadores dejen de mostrarse tan reacios a cambiar de empresa, las empresas se abran más al cambio tecnológico, surjan industrias innovadoras y se creen puestos de trabajo de mejor calidad. Esta necesaria flexibilidad… se lograría con un único contrato de trabajo que implique un aumento paulatino de la indemnización por despido en función de la antigüedad.”

Y es que las cifras son tremendamente reveladoras. La media en España está en 14 mensualidades de indemnización en caso de despido, frente a una media europea de dos meses. El coste es de ocho días por año trabajado en el caso de los trabajadores temporales, mientras que para los fijos oscila entre 20 (siempre más en la práctica) y 45 días. Y esta situación es sencillamente insostenible.

La semana que viene abundaremos en esta importantísima cuestión y que tanto daño está haciendo a nuestra economía.

18.  manoto»05/07/2009, 21:38 h.

#17 Gracias por su respuesta.

Sigo sin entender y perdone pues suelo ser abierto a las opiniones de los demas,como si es empresario puede confundir el crear riqueza con los pijos de la derechona de los despachos ¿ a quien se refiere a Michavilla que cobra en el Congreso y tiene su despacho?

El empresario tuvo que ser antes emprendedor y antes tener una idea o una necesidad de crear un instrumento para dar respuesta a sus inquietudes.Su dimension dependera de muchos factores,pero desde luego el inicio es igual para TODOS.

¿Que hay empresarios que se corrompen para hacerse mas ricos?Seguro pero si ellos tiene culpa mas la tienen los politicos que se prestan a ese estado de vivir.Ahi tiene precisamente presidiendo la Ceoe a un Señor que ha forjado parte de su fortuna en Argentina partiendo de un negocio del estado español.¿Son los sindicatos mejores por defender derechos adquiridos? apoyo que sean respetados los derechos adquiridos,pero que derechos tienen AHORA los casi 4millones de parados y es "ahi" precisamente a donde se dirigieron mis propuestas.
Lo dicho confundir pijos con empresarios me parece poco confortable.

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17.  jftamames»05/07/2009, 19:54 h.

#15 Por si vuelve y con la misma educación y respeto. No digo que no tengamos que contar con los que tenemos bien labrada la libre inciativa y el libre desarrollo de nuestros deseos más nobles. De lo que hablo es de estos pijos de la derechona reconvertidos al liberalismo que sólo tocan las narices a los que tienen que sacar este país adelante, los que trabajan por cuenta ajena, cuando los empresarios y la iniciativa privada de este país depende de las corrupciones entre los poderes, administraciones y políticos. Los empresarios que tenemos son, por norma general, unos listos y poco más.

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16.  jftamames»05/07/2009, 19:18 h.

#15 No, no soy funcionario y, sí, tengo mis propias iniciativas privadas, dependen de mí 12 familias y, también, me dejo la piel por sacar a 4 hijos adelante. De lo que le hablo es de mi experiencia y de como los pijos de moqueta a lo más que pueden aspirar es a tener alergías y asma.

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15.  manoto»05/07/2009, 18:50 h.

#13 Vera,tengo que salir pero no quisiera dejar de contestarle.

Don Adolfo Suarez,dejemosle en su GRAN dignidad personal,se merece toda nuestro reconocimiento y consideracion que es ampliaba a su familia que le cuida con tanta ternura y cariño.

Cuando leo sus respuestas mas me convezco que es un funcionario,que se ha currado bien los temas de la oposicion-desde luego no es ni Economista ni Abogado de Estado-mas bien funcionario medio tirando a inspector o sub fiscal.

Vamos,vamos,vamos si fuera asi me produce sonrojo que viviendo de la riqueza que a traves de la empresa y primero claro del emprendedor y con el trabajo de sus empleados crea para poder pagar los impuestos,de los cuales viven y conviven tanto estatales como autonomicos y de diputaciones y cabildos mas ded 3millones de funcionarios y sus,multiplacamos por 3 miembro o por 4 como su caso 12 millones de personas, me suelte sus ideas de solucion ¡¡¡¡¡sin contar con las Empresas¡ me parece no ya un sinsentido pero si una explosion intelectual.

Mi pesimismo de esta KOPONCRISIS,se multiplica cuando leoo que hay,todavia,personas que como Usted cree que sus sueldos vienen del Espiritu Santo,sea socialista o de derechas.

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14.  jftamames»05/07/2009, 18:27 h.

#12 Y por seguir con otro de sus parrafos, interesantes pero llenos de un sentido de Fin del Mundo. Los males estructurales de nuestra economía no son, clasificados por su urgencia y desde el derecho, los costes laborales de nuestro ordenamiento jurídico. Es sintomático de personas que viven en un burbuja intelectual presumir que son las normas las que cambian a las personas y, cumpliendolas, se crea la realidad esperada en ellas. La realidad ha desbordado, como he explicado, por dos lados, los límites legales, si los hay, realizando contratos con intermediarios y realizando contratos fijos, según el sector y ponderando el coste de los procesos de ese sector. Que al final la derechona vestida de estatua de la libertad me diga que el motivo principal son los costes laborales me da risa. Lo principal es que no hay relaciones a las que aplicar estos y otros contratos porque lo que no hay son iniciativas, emprendedores y empresas. Quien quiere sacar una idea adelante puede contratar cualquier fuerza laboral en cualquier punto del mundo, en tiempo real y si esa zona el globo prospera, pasar a la siguiente zona en vias de desarrollo.

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