Douglas Marín Mata San José, 27 jun (EFE).- Las 80 toneladas de cocaína decomisadas en los últimos tres años son la mejor muestra de que los tentáculos del narcotráfico se extienden casi libremente por Costa Rica, un país que fue tomado desprevenido por el crimen organizado debido a su falta de leyes y poca especialización policial.

Policías, pescadores y empresarios involucrados con bandas de narcotraficantes, jueces investigados por polémicos fallos a favor de capos de estas mafias y la falta de recursos para combatir este problema, han encendido todas las alarmas en las autoridades y la población en los últimos días.

El último gran caso salió a la luz a mediados de junio, cuando las autoridades de México descubrieron en un puerto de Yucatán 894 kilos de cocaína dentro de tiburones congelados que habían sido embarcados en Costa Rica.

Las Policía costarricense detuvo a cinco sospechosos de hacer los envíos a través de una empresa de exportación de pescado, y cuyos dueños poseen una enorme propiedad, en la que se descubrieron túneles y bodegas al parecer usados para almacenar toneladas de droga.

A este caso, solo en lo que va de año se une el decomiso de 395 kilos de cocaína que eran transportados en un helicóptero que se estrelló en mayo en las montañas del este del país y el robo, en marzo, de 320 kilos de esta droga de las bodegas judiciales de Golfito, en el Pacífico sur del país.

Las autoridades detuvieron a ocho personas sospechosas de haber robado el cargamento de droga, entre ellas tres policías y un ex policía, a quienes también les decomisaron 306.000 dólares supuestamente obtenidos por la venta de parte del cargamento.

El Fiscal General, Francisco Dall´Anese, dijo esta semana que el país "está haciendo el ridículo" en el combate contra el narcotráfico, porque algunos decomisos se han realizado por casualidad o gracias a la acción de otro país, por lo que pidió la aprobación de la nueva Ley contra el crimen organizado, que el Congreso podría votar la próxima semana.

La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, aseguró que Costa Rica se está convirtiendo en "un paraíso" para los narcotraficantes y el lavado de dólares, debido a la falta de especialización policial, de una política específica contra el narcotráfico y además por "una respuesta legal que va muy lenta".

Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se unió a las críticas y afirmó que el Estado no tiene control suficiente en sus fronteras, puertos y aeropuertos.

La ministra de Seguridad, Janina Del Vecchio, reconoció que Costa Rica dejó de ser un país "de tránsito" de la droga, para convertirse en un almacén de los carteles mexicanos y colombianos.

La ministra ha destacado los decomisos realizados pese a la falta de recursos, y calificó de "insuficientes" los 4,3 millones de dólares otorgados a Costa Rica para 2009 como parte del Plan Mérida, una iniciativa estadounidense para ayudar a combatir el narcotráfico en Centroamérica y México.

Desde 2006 las incautaciones de droga en Costa Rica han venido en aumento, principalmente en el océano Pacífico gracias a un tratado de vigilancia conjunta con Estados Unidos.

Se han descubierto pescadores contratados para transportar droga o abastecer de combustible a las lanchas rápidas de esas mafias; un juez está siendo investigado por liberar a supuestos traficantes y la mayoría de las personas que están en prisión han sido condenadas por tráfico de drogas.

Costa Rica es un país de 4,5 millones de habitantes y sin ejército, con decenas de puntos sin vigilancia en sus fronteras y con extensas costas, pero sólo cuenta con unos 11.000 policías.

Hasta este año no había entrado a regir una ley para la protección de testigos y se espera la aprobación de la Ley contra el crimen organizado, instrumentos con los cuales las autoridades esperan reducir la brecha entre los criminales y la Justicia para devolver la seguridad que durante décadas ha caracterizado a esta nación. EFE dmm/nda/hma/pdp

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