El PP, en sus trece. “Actuaré en conciencia”, dice Rajoy. Pero no sin conocer las acusaciones por los propios autos judiciales, no por los periódicos, según doctrina oficial de Génova. Es ir muy lejos en el arropamiento personal y organizativo a Bárcenas, que ascendió de gerente a tesorero hace un año por decisión de Rajoy. Ahora el PP está pagando un coste político como grupo por las malas prácticas de un determinado dirigente.

Por eso acierta el PP cuando, por medio de su portavoz, González Pons, reclama para el partido la condición de “perjudicado”. Ya es muy notable el daño que Bárcenas le está causando a las siglas. Así que Pons da en el clavo. Pero no actúa en consecuencia si al mismo tiempo apoya al causante del daño. Es de puro sentido común, ¿a quién apunta Pons cuando afirma que el PP está sufriendo un perjuicio? Supongo que ya no se referirá a Garzón, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la Agencia Tributaria o al diario El País, todos ellos recaderos del Gobierno, según doctrina política y mediática del PP.

Ya no cuela. Ahora es el mismísimo Tribunal Supremo el que aprecia indicios de que el senador y tesorero del PP puede haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho. Por tales supuestos delictivos le llamará a declarar como imputado. Nada se dice de financiación irregular del PP y nunca se dijo en sede judicial. Carece de sentido esa actitud defensiva respecto a una acusación inexistente. Si lo insinuó el El País en línea editorial será un problema de ese periódico. En todo caso, la insinuación no tuvo recorrido por falta de soporte documental o testifical. Razón de más para distanciarse de Bárcenas o pedirle un paso atrás en nombre de la causa.

Cuando ahora el PP sale felicitándose porque se ha demostrado que no había caso de financiación irregular -y es verdad que no lo hay-, traslada la impresión de estar encantado con el hecho de que a su tesorero le puedan acusar solamente de defraudar al Fisco o de aceptar cantidades bajo cuerda de la trama empresarial que pilotaba el tal Francisco Correa, uno de los invitados a la boda de la hija de Aznar. No se entiende el arropamiento de Rajoy a un tesorero que, según la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, puede haber cometido los referidos delitos, porque la honorabilidad de Rajoy y la del PP están por encima de la honorabilidad de Luis Bárcenas cuando ambas están siendo cuestionadas.

En la duda, el buen nombre de la organización y el de miles de militantes honrados que trabajan generosamente por una causa política no puede estar a expensas de la palabra de un dirigente concreto, cuando esa palabra queda desmentida por tan copiosa acumulación de testimonios en su contra.

Es lógica la defensa del PP frente al aprovechamiento del caso por parte del adversario político. Véanse las declaraciones del socialista Antonio Hernando, ayer, cargando contra Rajoy. Pero también tiene sentido defenderse de los desaprensivos que utilizan las siglas del PP para llenarse los bolsillos, como presuntamente habría hecho el tesorero Bárcenas, el diputado Merino y ciertos alcaldes madrileños en relación con el caso Gürtel.

Lo he escrito en varias ocasiones. La última vez en mi comentario del pasado 17 de junio: “Bárcenas debe dar un paso atrás por el bien de su partido”. E insisto. Mientras Rajoy no ponga tierra por medio, las siglas del PP y el propio nombre de su líder sufrirán un desgaste paralelo al de los implicados en términos de imagen pública.