No deja de producir una cierta satisfacción cuando después de cierto tiempo, da igual si es mucho o poco, intentando introducir una cierta dosis de racionalidad en el tantas veces extralimitado debate político en las tribunas mediáticas, llega una instancia tan evidentemente respetable como pueda ser el Tribunal Supremo y le da a uno la razón. Hace semanas que vengo defendiendo que el ‘caso Bárcenas’ hay que encuadrarlo en el terreno de la presunción de delitos privados, nunca en el marco de supuestos delitos de carácter público que serían la consecuencia de la ostentación de un cargo relevante en la Administración, por un lado, o de una actuación delictiva organizada en una institución pública, en este caso un partido político, con ánimo de vulnerar la ley. El primer caso es el que, sin embargo, sí afecta a otros imputados en la trama de Correa, como el ex consejero López Viejo o los alcaldes dimitidos, y el segundo supondría un hecho similar al ‘caso Filesa’ que afectó al PSOE en tiempos de Felipe González, es decir, una trama de financiación ilegal. Ni una cosa ni la otra concurren en Luis Bárcenas. Lo cual no quiere decir que sea un santo de altar. Eso ni lo sé yo, ni nadie, y le tocará a la Justicia dilucidar si su comportamiento es o ha sido honesto o no. Pero en el caso de que no lo haya sido, la responsabilidad la debe asumir el propio Bárcenas en el ámbito privado, y en ningún caso el Partido Popular tiene que asumir responsabilidad política alguna por estos hechos.

El Tribunal Supremo ha dicho que lo de Bárcenas, de constituir alguna clase de comportamiento irregular, se circunscribe a una presunción de delito de cohecho y otro de carácter fiscal. No hay financiación ilegal, ni estos presuntos delitos tienen que ver con el conjunto del partido en el que el señor Bárcenas milita –y en el que debería solicitar una baja temporal por una cuestión de lealtad a las siglas, porque lo cierto es que las acusaciones contra él son graves-, por lo que tanto la Dirección del PP como su presidente, Mariano Rajoy, pueden respirar tranquilos. Ayer, como por otra parte es lógico, obviando el hecho incuestionable de que el Supremo sí ve indicios de delito en el comportamiento privado del señor Bárcenas, el PP se dio un baño de autoexculpación pública: después de meses teniendo que aguantar una campaña de acoso orquestada desde los despachos de Moncloa y en la que se han utilizado de manera fraudulenta medios públicos e instituciones contra el PP, que el Supremo descarte definitivamente cualquier comportamiento colectivo irregular provocó un alud de suspiros de satisfacción en los despachos de la calle Génova 13. No hay “trama corrupta del PP” como hasta hace cuatro días seguía titulando en su portada el diario El País. No hay trama corrupta, ni financiación ilegal, ni estos señores con Correa a la cabeza tienen nada que ver con la Dirección del PP salvo que en su día trabajaron para este partido y después intentaron aprovecharse de sus contactos para obtener pingues beneficios en algunos ayuntamientos e instancias oficiales.

¡Ah! Pero, como el Supremo le ha dado en las narices a toda la estrategia montada por Moncloa-Garzón-Rubalcaba-PRISA contra el PP, ahora el diario El País sale diciendo que nadie ha juzgado al PP por financiación ilegal, pero durante meses se ha hartado de insinuar en sus artículos, en sus editoriales y en sus informaciones esa posibilidad, y a cada portada de El País el grupo del CODAPU –Coros y Danzas del Pensamiento Único-, con las habituales plañideras de la ética progresista inundando con su verborrea insultante los tiovivos sabatinos a la cabeza, respondía al unísono señalando al PP con el dedo acusador de una inexistente justicia popular. Pues bien, no hay trama corrupta del PP, pero lo que sí hay es una trama corrupta de intereses espurios en la que están implicados miembros del Gobierno, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Justicia y de los medios de comunicación para hacer saltar por los aires el Estado de Derecho violando todas sus leyes y reglas fundamentales. Y esto, ¿quién lo juzga? Porque alguien debería poner delante de un tribunal a quienes han falseado la verdad, tergiversado los hechos y manipulado las pruebas para acusar al PP de delitos inexistentes, y mientras nadie se atreva a sentar a los autores de esa confabulación en el banquillo, esta democracia seguirá estando bajo sospecha. Dicho esto, que dimita Bárcena ya de una vez, para que esta denuncia tenga todavía mucho más sentido.