Sevilla, 24 jun (EFE).- El grupo parlamentario socialista andaluz ha retado hoy al popular a acudir al Tribunal Constitucional (TC) si cree que los derechos de sus diputados han sido vulnerados a la hora de solicitar el expediente de aprobación del incentivo de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A.U (Matsa).

Ésta ha sido una de las advertencias lanzadas hoy por el portavoz del PSOE, Manuel Gracia, en la Junta de Portavoces Extraordinaria celebrada a petición del PP, que considera que se ha vulnerado el artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, que reconoce como derecho de los diputados la facultad de recabar de las administraciones públicas aquellos documentos que consideren oportunos en un plazo máximo de un mes.

La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, ha recordado que la primera vez que su partido solicitó el expediente completo del incentivo a Matsa, empresa en la que trabaja la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves, fue el 23 de enero.

Finalmente, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa registró una copia del soporte documental del expediente el pasado lunes, es decir, cinco meses después de la solicitud del PP.

Oña considera que el Gobierno andaluz se ha burlado del PP y de los andaluces, al tiempo que ha calificado de "calvario parlamentario" el procedimiento emprendido por su partido.

"Cinco meses no es normal. Se han vulnerado de forma reiterada los derechos del grupo popular", ha dicho la portavoz del PP, quien ha indicado que no entiende el temor que tiene el Gobierno para poner "luz y taquígrafo" en este asunto.

El portavoz socialista, especialmente molesto por las "insinuaciones" del PP, ha recordado que la administración andaluza puso a disposición del grupo parlamentario popular el expediente "en dos ocasiones," y que "ha sido consultado por sus diputados en la sede de la agencia IDEA -dependiente de la Consejería de Innovación- los días 12 de mayo y 15 de junio.

Según ha explicado, el Gobierno ha cumplido con el reglamento de la Cámara, que establece en su artículo 7.1 que si el volumen de la documentación dificulta la remisión de una copia, el órgano administrativo competente facilitará el acceso de los diputados a la documentación solicitada para que tome las notas que considere oportunas. EFE grg/ja/pz

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